La liquidación de las sociedades

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 25/01/2016

La liquidación de la sociedad comprende una serie de actos que van dirigidos a la satisfacción de los acreedores sociales y a la distribución del patrimonio social remanente entre los socios.

Las normas de liquidación se encuentran contenidas en los Art. 227-238 ,Código de Comercio, y en los Art. 371-394 ,Ley de Sociedades de Capital . Estas últimas tienen carácter imperativo para las liquidaciones de sociedades anónimas, sociedades comanditarias por acciones y sociedades de responsabilidad limitada.

La disolución de la sociedad abre el período de liquidación.

La sociedad disuelta conservará su personalidad jurídica mientras la liquidación se realiza. Durante ese tiempo deberá añadir a su denominación la expresión «en liquidación».

Durante el período de liquidación se observarán las disposiciones de los estatutos en cuanto a la convocatoria y reunión de las juntas generales de socios, a las que darán cuenta los liquidadores de la marcha de la liquidación para que acuerden lo que convenga al interés común, y continuarán aplicándose a la sociedad las demás normas previstas en la Ley de Sociedades de Capital, que no sean incompatibles con la presente situación de liquidación.

En caso de apertura de la fase de liquidación en el concurso de acreedores de la sociedad, la liquidación se realizará conforme a lo establecido en la Ley Concursal.

El Art. 373 ,Ley de Sociedades de Capital, prevé el supuesto de intervención del Gobierno en las sociedades anónimas, disponiendo lo siguiente:

“Cuando el Gobierno, a instancia de accionistas que representen, al menos, la quinta parte del capital social, o del personal de la empresa, juzgase conveniente para la economía nacional o para el interés social la continuación de la sociedad anónima, podrá acordarlo así por real decreto, en que se concretará la forma en que ésta habrá de subsistir y las compensaciones que, al ser expropiados de su derecho, han de recibir los accionistas.

En todo caso, el real decreto reservará a los accionistas, reunidos en junta general, el derecho a prorrogar la vida de la sociedad y a continuar la explotación de la empresa, siempre que el acuerdo se adopte dentro del plazo de tres meses, a contar de la publicación del real decreto.”

 

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