Juicio sumario de tutela de la posesión especial

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Civil
  • Fecha última revisión: 30/10/2020

La reforma realizada por la Ley 5/2018, de 11 de junio ha recaído sobre la recuperación de la posesión mediante los cauces de la jurisdicción civil, pretendiendo por lo tanto dotar al procedimiento de tutela sumaria de unos mecanismos mucho más ágiles para la recuperación del derecho de los titulares.

Demanda

a. Título que legitime a la parte actora a poseer

Es necesario que, de acuerdo con lo establecido en el art. 437.3 bis de la LEC, junto a la demanda se acompañe el título en el que el actor funde su derecho a poseer. Por título que funde su derecho a poseer debe de entenderse cualquiera que acredite su posesión, ya sea mediante documento público o privado. Será competencia del Letrado de la Administración de Justicia, una vez reciba la demanda, examinar si se trata de un título suficiente y en principio válido para la acreditación del derecho a poseer la vivienda ocupada.

Ante el supuesto de que no se acompañe este título cabe, conforme a lo dispuesto en el art. 231 de la LEC, un plazo para que la parte actora proceda a la subsanación de la omisión. En caso de que no se subsane por el demandante este defecto, se procederá a la inadmisión de la demanda.

b. Puede contener la petición de desalojo inmediato de los ocupantes

Establece el art. 441.1 bis de la LEC, que el demandante puede solicitar en la demanda la inmediata entrega de la posesión, lo que se conoce como “incidente de recobro inmediato de la posesión, en virtud del cual se requiere al demandado para que aporte en el plazo de 5 días hábiles el título jurídico que justifique su situación posesoria, y en caso de que no lo aportare, o de considerarse el mismo insuficiente, se dictará auto ordenando la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante.

c. Ocupantes de la vivienda como sujetos demandados

Señalábamos en las especialidades de este procedimiento que una de las novedades era que la demanda debe de ser dirigida hacia los ocupantes del inmueble pese a no tener conocimiento la parte actora de la identidad de los mismos –art. 437.3 bis de la LEC-.

En los casos en los que no sea procedente la recuperación inmediata de la posesión por no concurrir los requisitos del art. 250.1. 4º párrafo segundo, pero se ejercite la acción de recuperación de la posesión en su modalidad ordinaria, si atendemos a la literalidad de la norma, no sería posible dirigir la demanda genéricamente contra ocupantes desconocidos. Sin embargo, tal y como señalábamos, la jurisprudencia a la vista de lo injusto de la situación venía admitiendo demandas frente a ignorados ocupantes y su consecuente citación en sede de juicio verbal de desahucio –véase entre otras, SAP de Barcelona, Sec. 16ª, núm. 289/2017, de 6 de junio, rec. núm. 541/2016-.

Emplazamiento y las notificaciones

El emplazamiento y las notificaciones se harán por lo tanto a quien se encuentre habitando la vivienda, pudiendo realizarlo también a los ignorados ocupantes de la misma.

El nuevo artículo 441.1 bis de la LEC se estructura en tres párrafos. El primero de ellos establece expresamente que la demanda podrá ser notificada a los ocupantes de la vivienda y, en el caso de que estos no se identifiquen, a los ignorados ocupantes mediante edictos.

A efectos de proceder a la identificación del receptor y demás ocupantes, tal y como establece ahora la LEC, quien realice el acto de comunicación podrá ir acompañado de agentes de la autoridad. La Ley de Seguridad Ciudadana de 30 de marzo de 2015, señala que en el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones legales y administrativas, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán requerir la identificación de las personas cuando haya indicios de que hayan podido participar en la comisión de una infracción, o cuando, atendiendo a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito. En estos casos los agentes podrán realizar las comprobaciones en la vía pública o lugar donde se haya hecho el requerimiento. Cuando la persona se negará a identificarse, los agentes, para impedir la comisión de un delito o al objeto de sancionar una infracción, podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados, a que les acompañen a las dependencias policiales más próximas.

No basta con que la demanda se dirija hacia ignorados ocupantes, sino que se establece que la notificación de la cédula de emplazamiento, la demanda y el decreto de admisión podrá realizarse a quien se encuentre habitando la vivienda.

