Los medios de impugnación en el orden penal

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    Promovido por don Adán Méndez Cano respecto de las resoluciones dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional.

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

La existencia de los recursos en el proceso penal es un elemento del derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso con todas las garantías o a un proceso sin dilaciones indebidas derivados del Art. 24 ,Constitución Española:

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

 

Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

 

La Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

 

Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.

Pero este derecho a recurrir en el proceso penal tiene diversas facetas en función del tipo y resolución de que se trate, es decir, siendo resoluciones interlocutorias, incidentales o dictadas en el procedimiento preliminar por los órganos instructores, recurrirlas depende del hecho de que existan recursos previstos al efecto para ello, sin que su no regulación en algún caso pueda estimarse atentatoria de este derecho fundamental. Los recursos que se suelen conceder son reforma, apelación o queja.

Si se trata de decisiones de fondo, toda persona declarada culpable en un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior jerárquico conforme a lo previsto por la ley. A esto hay que decir que:

  •  La legitimación para recurrir debe entenderse extensiva no sólo al condenado sino a todo aquel habiendo sido absuelto hubiese visto alterado su derecho a la presunción de inocencia.
  •  La alusión al condenado no excluye que los acusadores puedan recurrir una decisión absolutoria sino la considera ajustada a derecho.
  •  Cualquiera de las partes puede hacer uso de los recursos que la ley tenga contemplados no pudiendo exigir un determinado tipo de ellos. Esto nos lleva a la conclusión de que si  no se prevé un recurso contra alguna resolución de fondo, ha de utilizarse lo previsto para situaciones similares. Tampoco se puede utilizar una determinada modalidad de recurso libremente escogida por la parte, o la creación de alguna en concreto.
  • En el ámbito de los recursos devolutivos, cumplen la exigencia constitucional de doble examen de una decisión de fondo. El fallo puede someterse a un tribunal superior al que lo dictó, pero no implica esto, la exigencia de una doble instancia en el sentido de que un segundo órgano conozca, en igualdad de condiciones, al que dictó la resolución recurrida. Nuestro Tribunal Constitucional admite que el Tribunal Supremo cumple el papel de “Tribunal Superior” a que se refiere el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considerando que éste no establece propiamente el derecho a una doble instancia, sino a que el fallo condenatorio sea remitido a un “tribunal superior”. Siendo así, la casación cumple plenamente tales exigencias, al poderse motivar el quebrantamiento de formas y garantías procesales, en el error en la apreciación de la prueba, en la infracción de normas sustantivas y poderse solicitar la práctica de pruebas propuestas e indebidamente denegadas. Y no solo eso, sino que motivarla sobre la afección al principio de presunción de inocencia, permite controlar el acierto del juzgador en la declaración de culpabilidad basada en los resultados de la prueba, constatando su licitud, su suficiencia y la razonabilidad de su valoración. En el Dictamen del Comité de Derechos Humanos se llega a la conclusión de que la casación, al limitarse a los aspectos formales o legales de la sentencia, no permitiendo la revisión íntegra del fallo y condena, vulnera las garantías del artículo 14.5 del Pacto.

Nos encontramos con sentencias que siendo recurribles, pueden dejar de serlo si se hubieran dictado con la conformidad del acusado en los casos y circunstancias que es viable, al respecto el 786.6 ,LECrim expresa que la sentencia de conformidad se dictará oralmente y documentará conforme a lo previsto en el apartado 2 del Art. 789 ,LECrim, sin perjuicio de su ulterior redacción. Si el fiscal y las partes, conocido el fallo, expresaran su decisión de no recurrir, el juez, en el mismo acto, declarará oralmente la firmeza de la sentencia, y se pronunciará, previa audiencia de las partes, sobre la suspensión o la sustitución de la pena impuesta.

El derecho a recurrir emerge tanto en el acceso a los que la ley permite como el derecho a obtener un nuevo pronunciamiento judicial sobre lo que está en tela de juicio. La naturaleza de los recursos se encuentra en el gravámen o perjuicio aducido por el recurrente, exige que quien lo resuelva sea coherente con tal circunstancia de manera que no empeore todavía más la situación de aquél, pues si fuera así su resolución estaría falta de correlación entre lo pretendido y lo fallado. Se prohíbe por tanto la reforma peyorativa o reformatio in peius, para evitar indefensión que se produciría en quien concurre.

Las resoluciones recurridas pueden tener dos efectos: suspensivo y extensivo. El efecto suspensivo, es decir si se recurre una resolución puede ésta causar o no efectos con respecto al recurso, o si debe esperarse a conocer su contenido para actuar en consecuencia, esto último es precisamente el efecto suspensivo. En el proceso penal se reconoce el efecto extensivo en beneficio del acusado no recurrente que puede verse afectado en su situación de forma favorable, aprovechándose de los resultados de un recurso interpuesto por un coacusado que mejoran los pronunciamientos de la resolución recurrida, teniendo como ejemplo lo del artículo 903 para la casación, conforme al cual cuando sea recurrente uno de los procesados, la nueva sentencia aprovechará a los demás en lo que les fuere favorable siempre que se encuentren en la misma situación que el recurrente y les sean aplicables los motivos alegados por los que se declara la casación de la sentencia. Nunca les perjudicará en lo que les fuere adverso.

La clasificación de los recursos que imperan en nuestro ordenamiento procesal penal es: recursos devolutivos y no devolutivos; ordinarios y extraordinarios e instrumentales; siendo competentes distintos órganos con competencia funcional para conocer de sus modalidades devolutivas.

Los recursos devolutivos son aquéllos cuyo conocimiento se atribuye al órgano jerárquicamente superior al que dictó la resolución que se recurre teniendo este carácter la apelación, la casación y la queja.

Son recursos ordinarios los que por una parte sólo precisan de la alegación de un perjuicio o gravámen causado en los intereses del recurrente por una determinada resolución judicial y por otra sitúan al órgano que debe conocer de él en igualdad de condiciones a la que estaba el que dictó la resolución recurrida.

Los recursos extraordinarios exigen para su interposición la concurrencia de alguno de los motivos que específicamente se permiten. Por tanto llegamos a la conclusión de que los recursos de reforma y súplica son ordinarios y no devolutivos; el recurso de apelación y la queja son ordinarios y devolutivos; la casación es un recurso extraordinario y devolutivo; los recursos de queja por denegación de otro recurso son instrumentales y devolutivos.

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Indefensión
Tutela
Interés legitimo
Presunción de inocencia
Derecho a la tutela judicial efectiva
Doble instancia
Derecho a proceso sin dilaciones indebidas
Derecho al Juez ordinario predeterminado
Dilaciones indebidas
Medios de prueba
Parentesco
Secreto profesional
Resolución recurrida
Error en la valoración de la prueba
Principio de presunción de inocencia
Efecto suspensivo
Derechos humanos
Conformidad del acusado
Sentencia de conformidad
Sustitución de penas
Reformatio in peius
Competencia funcional