Los interesados en el procedimiento administrativo según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

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  • Orden: Administrativo
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La regulación de los interesados en el procedimiento administrativo, se establece en el Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que, tras su entrada en vigor, introduce importantes novedades en la materia:

  • Hace extensiva la capacidad de obrar, por primera vez, a los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos cuando la Ley así lo declare expresamente.

  • Incluye nuevos medios para acreditar la representación en el ámbito exclusivo de las Administraciones Públicas.

  • Establece la obligación de cada Administración Pública de contar con un registro electrónico de apoderamientos.

  • Introduce la separación entre identificación y firma electrónica y la simplificación de los medios para acreditar una u otra, de modo que, con carácter general, sólo será necesaria la primera, y se exigirá la segunda cuando deba acreditarse la voluntad y consentimiento del interesado.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dedica su Título I a la regulación de los “Interesados en el procedimiento administrativo”, centrándose en los siguientes puntos de atención y, a su vez, introduciendo importantes novedades respecto de la regulación que de esta materia se realizaba en la derogada Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

 

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Capacidad de obrar
Personalidad jurídica
Firma electrónica
Voluntad
Reclamación colectiva