De no ser posible la identificación, se podrá interponer la demanda frente a los ignorados ocupantes. En caso de existir varios sujetos ocupando la vivienda, y al encontrarnos en una situación de coposesión, no se estaría tampoco a la regla general del litisconsorcio pasivo necesario.

En el caso de que sean identificados los ocupantes, se ordenará dar traslado a los Servicios Públicos competentes en materia de política social, para que tomaran las medidas que consideraran oportunas, siempre y cuando hubieran otorgado los ocupantes su consentimiento expreso.

Nada dice la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la LEC, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, sobre la espinosa y delicada cuestión de las notificaciones en este juicio especial que tanta problemática ha generado en los procesos de ejecución hipotecaria y en los procesos de desahucio arrendaticios en aquellos casos en los que no ha sido posible la notificación personal prevista en el art. 161 de la LEC.

En este sentido, conviene traer a colación la consolidada doctrina de nuestro Tribunal Constitucional (Sentencias del Tribunal Constitucional nº40/2005, de 28 de febrero; nº293/2005, de 21 de noviembre; y nº245/2006, de 24 de julio), que tiene valor cuasi de ley en virtud del art. 5.1. de la LOPJ, que sienta el principio de subsidiariedad de la notificación edictal, y que impone una interpretación “secundum constitutionem” de la normativa procesal civil en materia de emplazamientos, cuyo último exponente lo encontramos en la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Primera, nº39/2018, de 23 de abril:

“ha de realizarse una interpretación secundum constitutionem integrando el contenido de la reforma con la doctrina de este Tribunal en cuanto a la subsidiariedad de la comunicación edictal, la cual tiene su fuente directa en el derecho de acceso al proceso del art. 24.1 CE, de manera que la comunicación edictal en todo procedimiento de desahucio sólo puede utilizarse cuando se hayan agotado los medios de averiguación del domicilio del deudor o ejecutado.”

El problema en estos procesos de entrega de la posesión de la vivienda ocupada no se plantea con relación a la imposibilidad de notificar al demandado por estar en paradero desconocido, por motivos obvios, sino sobre cómo proceder cuando el demandado ocupante se niegue a recibir la cédula de notificación de requerimiento y de emplazamiento, imposibilitando así se produzca la tan deseada y garantista notificación personal del demandado.

No debe aplicar en este caso la doctrina del Tribunal Constitucional expuesta sobre la obligación de agotar los medios necesarios para tratar de garantizar que las notificaciones sean personales, ya que estamos ante una problemática distinta que viene resuelta de forma satisfactoria en el art. 161.2 de la LEC, que prevé específicamente que para el caso de dicha imposibilidad de notificación personal del demandado se produzca por la negativa a recibirla del demandado, esto es, tras la comprobación de que la vivienda está ocupada por el demandado (para el caso de que se desconozca el ocupante, deberá bastar el mero hecho de constatar que está ocupada), se entenderá bien realizada dicha notificación y deberá producir plenos efectos, no siendo necesario si quiera recurrir a la notificación edictal del art. 164 de la LEC.

La falta de diligencia del demandado no puede tener otra consecuencia jurídica que la prevista en el citado precepto legal (161.2 de la LEC), ya que de lo contrario se estaría perjudicando el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte actora, quien no debe soportar dilaciones en el procedimiento causadas por la actuación negligente de la adversa.

El criterio unificador de los Magistrados de Barcelona sobre este tema es contrario a una interpretación literal del art. 161.2 de la LEC, y muy garantista, estableciendo hasta dos intentos de notificación personal en estos casos, y si aun así su resultado es negativo, se podrá acordar la citación por edictos del art. 164 de la LEC.

El párrafo segundo del art. 441.1 bis de la LEC establece la medida estrella de esta reforma, el incidente de entrega inmediata de la posesión, de manera simultánea con el traslado de la demanda para su contestación en el plazo de 10 días.

