Limitaciones propias de la actividad de policía de la Administración

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  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 03/10/2016

La actividad administrativa de policía o de limitación es la actividad mediante la cual la Administración restringe la libertad o los derechos de los particulares.

La actividad administrativa de limitación supone la modalidad de actividad administrativa que se caracteriza por incidir, de una u otra forma, y con distintos grandos de intensidad, en la esfera jurídica de los ciudadanos, bien condicionándola o bien limitándola. Esto significa que la actividad de la Administración incide de forma negativa sobre la libertad y derechos de los particulares. Las principales formas de actuación de limitación son las servidumbres administrativas, el deslinde adminsitrativo y las prohibiciones administrativas.

Servidumbres administrativas

Una de las principales limitaciones que conllevan limitaciones o restricciones a los ciudadanos son las servidumbres administrativas, que constituyen a su vez un derecho real para la Administración.

El Art. 530 ,Código Civil dice que la servidumbre es aquel gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro, perteneciente a distinto propietario. Aunque en la legislación positiva no es frecuente el rigor técnico en la utilización de los términos de servidumbre y limitación, se pueden mencionar como ejemplos de servidumbres:

- La colocación de buzones, farolas y placas.

- Las de paso para conducciones eléctricas.

- La vigilancia y salvamento en zonas marítimo-terrestres.

- Las de paso.

- El acueducto, estribo de presa y parada o partidor, de abrevadero y saca de aguas.

- Las servidumbres militares.

- Las limitaciones en interés de la defensa nacional.

- Las limitaciones por razones histórico-artísticas.

- Las limitaciones por razón de proximidad al dominio público, montes, carreteras, ferrocarriles.

- Las servidumbres aéreas.

- Limitaciones por razón del urbanismo (Ley del Suelo).

A. Servidumbres aeronáuticas

Estas servidumbres están reguladas en los Art. 51-54 ,LNA.

Los terrenos, construcciones e instalaciones que circunden los aeropuertos, aeródromos y ayudas a la navegación estarán sujetos a las servidumbres ya establecidas o que se establezcan en disposiciones especiales referentes al área de maniobra y al espacio aéreo de aproximación.

La naturaleza y extensión de dichos gravámenes se determinarán mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, conforme a las disposiciones vigentes, en cada momento, sobre tales servidumbres.

En casos de urgencia, las servidumbres podrán ser establecidas por el Ministerio del Aire (actual Ministerio de Defensa), quedando sin efecto si en el plazo de un año no son conformadas por el Consejo de Ministros.

Corresponde al Ministerio del Aire (Ministerio de Defensa) el cumplimiento de aquellas disposiciones y hacer efectivas dichas servidumbres por sus propios medios, y si éstos fuesen insuficientes podrán recabar la cooperación y auxilio de otros Departamentos ministeriales y autoridades, incluso si fuese necesario para la inmediata demolición o desaparición de lo edificado, instalado e plantado, contraviniendo la servidumbre de que se trate.

Los propietarios o poseedores de inmuebles no podrán oponerse a la entrada en sus fincas o paso por ellas para las operaciones de salvamento o auxilio a aeronaves accidentadas.

Los daños y perjuicios que se causen en los bienes afectados por las servidumbres a que se refieren los Art. 51,Art. 53 ,LNAserán indemnizables si a ello hubiere lugar, aplicando las disposiciones sobre expropiación forzosa.

B. Servidumbres del sector eléctrico

El régimen jurídico de estas servidumbres lo encontramos en los Art. 52-58 ,Ley del Sector Eléctrico.

Se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.

Dicha declaración de utilidad pública se extiende a los efectos de la expropiación forzosa de instalaciones eléctricas y de sus emplazamientos cuando por razones de eficiencia energética, tecnológicas o medioambientales sea oportuna su sustitución por nuevas instalaciones o la realización de modificaciones sustanciales en las mismas.

Para el reconocimiento en concreto de la utilidad pública de las instalaciones aludidas en el Art. 52 ,Ley del Sector Eléctrico, será necesario que la empresa interesada lo solicite, incluyendo una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el solicitante considere de necesaria expropiación.

La petición se someterá a información pública y se recabará informe de los organismos afectados.

Concluida la tramitación, el reconocimiento de la utilidad pública será acordado por el Ministerio de Industria y Energía, si la autorización de la instalación corresponde al Estado, sin perjuicio de la competencia del Consejo de Ministros en caso de oposición de organismos u otras entidades de derecho público, o por el organismo competente de las Comunidades Autónomas en los demás casos.

La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación.

Igualmente, llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

La servidumbre de paso de energía eléctrica tendrá la consideración de servidumbre legal, gravará los bienes ajenos en la forma y con el alcance que se determinan en la presente Ley y se regirá por lo dispuesto en la misma, en sus disposiciones de desarrollo y en la legislación mencionada en el Art. 55 ,Ley del Sector Eléctrico.

La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía.

La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable.

Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación y reparación de las correspondientes instalaciones.

No podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión:

- Sobre edificios, sus patios, corrales, centros escolares, campos deportivos y jardines y huertos, también cerrados, anejos a viviendas que ya existan al tiempo de decretarse la servidumbre, siempre que la extensión de los huertos y jardines sea inferior a media hectárea.

- Sobre cualquier género de propiedades particulares, si la línea puede técnicamente instalarse, sin variación de trazado superior a la que reglamentariamente se determine, sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, Comunidades Autónomas, de las provincias o los municipios, o siguiendo linderos de fincas de propiedad privada.

