Introducción al derecho procesal concursal

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 12/07/2021

El concurso se dividirá en seis secciones (artículo 508 del TRLC).

 

 Reglas procesales generales del concurso

1. Tramitación del procedimiento concursal

a) Secciones del concurso

El concurso se dividirá en las siguientes secciones ordenándose las actuaciones de cada una de ellas en cuantas piezas separadas sean necesarias o convenientes:

  • Sección primera
    • Declaración de concurso.
    • Medidas cautelares.
    • Resolución final de la fase común.
    • Conclusión.
    • Reapertura del concurso (en su caso).
  • Sección segunda
    • Administración concursal.
    • Nombramiento y al estatuto de los administradores concursales.
    • Determinación de las facultades de los administradores concursales y su ejercicio.
    • Rendición de cuentas. 
    • Responsabilidad de los administradores concursales (en su caso).
    • Informe de la administración concursal con los documentos que se acompañen y, en su caso, los textos definitivos.
  • Sección tercera
    • Determinación de la masa activa.
    • Autorizaciones para la enajenación de bienes y derechos de la masa activa.
    • Sustanciación, decisión y ejecución de las acciones de reintegración y de reducción. 
    • Créditos contra la masa.
  • Sección cuarta
    • Determinación de la masa pasiva.
    • Comunicación, reconocimiento, graduación y clasificación de los créditos concursales y al pago de los acreedores.
    • Juicios declarativos que se hubieran acumulado al concurso de acreedores (pieza separada).
    • Ejecuciones que se inicien o se reanuden contra el concursado (pieza separada).
  • Sección quinta
    • Convenio (sea anticipado o de tramitación ordinaria). 
    • Liquidación.
  • Sección sexta
    • Calificación del concurso.
    • Efectos del concurso.

A este respecto, nuestro más alto tribunal en su sentencia n.º 269/2016, de 22 de abril, ECLI:ES:TS:2016:1781 manifiesta que "el concurso es un único procedimiento, aunque para facilitar su tramitación se divida en distintas secciones, que, a su vez, pueden componerse de varias piezas (art. 183 de la Ley Concursal , en adelante, LC). Sin perjuicio, de que para una mayor claridad en la tramitación de las distintas piezas y secciones, fuera conveniente llevar testimonio de lo resuelto en una de ellas a otra u otras donde tal resolución pudiera tener incidencia". (Referencias realizadas al artículo 183 de la antigua LC).

Asimismo, en la jurisprudencia menor se expone que la división del concurso en seis secciones obedece a diversos factores como:

  • La universalidad y complejidad del procedimiento.
  • La discontinuidad y diferentes ritmos de las actuaciones procesales (naturaleza y finalidad).

Ahora bien, sobre que un acreedor o cualquier otro legitimado quiera personarse en el concurso: "(...) lo que normalmente llevará aparejada su personación dentro de la sección primera, no pueda ser interpretado, a falta de indicación expresa, como una muestra de que ese interés se extiende al conocimiento de la totalidad de las resoluciones recaídas en las diferentes secciones, ya que es precisamente aquella diversidad de contenidos la que nos impide alcanzar ese tipo de conclusión sobre la base de una mera solicitud de personación huérfana de mayores especificaciones". Referencias realizadas al artículo 183 de la antigua LC. Auto de la Audiencia Provincial de Madrid n.º 57/2011, de 29 de abril, ECLI:ES:APM:2011:5827A .

A mayor abundamiento, todo lo que esté relacionado con deudas de la masa "son cuestiones propias de la sección 3ª, y no de la 5ª, y si deben satisfacerse a su vencimiento, todas las cuestiones sobre su calificación y pago (art. 154.2 LC) deben sustanciarse en la misma sección. A ello hay que añadir que, conforme al art. 94.4, en la lista de acreedores se deben detallar y cuantificar los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago" (referencias realizadas al artículo 183 de la antigua redacción de la LC), así lo entiende la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza n.º 495/2007, de 14 de septiembre, ECLI:ES:APZ:2007:2136 .

CUESTIÓN

¿Qué es una pieza separada?

Según el Diccionario del Español Jurídico la pieza separada es la "parte de un proceso judicial que se sustancia al margen de los autos principales, por afectar a una cuestión que es susceptible de tratamiento procesal autónomo y que resulta conveniente tramitar por separado de dicha cuestión principal aunque siempre en relación con esta".

