Criterios para definir la jurisdicción y la competencia penal

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Cuando hacemos referencia a lo que es la Jurisdicción penal, hablamos del conjunto de órganos que integran el orden jurisdiccional penal, es decir aquellos que pueden conocer de los asuntos penales que la ley determina.

Por tanto, podemos decir que la Jurisdicción es un presupuesto del proceso penal, que es controlado de oficio. Siguiendo el 9.6 ,LOPJ y el Art. 8 ,LECRIM, decir que la “Jurisdicción es improrrogable. Los órganos judiciales apreciarán de oficio la falta de Jurisdicción y resolverán sobre la misma con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal. En todo caso, esta resolución será fundada”.

Es destacable el hecho de que la falta de Jurisdicción provoca la nulidad de pleno derecho de las actuaciones según lo recogido en el 238.1 ,LOPJ, y permite por un lado, que los Jueces y Tribunales examinen su propia Jurisdicción y puedan declarar la nulidad del proceso y por otro lado, va a permitir a las partes que interponer aquellos recursos que recoja la ley para pedir la nulidad de la resolución dictada por Jueces o Tribunales sin jurisdicción.

Siguiendo con la extensión y los límites de la jurisdicción penal, hay que decir que la misma va a tener el conocimiento de la causa y juicios criminales que recoja el 9.3 ,LOPJ y dicha jurisdicción se va a extender a todas las personas y a todo el territorio nacional. Sin embargo dicha jurisdicción va a tener límites, que se pueden dividir en límites objetivos, territoriales y subjetivos.

Comenzando con los límites objetivos, decir que la jurisdicción penal se encarga de resolver aquellos asuntos que se refieren a conductas que están tipificadas como delito o como falta según lo que recoge la ley. Es cierto, que la ley pretende que las infracciones estén tasadas, lo que facilita el conocimiento de los asuntos a resolver por la jurisdicción penal.

Frente a las dudas que existen en determinados momentos se atiende a la jurisprudencia del Tribunal Supremo que considera que las infracciones culposas penales tienen que tener las siguientes características:

- Tiene que ser una acción u omisión voluntaria pero en la que haya ausencia de dolo directo o eventual.

- Se necesita que exista una actuación negligente.

- Se precisa la infracción de deberes objetivos de prudencia que se encuentran recogidos en normas socio-culturales de convivencia.

- Se debe de producir un daño

- Tiene que existir una relación de causalidad entre la conducta que puede ser peligrosa y el daño sobrevenido como resultado de dicha conducta.

Continuando con los límites territoriales de la jurisdicción penal hay que decir que la misma es una importante manifestación de lo que es la soberanía del Estado. De este modo, hay que decir que en un primer momento, cada Estado va a tener el conocimiento de todos los hechos punibles que se cometan dentro de su territorio, independientemente de la nacionalidad del sujeto que cometa el delito e independientemente también del bien jurídico objeto de protección, según lo recogido en el 23.1 ,LOPJy los Art. 14,Art. 15 ,LECRIM.

Por último, hay que hacer referencia a lo que serían los límites subjetivos que son los que se encargan de establecer si el presunto responsable del delito está o no está sometido a la Jurisdicción.

El Art. 21 ,LOPJ, es aquel que determina que la regla general sería aquella que somete a la Jurisdicción penal española a aquellos que cometan el delito, que pueden ser nacionales o extranjeros.

Dentro de este límite, hay que decir que existen excepciones, que son las siguientes: la inviolabilidad del Rey según el 56.3 ,Constitución Española, la de los Diputados y Senadores respecto a las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, la de los Diputados del Parlamento Europeo, la de los parlamentarios de las Comunidades Autónomas, la del el Defensor del Pueblo y la de sus adjuntos y también, la inmunidad de los Magistrados del Tribunal Constitucional.

 

Una vez que se considera si es un Juez español el que tiene jurisdicción para resolver el asunto, lo siguiente que hay que hacer es la distribución de sus atribuciones entre los distintos órganos que componen el orden penal. Por tanto, lo siguiente que hay que hacer es determinar cuál es el órgano que tiene competencia para conocer de un proceso penal. Los criterios de atribución de la competencia penal serán el criterio de la competencia objetiva, el criterio de la competencia funcional y el criterio de la competencia territorial.