La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide al dueño del predio sirviente cercarlo o edificar sobre él dejando a salvo dicha servidumbre, siempre que sea autorizado por la Administración competente, que tomará en especial consideración la normativa vigente en materia de seguridad.

Podrá asimismo el dueño solicitar el cambio de trazado de la línea, si no existen dificultades técnicas, corriendo a su costa los gastos de la variación.

La variación del tendido de una línea como consecuencia de proyectos o planes aprobados por la Administración comportará el pago del coste de dicha variación.

Deslinde administrativo

También es necesario mencionar otro de los límites administrativas, el conocido como deslinde administrativo.

La Ley de Patrimonio del Estado se refiere al deslinde administrativo como la potestad administrativa, que otorga la facultad a la Administración para acudir a este procedimiento con el objeto de deslindar los inmuebles que considere de su dominio.

El procedimiento de deslinde se puede iniciar de oficio por la Administración o a instancia de parte. En caso de iniciarse a instancia de parte, es necesario que el peticionario acepte previamente el presupuesto de gastos y deposite una cantidad a cuenta.

El primer trámite a realizar es la notificación de la incoación de un expediente de deslinde, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia que corresponda y en los Ayuntamientos respectivos, ya que éstos serán los encargados de comunicarlo directamente a los afectados. Asimismo, la Comunidad Autónoma y otros organismos tendrán que ser informados en cuanto a lo que puedan verse afectados.

Una vez citados sobre el terreno los interesados, los técnicos de la Confederación Hidrográfica efectuarán el replanteo de la línea definida, adecuándola a los datos y contenidos obtenidos. Se levantará acta, que deberá ser suscrita por todos lo asistentes, en la que constarán los datos de estaquillado y cuantas alegaciones se formulen.

Realizado el replanteo y estudiadas las nuevas alegaciones que pudieran ser formuladas, se elabora la propuesta razonada de deslinde que, junto con la documentación aportada al expediente, será objeto de información pública mediante anuncio en los Ayuntamientos afectados, Boletines Oficiales y medios de comunicación social, en su caso.

El Organismo de cuenca, previo informe de la Abogacía del Estado, y de forma especial si se hubieran presentado reclamaciones o alegaciones, resolverá lo que en derecho corresponda. La resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar las inscripciones del Registro de la Propiedad contradictorias con el mismo, siempre que haya intervenido en el expediente el titular registral, conforme a la legislación hipotecaria. Asimismo, la resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para que la Administración proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio público cuando lo estime conveniente.

Prohibiciones administrativas

Las prohibiciones administrativas más importantes son las referidas a la contratación. Así, según la Ley de Contratos del Sector Público, no podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurran alguna de las siguientes circunstancias (Art. 60 ,Ley de Contratos del Sector Público):

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitución o integración de una organización o grupo criminal, asociación ilícita, financiación ilegal de los partidos políticos, trata de seres humanos, corrupción en los negocios, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, fraudes, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversación, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio. La prohibición de contratar alcanzará a las personas jurídicas que sean declaradas penalmente responsables, y a aquéllas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representación y hasta su cese, se encontraran en la situación mencionada en este apartado.

b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; por infracción muy grave en materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; en la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases; en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación; o por infracción muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, así como por la infracción grave prevista en el apdo. 2 del  Art. 22 ,Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

c) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el Art. 42 ,Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, en las condiciones que reglamentariamente se determinen. En relación con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, se considerará que las empresas se encuentran al corriente en el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas.

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el Art. 146 ,Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la información que corresponda en materia de clasificación y la relativa a los registros de licitadores y empresas clasificadas.

f) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de sanción administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

g) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado o las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.

La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y los altos cargos a que se refiere el párrafo anterior, así como los cargos electos al servicio de las mismas. La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitución del primero.

h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado el incumplimiento a que se refiere el apdo. 6 del Art. 18 ,Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado  de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de Regulación de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca dentro de la organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de dos años a contar desde el cese como alto cargo.

2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impedirán a los empresarios contratar con las entidades comprendidas en el Art. 3 ,Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre , en las condiciones establecidas en el Art. 61bis ,Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre las siguientes:

a) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un procedimiento de adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado 2 del Art. 151 ,Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia.

b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en el apdo. 3 del Art. 156 ,Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

c) Haber incumplido las cláusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de ejecución establecidas de acuerdo con lo señalado en el Art. 118 ,Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infracción grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios.

d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en el  Art. 3 ,Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre

3. Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

 

Expropiación forzosa: ocupación temporal

La Administración, así como las personas o entidades que se hubieran subrogado en su derecho, podrán ocupar temporalmente los terrenos propiedad del particular en los casos siguientes:

- Con objeto de llevar a cabo estudios o practicar operaciones facultativas de corta duración, para recoger datos para la formación del proyecto o para el replanteo de una obra.

- Para establecer estaciones y caminos provisionales, talleres, almacenes, depósitos de materiales y cualesquiera otros más que requieran las obras previamente declaradas de utilidad pública, así por lo que se refiere a su construcción como a su reparación o conservación ordinarias.

- Para la extracción de materiales de toda clase necesarios para la ejecución de dichas obras, que se hallen diseminados por la propiedad, o hayan de ser objeto de una explotación formalmente organizada.

- Cuando por causa de interés social y la Administración estime conveniente, no haciéndolo por sí el propietario, la realización por su cuenta de los trabajos necesarios para que la propiedad cumpla con las exigencias sociales de que se trate.

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