En relación a la pendencia de un recurso de casación interpuesto contra un auto emitido en pieza separada de medidas cautelares, el Tribunal Supremo en su sentencia, rec. 1503/2013, de 20 de abril de 2015, ECLI:ES:TS:2015:1566 declara que:

 "(...) en coherencia con semejante doctrina, esta misma Sala en numerosas sentencias (entre otras, las de 27 de junio y 16 de octubre de 1996) y autos (entre otros el de 9 de julio de 1998) tiene declarado que 'el recurso de casación pendiente contra el auto dictado en la pieza separada de medidas cautelares queda sin objeto una vez dictada sentencia, sea o no firme, en los autos principales".

b) Partes, representación y defensa en el concurso

Además, en todas las secciones que integran el concurso se reconocerán como parte sin que sea necesaria su comparecencia en forma (artículo 509 del TRLC):

  • Deudor.
  • Administrador concursal.
  • Ministerio Fiscal (sección sexta).

Con respecto a la legitimación activa del concursado la sentencia del Tribunal Supremo n.º 430/2014, de 24 de julio, ECLI:ES:TS:2014:3565 declara que "(...) está fuera de toda duda la legitimación activa del concursado para impugnar el inventario de bienes y derechos que acompaña el Informe de la Administración concursal". (Referencias realizadas al artículo 184 de la antigua redacción de la LC).

Por otro lado, si hablamos de las reglas generales de representación y defensa del deudor dentro del concurso, el artículo 510 del texto de referencia especifica que el concursado actuará siempre representado por procurador y asistido de letrado.

Si bien, como establece la sentencia del Tribunal Supremo n.º 15/2018, de 12 de enero, ECLI:ES:TS:2018:48: "(...) no cabe confundir obligatoriedad de la intervención del letrado (art. 184.2 LC ), con necesidad o interés de la masa. Es más, algunas de las actuaciones ni siquiera era obligatorio que se practicaran, como las alegaciones a las peticiones de la seguridad social; o directamente iban contra el interés de la masa, como las declinatorias, la recusación de la administración concursal o la oposición a la solicitud de concurso". (Referencias realizadas al artículo 184 de la antigua LC).

CUESTIÓN 

¿Qué preceptos de la LEC regulan la representación procesal y la defensa técnica?

  • Intervención de procurador (artículo 23 de la LEC).
  • Apoderamiento del procurador (artículo 24 de la LEC).
  • Poder general y poder especial (artículo 25 de la LEC).
  • Aceptación del poder. Deberes del procurador (artículo 26 de la LEC).
  • Derecho supletorio sobre apoderamiento (artículo 27 de la LEC).
  • Representación pasiva del procurador (artículo 28 de la LEC).
  • Provisión de fondos (artículo 29 de la LEC).
  • Cesación del procurador (artículo 30 de la LEC).
  • Intervención de abogado (artículo 31 de la LEC).
  • Intervención no preceptiva de abogado y procurador (artículo 32 de la LEC).
  • Designación de procurador y abogado (artículo 33 de la LEC).
  • Cuenta del procurador (artículo 34 de la LEC).
  • Honorarios de los abogados (artículo 35 de la LEC).

c) Administración concursal

La administración concursal siempre será oída sin que sea necesario que comparezca en forma, no obstante, cuando vaya a intervenir en incidentes o recursos tendrá que hacerlo con la asistencia de letrado.

A tenor de lo anterior, la Audiencia Provincial de Girona en su sentencia n.º 397/2007, de 6 de noviembre, ECLI:ES:APGI:2007:1757 declara que se "(...) ha otorgado el status formal de parte al administrador concursal por lo que deben ser oídos siempre sin necesidad de comparecencia en forma, si bien cuando intervengan en recursos o incidentes, deberán hacerlos asistidos de letrado, que, como regla general, lo será el administrador en quien concurra tal condición (art. 184, apartados 1 y 5). Este último precepto excluye la exigencia de que la administración concursal actúe representada por procurador, lo que supone, según un sector doctrinal, optar por un nuevo sistema en el que se considera a este órgano concursal una especie de Administración Pública que no precisa de tal representación". (Referencias realizadas al artículo 184 de la antigua LC).

No obstante, si el administrador concursal o el auxiliar delegado son abogados, se comprenderá incluida dentro de sus funciones la dirección técnica de los incidentes y de los recursos (artículo 511 TRLC).

CUESTIONES

1. ¿Cómo deberán actuar en el concurso los acreedores y demás legitimados?

Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 512 del TRLC, los acreedores y demás legitimados deberán actuar representados por procurador y asistidos por letrado para:

  • Solicitar la declaración de concurso.
  • Comparecer en el procedimiento.
  • Interponer recursos.
  • Plantear incidentes.
  • Impugnar actos de administración.

