Las partes en el proceso penal: el ministerio fiscal como acusador público

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Acusador público: el Ministerio Fiscal

Se trata de un órgano estatal y público, cuya finalidad general es la defensa de la legalidad, y que, con carácter general, tiene la obligación de ejercitar la acción penal, como consecuencia del principio de oficialidad.

Su posición en el proceso penal se ha visto fortalecida, con la atribución de mayores prerrogativas, principalmente en la fase de instrucción (no se limita a ejercer la acusación, sino que toma parte activa con carácter previo durante la instrucción con finalidad de esclarecer los hechos delictivos e instar la persecución de los delitos).

El Art. 3 ,EOMF dice que “Para el cumplimiento de las misiones establecidas en el Art. 1 ,EOMF, corresponde al Ministerio Fiscal:

Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda.

Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos o instruyendo directamente el procedimiento en el ámbito de lo dispuesto en la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, pudiendo ordenar a la Policía Judicial aquellas diligencias que estime oportunas.

Velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas”

Su función más importante es la de ejercer la acción penal (Art. 105 ,LECrim y Art. 781 ,LECrim y 3.4 ,EOMF). Se materializa en la iniciación del proceso penal frente a la persona sospechosa de haber cometido un delito y formular la acusación en el momento pertinente. El Art. 105 ,LECrim dice que “Los funcionarios del Ministerio Fiscal tendrán la obligación de ejercitar, con arreglo a las disposiciones de la Ley, todas las acciones penales que consideren procedentes, haya o no acusador particular en las causas, menos aquellas que el Código Penal reserva exclusivamente a la querella privada. También deberán ejercitarlas en las causas por los delitos contra la honestidad que con arreglo a las prescripciones del Código Penal, deben denunciarse previamente por los interesados, o cuando el Ministerio Fiscal deba, a su vez, denunciarlos por recaer dichos delitos sobre personas desvalidas o faltas de personalidad”

No obstante, el Ministerio Fiscal debe ejercer la acción con objetividad e imparcialidad, de ahí que pueda retirar la acusación, en caso de que considere que no existe fundamento para el ejercicio de la acción.

La intervención del Ministerio Fiscal en el proceso penal abarca también a la acción civil, en los términos del Art. 108 ,LECrim en los mismos casos en que está obligado a ejercer la acción penal, está también obligado ejercitar la civil, con independencia de que la ejerza el perjudicado. Además, tiene una posición activa durante la fase de instrucción, en la que puede instar la realización de actos de investigación que estime necesarios con el fin de dilucidar los hechos investigados y preparar la acusación.

Incluso, el Ministerio Fiscal puede realizar de oficio u ordenar a la Policía Judicial actos de investigación de naturaleza preprocesal en la búsqueda de indicios y hechos que requieran o permitan la apertura de un proceso penal.

El Art. 773 ,LECrim dice que el Fiscal se constituirá en las actuaciones para el ejercicio de las acciones penal y civil conforme a la Ley. Velará por el respeto de las garantías procesales del imputado y por la protección de los derechos de la víctima y de los perjudicados por el delito.

En este procedimiento corresponde al Ministerio Fiscal, especialmente, impulsar y simplificar su tramitación sin merma del derecho de defensa de las partes y del carácter contradictorio del mismo, dando a la Policía Judicial instrucciones generales o particulares para el más eficaz cumplimiento de sus funciones, interviniendo en las actuaciones, aportando los medios de prueba de que pueda disponer o solicitando del Juez de Instrucción la práctica de los mismos, así como instar de éste la adopción de medidas cautelares o su levantamiento y la conclusión de la investigación tan pronto como estime que se han practicado las actuaciones necesarias para resolver sobre el ejercicio de la acción penal.

El Fiscal General del Estado impartirá cuantas órdenes e instrucciones estime convenientes respecto a la actuación del Fiscal en este procedimiento, y en especial, respecto a la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del Art. 780 ,LECrim .

Tan pronto como el Juez ordene la incoación del procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado, el Secretario judicial lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, quien comparecerá e intervendrá en cuantas actuaciones se lleven a cabo ante aquél.

Cuando el Ministerio Fiscal tenga noticia de un hecho aparentemente delictivo, bien directamente o por serle presentada una denuncia o atestado, practicará él mismo u ordenará a la Policía Judicial que practique las diligencias que estime pertinentes para la comprobación del hecho o de la responsabilidad de los partícipes en el mismo. El Fiscal decretará el archivo de las actuaciones cuando el hecho no revista los caracteres de delito, comunicándolo con expresión de esta circunstancia a quien hubiere alegado ser perjudicado u ofendido, a fin de que pueda reiterar su denuncia ante el Juez de Instrucción. En otro caso instará del Juez de Instrucción la incoación del procedimiento que corresponda con remisión de lo actuado, poniendo a su disposición al detenido, si lo hubiere, y los efectos del delito.

El Ministerio Fiscal podrá hacer comparecer ante sí a cualquier persona en los términos establecidos en la Ley para la citación judicial, a fin de recibirle declaración, en la cual se observarán las mismas garantías señaladas en esta Ley para la prestada ante el Juez o Tribunal.

Cesará el Fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos”.

Otras funciones en la fase de instrucción son ordenar la detención preventiva o solicitar la adopción de la prisión provisional

El Ministerio Fiscal supone la pieza fundamental y característica del sistema procesal acusatorio formal, que exige que, para que haya proceso y sentencia alguien lo pida, es decir, que la actividad jurisdiccional se promueva desde fuera de ella misma, quedando así separadas las funciones de acusar y de juzgar. Al atribuir a un órgano de naturaleza pública la obligación de ejercer la acción penal, se garantiza la existencia de al menos una parte acusadora.

 

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