Medios telemáticos en materia de contratación administrativa

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Los medios telemáticos se encuentran regulados en el Título III, del Libro V del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Art. 334 ,Ley de Contratos del Sector Público), rubricado “Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y telemáticos”.

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, a través de sus órganos de apoyo técnico, pondrá a disposición de todos los órganos de contratación del sector público una plataforma electrónica que permita dar publicidad a través de internet a las convocatorias de licitaciones y sus resultados y a cuanta información consideren relevante relativa a los contratos que celebren, así como prestar otros servicios complementarios asociados al tratamiento informático de estos datos. En todo caso, los perfiles de contratante de los órganos de contratación del sector público estatal deberán integrarse en esta plataforma, gestionándose y difundiéndose exclusivamente a través de la misma. En las sedes electrónicas de estos órganos se incluirá un enlace a su perfil del contratante situado en la Plataforma de Contratación del Estado.

Además, la plataforma deberá contar con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el inicio de la difusión pública de la información que se incluya en la misma. La publicación de anuncios y otra información relativa a los contratos en la plataforma surtirá los efectos previstos en la Ley.

En lo que respecta al acceso de los interesados a la plataforma de contratación, cabe señalar que deberá efectuarse a través de un portal único, debiendo definirse reglamentariamente las modalidades de conexión de la Plataforma de Contratación con el portal del Boletín Oficial del Estado. A su vez, la Plataforma de Contratación del Estado, se interconectará con los servicios de información similares que articulen las Comunidades Autónomas y las Entidades locales en la forma que se determine en los convenios que se concluyan al efecto.

Al margen de los denominados procedimientos negociados sin publicidad y los menores, los poderes adjudicadores tienen la obligación de publicar en su perfil de contratante o en la plataforma de contratación del Estado sus licitaciones, es decir, todas las cantidades sin IVA:

  • Las obras cuyo valor estimado sea inferior a 200.000€.
  • La gestión de servicios públicos cuyo valor estimado sea inferior a 60.000€.
  • Los suministros cuyo valor estimado sea inferior a 60.000€.
  • Los servicios cuyo valor estimado sea inferior a 60.000€.
  • Los demás contratos cuyo valor estimado sea inferior a 60.000€.

A través de estas actuaciones,  se garantiza el cumplimiento de los principios generales de la contratación administrativa de libre concurrencia, igualdad y no discriminación, transparencia e imparcialidad y, en la medida en que se garantizan esos principios, podrá también conseguirse la oferta más ventajosa económicamente, lo cual se corresponde con el fin de cualquier procedimiento de contratación que se inste, y ello es así aunque se trate de un negociado sin publicidad o un contrato menor.

Asimismo, al margen de la información necesaria para licitar, para preparar la oferta son necesarios una serie de documentos:

 

1. Documentación jurídica que describe cuáles van a ser los criterios para seleccionar a la empresa y cuáles serán los derechos y obligaciones de las partes del contrato:

 

 

2. La documentación técnica que describe la realización de las prestaciones y las cualidades de los bienes o servicios que se precisan para satisfacer los intereses necesarios:

 

 

3. Modelos de los documentos que tendrán que cumplimentar y presentar los licitadores, como:

 

 

El Art. 22 ,Ley de Contratos del Sector Público viene a establecer los principios de la gestión eficiente de la contratación, entre los cuales destaca el principio en virtud del cual los entes públicos promoverán el acceso sin coste a la información. Teniendo en cuenta lo dispuesto por el precepto, podría interpretarse que será de obligado cumplimiento por la Administración facilitar electrónicamente los documentos jurídicos y técnicos que las empresas necesitan para licitar.



 

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