Además, para solicitar la declaración del concurso podrán, sin necesidad de comparecer en forma:

  • Comunicar créditos.
  • Formular alegaciones.
  • Asistir e intervenir en la junta de acreedores.

Si bien, los acreedores que no hayan comparecido en forma podrán pedir al juzgado, "el examen de aquellos documentos o informes que consten en autos sobre sus respectivos créditos, acudiendo para ello a la oficina judicial personalmente o por medio de letrado o procurador que los represente, quienes para dicho trámite no estarán obligados a personarse".

Además, cualquier persona que posea un interés legítimo en el procedimiento concursal podrá comparecer siempre que sea representado por procurador y asistido de letrado.

Sobre esta cuestión, la Audiencia Provincial de Madrid en su auto n.º 71/2011, de 20 de mayo de 2011, ECLI:ES:APM:2011:8027A manifiesta que "(...) cabe distinguir, por lo que a los acreedores del concursado se refiere, un doble régimen de actuación en el concurso, en función de las actuaciones que se pretendan llevar a cabo. En el caso concreto de la comunicación de créditos no se exige ningún requisito de postulación, al contrario de lo que ocurre para "comparecer en el procedimiento", al imponerse en este último caso la representación por procurador y la asistencia de letrado. Todo ello sin perjuicio de que la comunicación de créditos pueda efectuarse por quien acredite representación suficiente del acreedor, como puede ser el caso de procurador debidamente apoderado, lo que, de cualquier modo, no es obligatorio".

2. ¿Serán aplicables los preceptos del TRLC, expuestos con anterioridad, a la representación y defensa de las administraciones públicas y de los trabajadores?

Lo regulado en los preceptos explicados con anterioridad se comprenderán sin perjuicio de lo dispuesto para:

  • Las AAPP en la normativa procesal específica.
  • La representación y defensa de los trabajadores en la LRJS, incluso, "(...) las facultades atribuidas a los graduados sociales y a los sindicatos para el ejercicio de cuantas acciones y recursos sean precisos en el proceso concursal para la efectividad de los créditos y derechos laborales" (artículo 513 del TRLC).

Así, la sentencia de la Audiencia Provincial n.º 11/2010, de 22 de enero, ECLI:ES:APM:2010:2441A especifica que "en definitiva, no cabe restringir el ámbito de aplicación del artículo 184.6 de la Ley Concursal al incidente concursal laboral u otros procedimientos en los que se ejerciten acciones laborales, sino que se trata, como ha destacado un sector importante de la doctrina, de un norma establecida ratione personae y se aplica a favor de los trabajadores como excepción a la regla general del apartado 3º del artículo 184 de la Ley Concursal de modo, que los trabajadores para solicitar el concurso, comparecer en el procedimiento, plantear incidentes, impugnar actos de la administración o interponer recursos en primera instancia no necesitan estar representados por procurador ni asistidos de letrado, siendo de aplicación las reglas previstas en la Ley de Procedimiento Laboral". (Referencias realizadas al artículo 184 de la antigua LC).

3. En lo referido al ámbito laboral, ¿tiene el FOGASA la condición de parte?

En virtud de lo dispuesto en el artículo 514 del TRLC, el fondo de garantía salarial se considerará parte del procedimiento "siempre que deba abonar salarios e indemnizaciones a los trabajadores, sea en concepto de créditos contra la masa o de créditos concursales".

En este sentido la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 132/2015, de 11 de mayo, ECLI:ES:JPI:2015:389 estima que "(...) procede recordar que conforme al art. 184.1 el FOGASA es parte interesada, hasta el punto que debe ser citado expresamente sin esperar a su propia iniciativa de personarse, en todos los concurso en los que pudiera derivarse su responsabilidad para el abono de salarios o indemnizaciones de los trabajadores. No se espera a que se produzca la subrogación efectiva en los créditos laborales, porque con la mera expectativa de que 'pudiera derivarse su responsabilidad' es suficiente para que sea llamado incluso (lo que no ocurre con otros acreedores que han de personarse a su iniciativa) por el Juez del concurso. Con ello quiere decirse que con independencia de cuando se produce la subrogación efectiva del FOGASA no puede negarse su falta de legitimación para pretender la modificación de la lista definitiva de acreedores, en el punto solicitado, es decir, en lo referente a los créditos de cinco trabajadores por indemnizaciones por despido acordado en el seno del concurso". (Referencias realizadas a la antigua LC).

4. ¿Quién impulsará los trámites procesales relativos al concurso?

Según el apartado primero del artículo 456 de la LOPJ el LAJ impulsará el proceso en los términos que establezcan las leyes procesales.

Asimismo, en el ámbito que nos ocupa, una vez declarado el concurso el LAJ impulsará de oficio el proceso (artículo 515 del TRLC).

