Medidas cautelares y audiencia preliminar en la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas en el orden social

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 17/02/2014

Medidas cautelares y audiencia preliminar en relación al proceso de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.

El Art. 180 ,LJS, establece la posibilidad de que en el mismo escrito de demanda, al actor pueda solicitar la suspensión de los efectos del acto impugnado. Se trata de una medida cautelar adoptable con carácter previo al acto del juicio que tiene la finalidad de evitar en la medida de lo posible la producción de daños inevitables.

Estas medidas tienen un carácter excepcional y no pueden adoptarse en cualquier proceso en el que se alegue una presunta violación de derechos fundamentales, en este sentido dispone el apartado segundo del mencionado precepto lo siguiente:

“El juez o tribunal podrá acordar la suspensión de los efectos del acto impugnado cuando su ejecución produzca al demandante perjuicios que pudieran hacer perder a la pretensión de tutela su finalidad, siempre y cuando la suspensión no ocasione perturbación grave y desproporcionada a otros derechos y libertades o intereses superiores constitucionalmente protegidos.

No obstante lo anterior, en el caso de que se invoque vulneración de la libertad sindical, sólo se podrá deducir la suspensión de los efectos del acto impugnado cuando las presuntas lesiones impidan la participación de candidatos en el proceso electoral o el ejercicio de la función representativa o sindical respecto de la negociación colectiva, reestructuración de plantillas u otras cuestiones de importancia trascendental que afecten al interés general de los trabajadores y que puedan causar daños de imposible reparación”.

En caso de huelga, podrá solicitarse la adopción de medidas cautelares cuando “se impugnen exclusivamente los actos de determinación del personal laboral adscrito a los mínimos necesarios para garantizar los servicios esenciales de la comunidad, así como cuando se impugnen los actos de designación del personal laboral adscrito a los servicios de seguridad y mantenimiento precisos para la reanudación ulterior de las tareas”.

En relación con la conciliación y juicio, habrán de tener lugar en el plazo improrrogable de los cinco días siguientes al de admisión de la demanda, debiendo en todo caso mediar un mínimo de dos días entre la citación y la efectiva celebración de los mismos (181.1 ,LJS).

En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Para la inversión de la carga de la prueba no basta, por tanto, su mera alegación, sino que es necesario acreditar indicios de violación de la libertad sindical.

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