Diligencia sumarial de intervención de las comunicaciones y escuchas telefónicas en el proceso penal

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 La intervención de las comunicaciones telefónicas

Cualquier intervención telefónica tiene por objetivo presentar informaciones relevantes en relación con un hecho presuntamente constitutivo de delito, por consiguiente, estas informaciones serán de utilidad para la investigación y se transformarán en pruebas judiciales.

Sin embargo, para que un dato o información pueda ser utilizado como prueba judicial, es necesario que cumpla una serie de requisitos. Como regla general, la interceptación se lleva a cabo durante el secreto del sumario, cuando el sospechoso todavía no tiene conocimiento de que está siendo investigado. Ese medio de investigación y obtención de pruebas esta autorizado por la Constitución Española (18.3 ,CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA) y disciplinado por el Art. 579 ,LECrim, el cual viene a exigir los siguientes presupuestos:

  1. Podrá el Juez acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica que el procesado remitiere o recibiere y su apertura y examen, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.
  2. Asimismo, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, la intervención de las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.
  3. De igual forma, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, por un plazo de hasta tres meses, prorrogable por iguales períodos, la observación de las comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas de las personas sobre las que existan indicios de responsabilidad criminal, así como de las comunicaciones de las que se sirvan para la realización de sus fines delictivos.
  4. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes, la medida prevista en el número 3 de este artículo podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Director de la Seguridad del Estado, comunicándolo inmediatamente por escrito motivado al Juez competente, quien, también de forma motivada, revocará o confirmará tal resolución en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la observación.

 

 

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