Lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado

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    Órden: Constitucional Fecha: 25/05/1987 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 74/1987 Num. Recurso: Recurso de inconstitucionalidad 194/1984

    El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Tomás y Valiente, Presidente, y doña Gloria Begué Cantón, don Angel Latorre Segura, don Luis Díez-Picazo y Ponce de León, don Antonio Truyol Serra, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Díaz Eimil, don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, don Jesús Leguina Villa y don Luis López Guerra, Magistrados, ha pronunciadoEN NOMBRE DEL REYla siguienteSENTENCIAEn el recurso d...

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    Órden: Constitucional Fecha: 26/06/1986 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 83/1986 Num. Recurso: Recurso de inconstitucionalidad 517/1983

    El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Tomás y Valiente, Presidente, y doña Gloria Begué Cantón, don Angel Latorre Segura, don Francisco Rubio Llorente, don Antonio Truyol Serra, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Díaz Eimil, don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, don Jesús Leguina Villa y don Luis López Guerra, Magistrados, ha pronunciadoEN NOMBRE DEL REYla siguienteSENTENCIAEn el recurso de inconsti...

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    Órden: Constitucional Fecha: 27/11/1990 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 417/1990 Num. Recurso: Recurso de inconstitucionalidad 1.710/1990

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  • Sentencia Nº 36/2014, TC, Pleno, Rec Recurso de inconstitucionalidad 1839/2013, 27-02-2014

    Fecha: 27/02/2014 Tribunal: Tribunal Constitucional Ponente: Gonzalez Rivas, Juan Jose Num. Sentencia: 36/2014 Num. Recurso: Recurso de inconstitucionalidad 1839/2013

    Interpuesto por sesenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista en relación con diversos preceptos del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha, en la redacción dada por la reforma aprobada en la sesión plenaria celebrada los días 20 y 21 de diciembre de 2012.

  • Sentencia Constitucional Nº 255/1985, TC, Sección Segunda, Rec Archivo de las actuaciones 118/1985, 17-04-1985

    Órden: Constitucional Fecha: 17/04/1985 Tribunal: Tribunal Constitucional Num. Sentencia: 255/1985 Num. Recurso: Archivo de las actuaciones 118/1985

    Inadmisión. Recurso de amparo: naturaleza; calificación indebida. Jurisdicción del Tribunal Constitucional: inexistencia.

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    Órden: Administrativo Fecha última revisión: 04/01/2017

    El Decreto-Ley se encuentra regulado en el Art. 86 ,Constitución Española. Es una norma con rango de ley propia del Ejecutivo, lo cual supone la principal diferencia respecto del Decreto Legislativo que, como se sabe, es una facultad delegada a éste por el Parlamento. Podrá ser dictado por el Gobierno cuando exista un presupuesto habilitante que lo justifique, que ha de ser una extraordinaria y urgente necesidad de regulación de esa materia concreta. Se encuentra limitado en cuanto a la mat...

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    Órden: Civil Fecha última revisión: 16/04/2016

    En Navarra, las parejas o uniones de hecho se regulan mediante la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables, texto que adolece de nulidad en varios de sus artículos, como consecuencia de la estimación parcial del recurso de inconstitucionalidad 5297-2000 (Tribunal Constitucional, nº 93/2013, de 23/04/2013, Rec. Recurso de inconstitucionalidad 5297-2000).    Las parejas o uniones de hecho se regulan, en la Comunidad Autónoma de Navarra, mediante ...

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  •  PLANTEAMIENTO¿Es posible que un extranjero familiar de comunitario pueda ser expulsado del país?RESPUESTASí, cabe la posibilidad de la expulsión de un familiar de comunitario por razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública. En el caso de que hubiera adquirido el derecho de residencia permanente, sólo se podrá expulsar si existen motivos graves de orden público o seguridad pública, teniéndose en cuenta en este caso la duración de la residencia y otros factores...

  • Caso práctico: Trámites Laborales para la constitución de un trabador extranjero como autónomo.

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  •  PLANTEAMIENTOTrámites Laborales para la constitución de un trabador extranjero como autónomoRESPUESTALa Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajador autónomo será de aplicación a los trabajadores autónomos extranjeros que reúnan los requisitos previstos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.ANÁLISISa) Ciudadanos no comunitariosPara poder ser incluido en el campo de aplicación del Régime...

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 19/01/2017

La regulación acerca de la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado encuentra su regulación en el Art. 15 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre. El punto de partida de la misma es que ésta será el castellano, aunque los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.

La letra c) del Art. 13 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre establece el derecho de las personas a “utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico”; por su parte, y centrándose ya en la lengua de los procedimientos, el Art. 15 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece lo siguiente:

  • La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.

    En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.

  • En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.

  • La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción.

La redacción dada al apdo. 3 del Art. 15 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre no es del gusto de cierta parte de la doctrina (entre ellos, García de Enterría) en la medida en que no son sólo los documentos dirigidos a los ciudadanos los que requieren de un conocimiento absoluto por parte del ciudadano afectado, sino la totalidad del expediente. Así, se entiende que, si un ciudadano lo solicita, habrá que proceder a la traducción al castellano de la totalidad del expediente tramitado en una lengua cooficial, y todo ello, en base al "juego" de derechos y deberes lingüísticos del ordenamiento jurídico español: si todos los españoles tienen el deber de conocer la lengua castellana, no sucede lo mismo con respecto al gallego, el vasco y el catalán, puesto que, tal y como señala la jurisprudencia constitucional (Tribunal Constitucional, nº 82/1986, de 26/06/1986, Rec. Recurso de inconstitucionalidad 169/1983, Tribunal Constitucional, nº 83/1986, de 26/06/1986, Rec. Recurso de inconstitucionalidad 517/1983 y la Tribunal Constitucional, nº 84/1986, de 26/06/1986, Rec. Recurso de inconstitucionalidad 6 78/1983), sobre estos idiomas sólo existe el derecho a usarlos.

La segunda "debilidad" en la regulación ofrecida por el Art. 15 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, pare este sector, se refiere a que si la lengua de la que se requiere la traducción es un lengua distinta del castellano, el órgano instructor, si el interesado lo solicita, debería de poner a disposición de cualquier interesado un intérprete en virtud del respeto al principio de contradicción establecido en el apartado 4 del Art. 75 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre ("En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento”).

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Recurso de inconstitucionalidad
Ciudadanos
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