 

Comenzando por lo que sería la competencia objetiva, hay que destacar que la misma va a atribuir el enjuiciamiento en primera o única instancia de una determinada causa criminal entre los distintos tipos de órganos jurisdiccionales penales. Por tanto, la competencia objetiva lo que decide es a que órgano jurisdiccional corresponde el conocimiento y decisión sobre el fondo del asunto, en primera o única instancia (es decir, a cual corresponde la fase de juicio oral).

En el orden penal, la competencia objetiva se establece en base a tres criterios: la competencia ratione personae (considera las características del presunto responsable),  la competencia ratione materiae (considera la especial naturaleza del objeto del proceso) y el criterio de la gravedad (que considera la gravedad del hecho que se está enjuiciando). Tienen preferencia en la aplicación los criterios de competencia ratione materiae y ratione personae.

El criterio de la competencia ratione materiae es aquel en el cual se atiende no ya a la gravedad de la infracción, sino a la clase del delito que se está cometiendo, es decir, se tiene en cuenta la naturaleza de la infracción. Por tanto, siguiendo este criterio el conocimiento de los asuntos la tendrá un tribunal u otro dependiendo de la clase de delito o falta que se cometa.

El criterio de competencia ratione personae, no va en contra del Art. 14 ,Constitución Española a pesar de que determina que en ocasiones, considera que el conocimiento de un determinado asunto corresponde a un tribunal y no a otro, porque se fija para hacerlo en las características del presunto responsable y más en concreto, porque se fija en la función que dichas personas desempeñan. Por ello, por ese deber especial que tienen dichas personas, son juzgadas por un tribunal distinto al que recogen las reglas generales, es decir, al del fuero, siendo juzgadas por regla general por un tribunal superior.

Finalmente, estaría el criterio de competencia según la gravedad del hecho enjuiciado, que considera que conoce un tribunal u otro según que la ley determine que una determinada conducta constituye un delito o constituye una falta.

De este modo, si es un delito hay que tener en cuenta la gravedad de la pena y si es una falta lo que se tiene en cuenta es el bien jurídico que se lesiona.

 

Continuando con el segundo criterio de atribución de la competencia, hay que considerar lo que sería la competencia funcional. Esta competencia trata de solucionar el problema que existe en los casos en los que distintos Juzgados y Tribunales pueden conocer del caso. La misma queda regulada en el Art. 9 ,LECRIM que establece que “los Jueces y Tribunales que tengan competencia para conocer de una causa determinada, la tendrán también para todas sus incidencias, para llevar a efecto las providencias de tramitación y para la ejecución de las sentencias”.

 

Finalmente, y como último criterio de atribución de competencias, está el de la competencia territorial, que  va a consistir en la atribución de competencia a un órgano jurisdiccional concreto de entre los órganos jurisdiccionales del mismo grado.

Hay que tener en cuenta el hecho de que dentro del orden penal, la competencia territorial se configura siempre ex lege, lo que impide la atribución por sumisión, es decir, es el juez el que tiene que controlar de oficio dicha competencia en el proceso penal, cosa que no sucede con la competencia territorial en el proceso civil.

La regla general establece que el tribunal competente será el del lugar en el que se haya cometido el delito, pero cuando no conste el lugar en que haya podido cometerse el delito, la competencia se determina conforme a las reglas, de aplicación subsidiaria, que establece el Art. 15 ,LECRIM, que considera que tendrá competencia (y en el orden que sigue):

- El órgano jurisdiccional de la circunscripción donde se hayan descubierto pruebas materiales del delito

- El órgano jurisdiccional de la circunscripción en que el presunto reo haya sido aprehendido.

- El órgano jurisdiccional de la residencia del presunto reo.

- Cualquier órgano jurisdiccional que hubiese tenido noticias del delito.

Hay que tener en cuenta en este punto el Art. 15 bis ,LECRIM, en materia de violencia sobre la mujer, en el que el criterio de atribución de la competencia territorial va a atender al lugar del domicilio de la víctima.

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Falta de jurisdicción
Competencia objetiva
Responsabilidad
Nulidad de pleno derecho
Nulidad de las resoluciones
Competencia territorial
Límites de la jurisdicción
Omisión
Dolo directo
Relación de causalidad
Daño sobrevenido
Competencia funcional
Inviolabilidad
Inmunidad
Fondo del asunto
Objeto del proceso
Ejecución de sentencia
Residencia
Violencia