La iniciación de oficio del proceso penal

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

 

La iniciación del proceso penal de oficio por el juez, está reservada a aquellos delitos clasificados por el Código Penal como de carácter público. Así pues, el juez que toma conocimiento de la “notitia criminis”, está obligado a poner en marcha una investigación penal sobre los hechos ocurridos (Art. 303 ,LECrim). Para que esto ocurra, no resulta necesario que la investigación hubiera sido propuesta a instancia de parte (tal y como ocurre en el supuesto de la denuncia y la querella) ni del Ministerio Fiscal.

Este modo de iniciación del proceso, se configura como un medio distinto al de la denuncia y la querella, donde es el propio juez el que, tras tener conocimiento de los hechos por medios distintos, insta la apertura de una investigación penal sobre los mismos, los cuales son presuntamente constitutivos de delito o falta tipificados por el Código Penal. Por consiguiente, se trata del conocimiento de los hechos de modo directo por el juez o a través de información reservada. En este último supuesto, en caso de que la “notitia criminis” llegue al instructor a través de una información no oficial, nos encontramos ante lo que se denomina “conocimiento de oficio”. Como modos más relevantes de conocimiento directo de la “notitia crimnis” por el juez, cabe señalar:

  • Difusión de la opinión de que se ha cometido un determinado delito por una persona (voz pública)
  • Admisión por parte de la generalidad de las personas del lugar que se ha cometido un delito (notoriedad)
  • Presencia del órgano judicial en el momento en que se comete el delito (flagrancia)
  • Confidencia

 

El hecho de que la iniciación del proceso penal pueda llevarse a cabo de oficio, no significa que el juez sea el que ejercite la acción penal, toda vez que en caso contrario, se estaría ante una vulneración del principio acusatorio. Este principio exige la concurrencia de una serie de requisitos:

  • Que un acusador sostenga la acusación, el cual en ningún caso puede ser el juez.
  • Esta es la causa en virtud de la cual nace el Ministerio Fiscal (acusador público).

 

Además, así lo pone de manifiesto el 102.3 ,LECrim, que establece que prohíbe el ejercicio de la acción penal a los Jueces o Magistrados.

De conformidad con el Art. 308 ,LECrim, en el mismo momento en que los Jueces de Instrucción o de Paz, en su caso, tuvieren noticia de la perpetración de un delito, el Secretario judicial lo pondrá en conocimiento del Fiscal de la respectiva Audiencia, y dará, además, parte al Presidente de ésta de la formación del sumario, en relación sucinta, suficientemente expresiva del hecho, de sus circunstancias y de su autor, dentro de los dos días siguientes al que hubieren principiado a instruirle. Así pues, del precepto se deduce que, el órgano judicial que tenga conocimiento de la comisión de un delito, debe hacérselo saber de modo inmediato al Ministerio Fiscal, quien en su caso, ejercitará la acusación.

En suma, las disposiciones de los Art. 308,Art. 106 ,LECrim, determinan la independencia entre el período de instrucción y el ejercicio de la acción penal. Asimismo, al tratarse de un delito de carácter público, el juez tiene la posibilidad de practicar aquellas diligencias que resulten necesarias para esclarecer los hechos e identificar a su autor. Sin embargo, la competencia del juez no puede extralimitarse, toda vez que el sistema acusatorio por el que se rige el Derecho procesal penal español, aunque suene reiterativo, impide que el juez ejercite la acción popular a la que se refiere el Art. 101 ,LECrim. De ahí que deba entrar en juego el Ministerio Fiscal, el cual llevará a cabo la acusación tras haberle sido comunicados los hechos por el juez de instrucción.

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