Lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado

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La regulación acerca de la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado encuentra su regulación en el Art. 15 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre. El punto de partida de la misma es que ésta será el castellano, aunque los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.

La letra c) del Art. 13 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre establece el derecho de las personas a “utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico”; por su parte, y centrándose ya en la lengua de los procedimientos, el Art. 15 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece lo siguiente:

  • La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.

    En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.

  • En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.

  • La Administración Pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una Comunidad Autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción.

La redacción dada al apdo. 3 del Art. 15 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre no es del gusto de cierta parte de la doctrina (entre ellos, García de Enterría) en la medida en que no son sólo los documentos dirigidos a los ciudadanos los que requieren de un conocimiento absoluto por parte del ciudadano afectado, sino la totalidad del expediente. Así, se entiende que, si un ciudadano lo solicita, habrá que proceder a la traducción al castellano de la totalidad del expediente tramitado en una lengua cooficial, y todo ello, en base al "juego" de derechos y deberes lingüísticos del ordenamiento jurídico español: si todos los españoles tienen el deber de conocer la lengua castellana, no sucede lo mismo con respecto al gallego, el vasco y el catalán, puesto que, tal y como señala la jurisprudencia constitucional (Tribunal Constitucional, nº 82/1986, de 26/06/1986, Rec. Recurso de inconstitucionalidad 169/1983, Tribunal Constitucional, nº 83/1986, de 26/06/1986, Rec. Recurso de inconstitucionalidad 517/1983 y la Tribunal Constitucional, nº 84/1986, de 26/06/1986, Rec. Recurso de inconstitucionalidad 6 78/1983), sobre estos idiomas sólo existe el derecho a usarlos.

La segunda "debilidad" en la regulación ofrecida por el Art. 15 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, pare este sector, se refiere a que si la lengua de la que se requiere la traducción es un lengua distinta del castellano, el órgano instructor, si el interesado lo solicita, debería de poner a disposición de cualquier interesado un intérprete en virtud del respeto al principio de contradicción establecido en el apartado 4 del Art. 75 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre ("En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento”).

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