5. ¿Qué sucede cuando la ley no fija un plazo determinado para emitir una resolución?

Cuando el texto legal no establezca un plazo concreto para emitir una resolución, esta deberá dictarse sin dilación (artículo de la 516 del TRLC).

6. ¿Cabe la posibilidad de habilitar días y horas para la práctica de diligencias urgentes?

Sí, el juez podrá proceder a habilitar los días y horas necesarios "para la práctica de las diligencias que considere urgentes en beneficio del concurso". Asimismo, el LAJ podrá habilitar los días y horas necesarios "para la práctica de aquellas actuaciones procesales por él ordenadas o de las que tuvieran como finalidad dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por el juez".

A mayor abundamiento, los jueces podrán efectuar "actuaciones de prueba fuera del ámbito de su competencia territorial, poniéndolo previamente en conocimiento del juez competente, cuando no se perjudique la competencia del juez correspondiente y venga justificado por razones de economía procesal". (artículo 517 del TRLC).

Para mayor compresión de la cuestión que nos ocupa véanse los artículos 182 y siguientes de la LOPJ (tiempo hábil para las actuaciones judiciales).

7. ¿Cómo se solicitarán las autorizaciones judiciales?

En los supuestos en los que la norma disponga la necesidad de obtener autorización de los jueces o cuando los administradores concursales lo consideren adecuado, la solicitud se expondrá por escrito.

Una vez presentada, se dará traslado de la misma a todas las partes que "deban ser oídas respecto de su objeto, concediéndoles para alegaciones plazo de igual duración no inferior a tres días ni superior a diez, atendidas la complejidad e importancia de la cuestión".

Así, el juez resolverá la solicitud por medio de auto dentro de los cinco días siguientes al último vencimiento. Dicha resolución (concediendo o denegando la autorización solicitada) podrá ser recurrida únicamente en reposición (artículo 518 del TRLC).

A este respecto, el auto del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid, de 20 de diciembre, ECLI:ES:JMM:2013:57A expone lo siguiente (referencia realizada al artículo 188 de la antigua LC):

"(...) cuando el art. 188 LC admite que las partes personadas puedan poner de manifiesto su opinión sobre la solicitud de autorización judicial instada en algún asunto por la AC, no significa que ese trámite se convierta en un proceso controversial plenario, de suerte que el Juez tenga que pronunciarse sobre todas y cada una de dichas observaciones, y resolverlas puntualmente. La autorización del art. 188 LC es tan solo una manifestación de la relación especial entre dos órganos del concurso, el Juez y la AC, donde aquel valora la conveniencia de su concesión, según los intereses del concurso, para lo que puede sopesar aquellas observaciones con tenerlas a la vista, sin necesidad de resolverlas o contestarlas".

d) Prejudicialidad penal

Con respecto a la posible existencia de prejudicialidad penal en el ámbito del procedimiento concursal, el artículo 519 del TRLC especifica que la incoación de procedimientos criminales vinculados al deudor o por hechos relacionados o que puedan influir en el procedimiento concursal no causarán la suspensión de su tramitación ni la de sus secciones (artículo 519 del TRLC).

En este sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Madrid en su auto n.º 963/2017, de 24 de noviembre, ECLI:ES:APM:2017:4758A declarando que (referencia hecha al artículo 189 de la antigua redacción de la LC):

"La existencia de procedimientos penales que tengan por objeto la persecución de conductas supuestamente delictivas que puedan tener relación con bienes o derechos de la entidad concursada, o que puedan afectar a la composición de la masa activa y pasiva de aquella, no es incompatible con el concurso, disponiendo el artículo 189 de la Ley concursal que la incoación de procedimientos penales no provoca la suspensión en la tramitación del concurso y permite que el juez del concurso pueda adoptar medidas de retención de pagos a acreedores u otras análoga con el fin de continuar la tramitación del procedimiento concursal, siempre que no hagan imposible la ejecución de los pronunciamientos patrimoniales de la eventual condena penal".

Además, en relación con la posible suspensión de la tramitación del concurso el Juzgado Mercantil n.º 3 de Gijón en su sentencia n.º 42/2016, de 22 de febrero, ECLI:ES:JMO:2016:603 determina que:

"A este respecto el art. 189 LC apartado segundo tras dejar constancia de que la tramitación de procedimientos criminales relacionados con el concurso no provoca la suspensión de la tramitación de éste. Señala que Admitida a trámite querella o denuncia criminal sobre hechos que tengan relación o influencia en el concurso, será competencia del Juez de éste adoptar las medidas de retención de pagos a los acreedores inculpados u otras análogas que permitan continuar la tramitación del procedimiento concursal, siempre que no hagan imposible la ejecución de los pronunciamientos patrimoniales de la eventual condena penal". (Referencia realizada al artículo 189 de la antigua LC).

