Jurisdicción ordinaria y Juzgados de lo mercantil

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 20/01/2016

Las competencias de los Juzgados de lo Mercantil vienen detalladas en el Art. 86 ,LOPJ TER.  Los Juzgados de lo mercantil no se configuran contra una nueva jurisdicción sino como un Juzgado especializado.

 

Podemos decir que los Juzgados de lo mercantil son juzgados de primera instancia dentro del orden jurisdicción civil, existiendo, por regla general, uno en cada capital de provincia, no creándose juzgados pluriprovinciales ni uno para varias provincias. Los recursos contra sus resoluciones las resuelven las Audiencias Provinciales correspondientes, que deben especializarse una o varias secciones en temas mercantiles (Art. 84 ,LOPJ).

En ellos, podemos distinguir los Juzgados Mercantiles Exclusivos, que conocen exclusivamente de las materias de la competencia objetiva de los juzgados de lo mercantil, Juzgados de Primera Instancia con Competencia Mercantil, que son aquellos que conocen de toda la competencia del orden jurisdiccional civil, incluida la asignada a los juzgados de lo mercantil y los Juzgados de primera Instancia en Instrucción  con competencia mercantil, que además de tener atribuidos el conocimiento de todos los asuntos del orden jurisdiccional civil, tienen competencia para instruir delito y conocer de juicios de faltas.

Las materias sobre las que tienen competencia los juzgados de lo mercantil son las siguientes (Art. 86 ,LOPJ TER):

Los juzgados de lo mercantil conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los términos previstos en su Ley reguladora.

En todo caso, la jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y excluyente en las siguientes materias:

1.º Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el título I del libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Con el mismo alcance conocerá de la acción a que se refiere el artículo 17.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

2.º Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de la Ley Concursal, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral.

3.º Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado.

4.º Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicción en el número 1.º y sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan decretar los árbitros durante un procedimiento arbitral.

5.º Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita.

6.º Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento.

Los juzgados de lo mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de:

a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.

b) Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional.

c) Aquellas pretensiones relativas a la aplicación del Derecho marítimo.

d) Las acciones colectivas previstas en la legislación relativa a condiciones generales de la contratación y a la protección de consumidores y usuarios.

e) Los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento.

f) De los procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y su Derecho derivado, así como los procedimientos de aplicación de los artículos que determine la Ley de Defensa de la Competencia.

 

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Jurisdicción ordinaria
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