Procedimiento para el juicio rápido de delitos

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 04/02/2020

El juicio rápido de delitos puede definirse como un proceso judicial que tiene como finalidad la investigación y enjuiciamiento de determinados delitos de una forma mucho más acelerada.

En la Ley de Enjuiciamiento Criminal el procedimiento para el enjuiciamiento rápido viene regulado en los artículos 795 a 803. El primero de los preceptos está relacionado con el ámbito de aplicación del juicio. En su primer apartado se establece que este proceso especial será de aplicación en la instrucción y el enjuiciamiento "de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de 5 años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años (...)". 

Además, deberán concurrir las siguientes circunstancias:

- Que se trate de un delito flagrante. En este caso la ley lo define como aquel en el que el delincuente es sorprendido cometiendo o acabando de cometer el delito. La expresión "sorprendido en el acto" no sólo se circunscribe al momento de la comisión del delito; sino que se amplía a la persecución y posterior detención, ya sea de forma inmediata o que se prolongue en el tiempo. Incluso la exigibilidad de la concurrencia de que no haya duda razonable, ha sido sustituida en un grado menor, y es que el art. 795.1 de la LECrim, sólo hace referencia a la presunción de participación de la persona a quien se sorprende; haciendo referencia a la posesión de instrumentos vinculados a la comisión del acto, por ejemplo. 

El Tribunal Constitucional lo enmarca como una "situación fáctica en la que el delincuente es sorprendido -visto directamente o percibido de otro modo- en el momento de delinquir o en circunstancias inmediatas a la perpetración del delito." (Sentencia TC 341/1993, de 18 de noviembre)

La doctrina del Tribunal Supremo en su sentencia Nº 1967/2002, Rec. 1577/2001 de 12 septiembre 2001, dice que "el que encierra en sí la prueba de su realización, por lo que la flagrancia es la percepción sensorial directa del hecho delictivo, de manera que la flagrancia se ve, se observa, no se demuestra, y aparece vinculada a la prueba directa y no a la indirecta, circunstancial o indiciaria". En este caso esa percepción sensorial no viene referida a una simple sospecha; sino que habla de una situación en la que un observador "pilla" al autor en el momento de la comisión.

- Que se trata de alguno de los delitos de la siguiente lista tasada para los que se insta este tipo de procedimientos:

a) Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.

b) Delitos de hurto.

c) Delitos de robo.

d) Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.

e) Delitos contra la seguridad del tráfico.

f) Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal.

g) Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código Penal.

h) Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal.

Esta lista fue objeto de modificación por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.  La novedad más representativa fue la inclusión de los apartados f), g) y h). Estos ya han sido de aplicación en sentencias como la Sentencia Penal Nº 18/2012 de la Audiencia provincial de Teruel relativa a delitos contra la salud pública o también la Sentencia Penal Nº 79/2010 de la Audiencia Provincial de Burgos sobre falsificación de documentos públicos.

- Que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que será sencilla.

En ningún caso será de aplicación a delitos conexos o a delitos que no se encuentren dentro del apartado anterior. Tampoco casos en que sea procedente acordar el secreto de las actuaciones conforme a lo establecido en el artículo 302.

De no ser de aplicación las normas previstas para este procedimiento lo harán las normas correspondientes al abreviado. En caso de que éstas últimas también fallen, serán de aplicación las correspondientes normas generales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

"Recuérdese que conforme al art. 795.4 ;LECrim, en el procedimiento rápido, tramitado en el presente supuesto, las normas correspondientes del procedimiento abreviado actúan como supletorias y, respecto de éstas, conforme al art. 758 ;LECrim, lo hacen las normas generales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que la aplicación del párrafo 2° del art. 365 resulta correcta en cualquiera de los reseñados procedimientos". (STS, Sala de lo Penal, Nº 692/2017, de 24/10/2017)

Existen cambios con respecto a la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En este caso resaltaríamos la sustitución del término "imputado" por el de "investigado" en la fase de instrucción y que pasará a denominarse "encausado" según avance el procedimiento. La razón por la que se llevaó a cabo esta novedad, fue que según las declaraciones del Ministro de Justicia en aquel momento, Rafael Catalá, el término imputado tenía en la actualidad "un nivel de contaminación semántico muy alto", por lo que se mostró favorable a buscar otra fórmula que "no marque" a la persona."; señalando, que el término "investigado", es "bastante más coherente" con la fase de investigación y permite "fortalecer la presunción de inocencia que lógicamente debe acompañar a cualquier ciudadano antes de una condena". 

En un primer momento, existen claras diferencias entre imputado e investigado cuando hablamos de su semántica. Por un lado imputar implica la atribución  a una persona de la culpa, de la acción o delito; y por otro lado, investigado, se puede entender como la persona a la que se le atribuye un hecho punible que tenga carácter delictivo sin necesidad de que exista una atribución judicial basada en indicios racionales. Para ser investigado no va a ser necesario que exista una acusación formal. En definitiva, el objetivo que se pretende alcanzar es ganar una mayor calidad procesal fundamentada en el derecho de defensa que surge en favor del investigado. Ese derecho comprende tanto el deber de ser informado de los hechos que se le atribuyen, como el de personarse con Abogado y Procurador, solicitud de diligencias e incluso el derecho de impugnación.

Estos cambios introducidos entraron en vigor el 6 de diciembre de 2015, es por ello que, a partir de esa fecha, existen sentencias que comienzan a reflejar ese cambio y ya hacen uso de ese término, por ejemplo la Sentencia  de la Audiencia Provincial de las Palmas Nº 19/2016, Sección 2ª, Rec. 17/2016 de 25 de enero de 2016: "(...)que en el presente caso solo podía ser por una falta de vejaciones o de injurias, sin que ni la representación procesal del investigado ni la ahora recurrente se opusieran a dicha pretensión(...)."

A partir del Art. 796 y ss. de la Ley se exponen las fases que atraviesa el procedimiento para el enjuiciamiento rápido y que plasmaremos en el siguiente esquema:

 

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Juicio rápido por delito
Delito flagrante
Flagrancia
Hecho delictivo
Delito de hurto
Delitos contra la salud pública
Comisión del delito
Amenazas
Coacciones
Violencia fisica
Delitos de lesiones
Delito de robo
Robo
Delito contra la Seguridad Vial
Delito de daños
Propiedad intelectual
Falsedad de documento público
Delitos conexos
Investigado o encausado
Contaminación
Presunción de inocencia
Culpa
Derecho de defensa
Indicio racional
Falta de vejaciones
Representación procesal

Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 260 Fecha de Publicación: 17/09/1882 Fecha de entrada en vigor: 15/10/1882 Órgano Emisor: Ministerio De Gracia Y Justicia

Ley Orgánica 13/2015 de 5 de Oct (Modificación de la lecrim para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 239 Fecha de Publicación: 06/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 06/12/2015 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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