Para concluir, la jurisprudencia menor expone que la intención del legislador es impedir "(...) la existencia de un proceso penal pueda interferir el buen orden del proceso concursal. Por esa razón, aun cuando pueda existir una indudable relación o coincidencia entre los hechos objeto del proceso penal que afirma el recurso que se está siguiendo y los hechos que han determinado la calificación culpable, no por ello resulta de aplicación en el caso el art. 40 LEC, porque el art. 189 LC es norma especial y permite que el juez del concurso resuelva sobre todos sus incidentes con independencia de la existencia de posible prejudicialidad penal". Referencia realizada al artículo 189 de la antigua LC. SAP de Barcelona n.º 401/2012, de 29 de noviembre, ECLI:ES:APB:2012:15697.

Para mayor comprensión de la prejudicialidad penal, véanse el artículo 10 de la LOPJ y el artículo 40 de la LEC.

CUESTIÓN

¿Qué juez tendrá la competencia para adoptar medidas cautelares patrimoniales?

Según el artículo 520 del TRLC, una vez admitida a trámite la querella o denuncia contra el deudor o por hechos relacionados o influyentes en el procedimiento concursal:

"(...) será competencia exclusiva del juez del concurso, adoptar, a solicitud del juez o tribunal del orden jurisdiccional penal, cualquier medida cautelar de carácter patrimonial que afecte a la masa activa, incluidas las de retención de pagos a los acreedores inculpados en procedimientos criminales u otras análogas".

Ahora bien, las medidas cautelares adoptadas no deben impedir la continuación de la tramitación del concurso y se adoptarán de la forma más adecuada para asegurar la ejecución de los pronunciamientos de carácter patrimonial de la posible condena penal; tampoco podrán alterar o modificar:

  • La clasificación de los créditos concursales (artículos 269 y ss. del TRLC).
  • Las preferencias de pagos establecidas en el TRLC (artículos 429 y ss. TRLC).

Con respecto a lo anterior la jurisprudencia menor entiende que "(...) en la propia Ley concursal al regular toda la materia relativa a ejecuciones y apremios a que se refiere la competencia exclusiva y excluyente de los Jueces de lo Mercantil se contiene menciones a las ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales haciendo referencia expresamente a las ejecuciones administrativas y laborales. Está claro que la Ley está refiriéndose a las ejecuciones judiciales competencia de los órganos jurisdiccionales civiles de cualquier clase que sean (son a estas a las que hacen referencia todas las resoluciones citadas por el recurrente en el escrito de recurso), sociales y a las administrativas, sin que se haga mención a las ejecuciones y medidas acordadas por órganos de la jurisdicción penal. Sin embargo, el precepto determinante es el recogido en el artículo 189,2 de la Ley Concursal en el que se establece el principio de preferencia de la Jurisdicción Penal en relación con el procedimiento concursal y en aplicación del mismo se mantiene la competencia del Juez del concurso para la adopción de las medidas de retención de pagos a los acreedores inculpados u otras análogas que permitan continuar la tramitación del procedimiento concursal, incluyendo la salvedad de siempre que no hagan imposible la ejecución de los pronunciamientos patrimoniales de la eventual condena penal". (Referencias realizadas a la artículo 189 de la antigua LC). Sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora n.º 3/2011, de 19 de enero, ECLI:ES:APZA:2011:15 .

A TENER EN CUENTA. En lo no regulado por el TRLC se aplicará, de forma supletoria, lo establecido en la LEC (artículo 521 TRLC).

 

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Administrador concursal
Masa activa concursal
Crédito contra la masa
Administración concursal
Procedimiento concursal
Fondo de Garantía Salarial
Legitimación activa
Clasificación de créditos
Declaración de concurso
Responsabilidad del administrador
Enajenación de bienes
Masa pasiva concursal
Acción de reintegración
Concurso de acreedores
Comunicación y reconocimiento de créditos
Juez del concurso
Lista de acreedores
Informe de la administración concursal
Inventarios
Subrogación
Recusación
Declinatoria
Representación procesal
Defensa técnica
Intervención de abogado
Provisión de fondos
Auxiliares delegados
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Interés legitimo
Prejudicialidad penal
Sindicatos
Derechos en materia laboral
Incidente concursal
Pago del salario
Pago a los acreedores
Créditos laborales
Indemnización por despido
Falta de legitimación
Diligencias urgentes
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