El juzgado entregará dos cédulas de citación de manera simultánea: una cédula de requerimiento del incidente y una cédula de emplazamiento para que conteste a la demanda. Se trata de un incidente de previo pronunciamiento que implica la suspensión de los autos principales y que se desarrolla del siguiente modo:

En primer lugar, tiene lugar en el caso de que la parte actora lo solicitara en la demanda por medio de otrosí. Es decir, es necesario que en la propia demanda se solicite la medida cautelar de lanzamiento inmediato de los ocupantes. En el decreto de admisión de la demanda el propio Letrado de la Administración de Justicia requerirá a los ocupantes para que en el plazo de 5 días desde la notificación aporten justificación suficiente para poseer. De este modo, para facilitar la defesa del demandado se establece este plazo para que justifiquen la posesión y evitar la entrega de la vivienda al demandante. Nos encontramos ante dos plazos distintos, uno para justificar la posesión (5 días), y otro para contestar a la demanda (10 días).

Tras este plazo de 5 días, pueden suceder tres cosas, que se aporte justificación suficiente por los ocupantes, que no se aporte justificación suficiente, o bien que no se aporte justificación suficiente dentro de los 5 días, pero sí se conteste a la demanda dentro del plazo de 10 días.

a) No se aporte justificación suficiente por parte de los ocupantes

En este caso, el juez ordenará mediante AUTO irrecurrible la entrega inmediata de la posesión de la vivienda a la parte actora, siempre que el título que acompañará a la demanda fuera bastante para acreditar derecho a poseer. Se ponderan en este punto dos circunstancias, la primera de ellas, la suficiente justificación posesoria, y la segunda, que el título del demandante sea bastante para acreditar su derecho a poseer.

De este modo, el juzgado, aunque los ocupantes no aporten título ha de valorar la suficiencia del aportado con la demanda para obtener la tutela judicial solicitada. En el caso de juzgar suficiente los títulos aportados, dictará auto acordando y ordenando el desalojo forzoso de los ocupantes, incluso en el caso de que no hubieran podido ser identificados en la diligencia de entrega de la demanda.

Sin embargo, si no considera suficiente la acreditación del título del actor aportada con la demanda, se denegará mediante auto el desalojo inmediato solicitado. La duda se plantea en este caso en si con ese auto se pone fin al proceso o simplemente al incidente de desalojo forzoso y el juicio verbal prosigue, con la celebración de la vista del juicio si hay oposición dentro de los 10 días que marca la ley y cualquier parte lo solicita. O bien con la sentencia de fondo, si la parte actora ha demostrado el hecho de la posesión y del despojo. 

En la comparecencia el demandado indicará el título que legitima su posesión, con la aportación de cuanta documentación quieran valerse para fundar su derecho. Será el juez el que concluya si esta documentación es justificación suficiente. Es importante matizar que esta causa de oposición no puede ser discutida en este momento, sino al contestar a la demanda, es decir. Conforme a lo dispuesto en el art. 437.3 bis in fine acompañar a la demanda el título con el que la parte actora justifique su demanda es un requisito necesario de admisibilidad, y ha sido el Letrado de la Administración de Justicia el que ha examinado el mismo para dictar el Decreto de Admisión. Sin embargo, ahora será el juez el encargado de determinar si es suficiente la documentación aportada para acordar la entrega inmediata de la posesión de la vivienda al demandante.

En el caso de que el título aportado por el actor sea considerado suficiente, el auto que acuerde la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante será ejecutable contra cualquiera de los ocupantes que en ese momento se encuentren en la vivienda. Se anticipa por lo tanto la tutela pretendida a este momento.

Por lo que se refiere a la espera de la ejecución dentro de lo previsto para todo tipo de resoluciones judiciales (los 20 días previstos por el art. 548 de la LEC) el art. 441 no dice nada al respecto. Sin embargo, atendiendo a lo establecido en el art. 444.1 bis, que regula que en el momento de sentencia condenatoria no habrá que esperar estos 20 días, parece oportuno entender que dentro de este incidente lo lógico es que se permita la ejecución sin necesidad de esperar este plazo de 20 días del art. 548 de la LEC.

En el caso de que el demandado se oponga a la demanda en el plazo de 10 días, se seguirá el procedimiento, pero habiendo restituido la posesión de la vivienda a la parte actora. Parece complicado encontrarnos en el caso de que una vez un juez haya decidido mediante auto irrecurrible que el título posesorio es suficiente para acreditar la posesión por la parte actora, con posterioridad decida lo contrario, pero no puede ser descartado, toda vez que no se ha oído las alegaciones del demandado.

