El juicio ordinario y del juicio verbal como procesos declarativos

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Civil
  • Fecha última revisión: 19/03/2019

La LEC hace una primera distinción en cuanto a los procesos civiles, la que diferencia entre procesos declarativos y procesos especiales, dedicándole el Libro II a los primeros y el Libro III a los segundos. Asimismo, diferencia, dentro de los procesos declarativos, el juicio ordinario y el juicio verbal. La determinación de seguir el cauce de uno u otro (ordinario o verbal) se hará atendiendo a dos criterios, la materia o la cuantía (248.3 ,LEC).

Además, encontramos, como cláusula residual la contenida en el 248.1 ,LEC que dispone que toda contienda judicial entre las partes no tenga señalada por la ley otra tramitación, será ventilada y decidida en el proceso declarativo que corresponda (ordinario o verbal).

 

Los procesos declarativos ordinarios son la respuesta a obtener la declaración del derecho de cada caso concreto y pueden tener cualquier clase de pretensión. Se tramitarán a través de dos procedimientos, el juicio ordinario o el juicio verbal. Además, los procesos declarativos ordinarios pueden ser de cognición plenaria o sumaria. Ante la distinción entre procesos declarativos ordinarios plenario o sumarios, la diferencia no se encuentra tanto en la ordenación procedimental de los actos, sino en la producción o no de la cosa juzgada (material).

Se decidirán en el juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía:

- Las demandas relativas a derechos honoríficos de la persona.

- Las que pretendan la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y las que pidan la tutela judicial civil de cualquier otro derecho fundamental, salvo las que se refieran al derecho de rectificación. En estos procesos, será siempre parte el Ministerio Fiscal y su tramitación tendrá carácter preferente.

- Las demandas sobre impugnación de acuerdos sociales adoptados por Juntas o Asambleas Generales o especiales de socios o de obligacionistas o por órganos colegiados de administración en entidades mercantiles.

- Las demandas en materia de competencia desleal, defensa de la competencia, en aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea o de los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que les corresponda en función de la cuantía que se reclame. No obstante, se estará a lo dispuesto en el punto 12 del apartado 1 del Art. 250 ,LEC cuando se trate del ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios en materia de publicidad.

- Las demandas en que se ejerciten acciones relativas a condiciones generales de contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia, salvo lo dispuesto en el punto 12 del apartado 1 del Art. 250 ,LEC.

- Las que versen sobre cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos urbanos o rústicos de bienes inmuebles, salvo que se trate de reclamaciones de rentas o cantidades debidas por el arrendatario o del desahucio por falta de pago o por extinción del plazo de la relación arrendaticia, o salvo que sea posible hacer una valoración de la cuantía del objeto del procedimiento, en cuyo caso el proceso será el que corresponda a tenor de las reglas generales de esta Ley. (Introducida por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, entrando en vigor el 06/03/2019)

- Las que ejerciten una acción de retracto de cualquier tipo.

- Cuando se ejerciten las acciones que otorga a las Juntas de Propietarios y a éstos la Ley de Propiedad Horizontal, siempre que no versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que corresponda.

Se decidirán también en el juicio ordinario las demandas cuya cuantía excedan de seis mil euros y aquéllas cuyo interés económico resulte imposible de calcular, ni siquiera de modo relativo.

Se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes:

- Las que versen sobre reclamación de cantidades por impago de rentas y cantidades debidas y las que, igualmente, con fundamento en el impago de la renta o cantidades debidas por el arrendatario, o en la expiración del plazo fijado contractual o legalmente, pretendan que el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer una finca rústica o urbana dada en arrendamiento, ordinario o financiero o en aparcería, recuperen la posesión de dicha finca.

- Las que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca.

- Las que pretendan que el tribunal ponga en posesión de bienes a quien los hubiere adquirido por herencia si no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño o usufructuario.

- Las que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho por quien haya sido despojado de ellas o perturbado en su disfrute.

- Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la suspensión de una obra nueva.

- Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demande.

- Las que, instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se oponga a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación.

- Las que soliciten alimentos debidos por disposición legal o por otro título.

- Las que supongan el ejercicio de la acción de rectificación de hechos inexactos y perjudiciales.

- Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento por el comprador de las obligaciones derivadas de los contratos inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, al objeto de obtener una sentencia condenatoria que permita dirigir la ejecución exclusivamente sobre el bien o bienes adquiridos o financiados a plazos.

- Las que pretendan que el tribunal resuelva, con carácter sumario, sobre el incumplimiento de un contrato de arrendamiento financiero, de arrendamiento de bienes muebles, o de un contrato de venta a plazos con reserva de dominio, siempre que estén inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles y formalizados en el modelo oficial establecido al efecto, mediante el ejercicio de una acción exclusivamente encaminada a obtener la inmediata entrega del bien al arrendador financiero, al arrendador o al vendedor o financiador en el lugar indicado en el contrato, previa declaración de resolución de éste, en su caso.

- Las que supongan el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios.

- Las que pretendan la efectividad de los derechos reconocidos en el Art. 160 ,Código Civil.

Se decidirán también en el juicio verbal las demandas cuya cuantía no exceda de seis mil euros y no se refieran a ninguna de las materias previstas en el apartado 1 del Art. 249 ,LEC.

Los procesos declarativos especiales, igualmente, pretenden la plena declaración del derecho, pero solo se limitan a determinadas pretensiones para cuya resolución se establecen procedimientos específicos, es decir, su carácter de especial viene predispuesto por razón de las materias sobre las que puede versar su objeto. Podrán ser plenarios o sumarios.

Los procesos declarativos especiales que crea la LEC son los de capacidad, filiación, matrimonio y determinados procesos de menores (los denominados procesos de familia), los de división de patrimonio (procesos de división de la herencia y procesos para la liquidación del régimen económico matrimonial) y los procesos monitorio y cambiario (estos dos últimos dirigidos a la defensa del crédito

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Tutela
Defensa de la competencia
Reclamación de cantidad
Usufructuario
Arrendatario
Impago de rentas
Derechos honoríficos
Derecho al honor
Derechos fundamentales
Acción de cesación
Fincas Rústicas
Consumidores y usuarios
Impugnación de acuerdos sociales
Competencia desleal
Colegiado
Propiedad industrial
Propiedad intelectual
Interés difuso
Bienes inmuebles
Arrendamientos urbanos
Desahucio por falta de pago
Relación arrendaticia
Acción de retracto
Junta de propietarios
Propiedad horizontal
Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles
Aparcería
Herencia
Arrendador
Obra nueva
Demolición de obra
Ruina
Daños y perjuicios
Efectividad titular derecho inscrito
Título inscrito
Acción de rectificación
Rectificación de hechos inexactos y perjudiciales
Incumplimiento de la compradora
Contrato inscrito
Sentencia de condena

Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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