La legislación mercantil de las CC.AA.

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil

El autogobierno de las Comunidades Autónomas encuentra su base jurídica en el Art. 2 ,Constitución española, constituyendo lo que se conoce como el Estado autonómico.

 

Las comunidades autónomas tienen facultades legislativas, ejecutivas y reglamentarias. Por lo que se refiere a las primeras, los parlamentos autonómicos tienen facultad de dictar leyes de alcance general en ese territorio. Por lo que se refiere a las ejecutivas, supone que los gobiernos autonómicos tienen capacidad para actuar en áreas de su competencia. Por lo que se refiere a las reglamentarias, significa que pueden dictar decretos que desarrollen normas estatales o autonómicas.

Al producirse la concurrencia de normas, tanto con rango de ley como con rango de reglamentos, de las Comunidades y del Estado, es necesario establecer que competencias corresponden a cada cual, lo que viene regulado en los Art. 148 ,Constitución española y Art. 149 ,Constitución española.

El principio general, recogido en el apartado 1 del Art. 149 ,Constitución española, establece que al Estado corresponde la competencia exclusiva para dictar la “legislación mercantil”.

El TC en la STC 88/1986 de 1 de julio, STC 62/1991, de 22 de mayo, STC 225/1993, de 8 de julio, entre otras, ha aclarado que el concepto de “legislación mercantil”, utilizado por el Art. 149 ,Constitución española, se limita a incluir la normativa de derecho privado que compone el Derecho mercantil tradicional. Esto nos lleva a la conclusión de que sólo el Estado central puede regular la forma en que nacen y se extinguen los derechos y obligaciones que dan lugar la actividad empresarial; el contenido necesario de los derechos y obligaciones “inter partes”; la regulación de las condiciones generales de la contratación y la regulación de las distintas modalidades contractuales.

Las Comunidades Autónomas carecen, pues, de capacidad para incidir en las relaciones contractuales privadas entre empresarios ni tampoco introducir o modificar derechos y obligaciones en dichas relaciones. Así, en materia contractual, corresponde al Estado tanto determinar los requisitos necesarios para tener la capacidad para ser contratante y obligarse, como la de determinar el contenido de las relaciones de dicha modalidad contractual.

Tampoco pueden las Comunidades Autónomas promulgar normas que obstaculicen la libre circulación de bienes, capitales, servicios y trabajadores, o establecer diferencias en las condiciones básicas en el ejercicio de actividades económicas, ya que si así lo hicieran violarían el principio de unidad de mercado.

Las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas en sus Estatutos de Autonomía se enumeran en el Art. 148 ,Constitución española, y entre ellas no se menciona ninguna materia mercantil. Sin embargo, al permitir el apartado 3 del Art. 149 ,Constitución española que las materias no atribuidas expresamente al Estado puedan corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus Estatutos, supone que las Comunidades Autónomas acaban ejerciendo competencias legislativas, no en el derecho mercantil privado que regula relaciones “Inter partes”, pero si en áreas cercanas, que forman parte del Derecho mercantil económico en un sentido más amplio.

Para precisar en cada Comunidad cuáles son las competencias que le corresponden, se hace necesario analizar su Estatuto, ya que todos son diferentes unos de otros, pudiendo diferenciar dos grupos según el nivel de atribución. Así, unos tienen un nivel de atribución mayor y otros un nivel menor. Sin embargo, tampoco los Estatutos que forman parte de cada grupo son totalmente homogéneos entre ellos, lo que podemos llamar “Estado asimétrico”.

Este problema se hace más latente porque los conceptos que usa cada Estatuto para atribuir competencias no son los mismos a los utilizados en los arts. Art. 148 ,Constitución española y Art. 149 ,Constitución española. Además, los diferentes conceptos se solapan (p.ej. legislación mercantil y defensa del consumidor; propiedad industrial y denominación de origen, etc.). Esto ha producido continuas discusiones entre las Comunidades Autónomas (en especial Cataluña y el País Vasco) y el Estado, lo que ha desembocado en un gran número de STC.

La STC 11.11.99, dictada en un recurso por el Gobierno Vasco y la Generalidad de Cataluña concluyó que la competencia autonómica exclusiva de “comercio interior” engloba las competencias ejecutivas de la defensa de la competencia, pero no las legislativas, que corresponden al Estado. La STC obligó a modificar la Ley de Defensa de la Competencia y a dictar la Ley 1/2002 de 21.2., que coordina las competencias entre el Estado y las CCAA, y autoriza a estas últimas a crear sus propios órganos de defensa de la competencia.

Asi, estas normas mercantiles dictadas por las CCAA son disposiciones legales no estatales cuyo ámbito de aplicación se extiende, exclusivamente, al territorio de dicha comunidad autónoma. En términos generales, el contenido del Derecho mercantil es competencia exclusiva del Estado (central). Pero, en determinados sectores concretos y en virtud de lo dispuesto por los Estatutos de Autonomía aprobados, existe una potestad legislativa y de ejecución compartida sobre materias jurídico-mercantiles.

En algunos otros sectores  existe tan sólo a favor de las CCAA el reconocimiento de la potestad ejecutiva. La posibilidad de que las leyes estatales atribuyan a las CCAA potestades legislativas sobre algunas de las materias exclusivas del Estado son materias propias del Derecho administrativo. En todo caso, el Derecho mercantil o la Ley mercantil del Estado deberán ser aplicadas con preferencia en caso de conflicto.

 

 

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Actividades empresariales
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Defensa de la competencia
Actividades económicas
Principio de unidad
Denominación de origen
Propiedad industrial
Competencia de las Comunidades Autónomas