El anterior problema únicamente se dará en el caso de que se conteste a la demanda, toda vez que de acuerdo con lo que dispone el art. 444.1.bis de la LEC, si el demandado no contesta a la demanda, se dictará inmediatamente sentencia estimatoria, toda vez que el actor ha aportado título suficiente para justificar su derecho a poseer, y el demandado no se ha opuesto.

b) Se aporte justificación suficiente por parte de los ocupantes

En el caso de que la parte demandada aportará alguna clase de documento o justificación de la situación posesoria dentro del plazo de los 5 días, el procedimiento continuará sus trámites.

c) No se aporta justificación dentro del plazo de los cinco días, pero sí se formula escrito de oposición a la demanda dentro del plazo de diez días

Este supuesto no se encuentra regulado en la norma y caben dos posibles interpretaciones:

La primera de ellas, que se haya de dictar auto, y por consiguiente el proceso haya obtenido su finalidad, que es únicamente de tutela posesoria, y deba entenderse finalizado, reservándose a la parte demandada la posibilidad de acudir al proceso plenario oportuno, ya que lo que sí es claro es que la sentencia en esta clase de procesos, y por lo tanto, también en el caso del auto, carece de efectos de cosa juzgada, conforme a lo dispuesto en el artículo 447.2 de la LEC.

La segunda opción es que el proceso continúe hasta que se dicte la sentencia, lo cual parece no haberse previsto por el legislador, ya que en el caso de que la sentencia sea desestimatoria, ¿Por qué cauce procesal se devolverá la posesión al demandado absuelto?

Oposición a la demanda

La sumariedad en este tipo de proceso la encontramos en la limitación legal de la causas de oposición. Según se establece en el art. 444.1 bis de la LEC la oposición sólo podrá fundarse en cualquiera de estos dos motivos:

1. La existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda.

2. La falta de título para poseer por parte de la parte del actor.

De acuerdo con el art. 444 de la LEC, apartado 1 bis si el demandado no contestara en el plazo legal, se procederá de inmediato a dictar sentencia y al lanzamiento. En el caso de que no compareciera el demandado, estando declarado en rebeldía con los efectos jurídicos del art. 496 de la LECA, no eximiendo a la parte actora de probar los hechos alegados. El procedimiento seguirá su curso y las notificaciones se realizarán mediante la publicación de edictos en el tablón de anuncios del Juzgado.

Sentencia y su ejecución

La sentencia que se dicte, de acuerdo con el art. 447.2 de la LEC carece de efectos de cosa juzgada.

Esta sentencia es recurrible en apelación, aunque fuere condenatoria al desalojo a diferencia de los previstos para el auto de condena al desalojo forzoso en el caso del incidente de recobro inmediato de la posesión que es irrecurrible.

La sentencia condenatoria firme puede ser ejecutada a instancia de la parte actora sin necesidad de respetar el tiempo de espera de los 20 días que marca el art. 548 de la LEC, de acuerdo con el art. 444.1 bis de la LEC.

En lo que se refiere al lanzamiento, hay que tener en cuenta lo previsto en el art. 704 de la LEC, es decir, atender a lo dispuesto acerca de la consideración de vivienda habitual de los ocupantes, y el otorgamiento por el Letrado de la Adm. de Justicia del plazo de hasta 2 meses para el desalojo voluntario del demandado.

ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO

 

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Tutela
Desahucio
Recuperación de la posesión
Letrados de la administración
Desalojo
Comunicación edictal
Juicio sumario
Documento público
Inadmisión de la demanda
Omisión
Días hábiles
Título jurídico
Seguridad Ciudadana
Actos de comunicación
Cuerpos y fuerzas de seguridad
Agente de la autoridad
Litisconsorcio pasivo necesario
Desalojo forzoso
Ocupación ilegal
Ejecución hipotecaria
Proceso de ejecución
Procesal Civil
Domicilio del deudor
Paradero
Derecho a la tutela judicial efectiva
Artículos de previo pronunciamiento
Admisión de la demanda
Sentencia de condena
Rebeldía
Vivienda habitual

Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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