Naturaleza del procedimiento concursal

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 01/02/2016

El concurso de acreedores, aparte de estado legal en el que se encuentra el deudor a raíz de la declaración de concurso, hace también referencia a un procedimiento mediante el cual se declara dicho estado y se tramitan las consecuencias que del mismo se derivan. La doctrina ha calificado de forma mayoritaria al concurso de acreedores como un procedimiento judicial de ejecución universal.

 

Tal y como afirma la exposición de motivos de la ley concursal, este concepto describe la “concurrencia de los acreedores sobre el patrimonio del deudor común”.

Siguiendo lo establecido en el derecho positivo resulta claro que el concurso de acreedores se puede definir como un verdadero procedimiento judicial, ya que se atribuye el conocimiento del procedimiento al juez concursal, el cual realiza funciones jurisdiccionales.

Es por tanto el juez el que dirige el procedimiento concursal, atribuyéndole la ley concursal amplias facultades y discrecionalidades.

Las facultades del juez se extienden incluso a la fase de preconcurso, pues le corresponde también la homologación de los acuerdos de refinanciación alcanzados por el deudor con los acreedores, en los términos previstos en la ley.

En este sentido dispone el 43.2 ,Ley Concursal que hasta la aprobación judicial del convenio o la apertura de la liquidación, no se podrán enajenar o gravar los bienes y derechos que integran la masa activa sin autorización del juez.

Por otro lado, y en virtud de lo establecido en el 131.1 ,Ley Concursal, el juez, haya sido o no formulada oposición, rechazará de oficio el convenio aceptado por los acreedores si apreciare que se ha infringido alguna de las normas que esta ley establece sobre el contenido del convenio, sobre la forma y el contenido de las adhesiones y sobre la tramitación escrita o la constitución de la junta y su celebración.

El procedimiento concursal puede definirse también como procedimiento de ejecución pues tiene como objeto todo el patrimonio del deudor, tanto aquel que integra la masa activa a la fecha de la declaración del concurso como el que se reintegre al mismo o el que el deudor adquiera hasta la fecha de terminación del concurso.

Pero el concurso no puede definirse como un procedimiento de ejecución forzosa, tal y como se regula en el Art. 517 ,LEC.

La ejecución forzosa es un procedimiento sumario cuyo fundamento es la existencia de un título de carácter cualificado por su origen (judicial, arbitral, etc), en virtud del cual se conceden inmediatamente al acreedor las medidas de aseguramiento que solicite, que generalmente suelen tratarse de embargos.

El concurso no comparte la característica de ejecución forzosa pues:

  • Por un lado, no se dirige necesariamente a la ejecución del patrimonio del deudor. Aunque la finalidad del concurso es la satisfacción de los acreedores, esta no tiene porque alcanzarse mediante la liquidación de los bienes del deudor, sino que se puede lograr mediante un convenio que permita la continuidad de la actividad del concursado, sin necesidad de la traba o ejecución en pública subasta de los bienes.
  • Por otro lado, el concurso no se funda en la existencia de un título privilegiado por su origen.

Por tanto, desde la óptica procesal, no es correcto hablar de concurso como un proceso de ejecución forzosa, no obstante, su calificación como procedimiento de ejecución sin más es admisible por razones históricas, por entender que la satisfacción de los acreedores en sentido amplio es el fin primordial del concurso.

Una tercera característica del concurso es su carácter universal. Dicho carácter universal del concurso justifica la concentración en un solo órgano jurisdiccional del conocimiento de todas estas materias, cuya dispersión quebranta la necesaria unidad procedimental y de decisión.

No obstante, dicha pretendida universalidad no es absoluta pues admite diversas excepciones como son las que a continuación se describen:

  • Aunque el concurso tienda a abarcar todo el patrimonio del concursado, el carácter de universalidad entra en conflicto con el principio de territorialidad de las normas procesales, pues, tal y como dispone el Art. 3 ,LEC, los procesos civiles que se sigan en el territorio nacional se regirán únicamente por las normas procesales españolas, con las solas excepciones que puedan prever los Tratados y Convenios internacionales. En estos casos, si los Estados han establecido criterios distintos para la determinación de la competencia judicial internacional, puede ocurrir que se tramiten en Estados diferentes dos concursos del mismo deudor.
  • Es posible que, tras la declaración de concurso, se continúen la margen de este, procedimientos iniciados en otras jurisdicciones distintas así como que se ejerciten acciones frente a otros órganos jurisdiccionales distintos del juez del concurso.

Tal y como afirma el Art. 10 ,Ley Concursal, los efectos de este concurso, que en el ámbito internacional se considerará “concurso territorial”, se limitarán a los bienes del deudor, afectos o no a su actividad, que estén situados en España. En el caso de que en el Estado donde el deudor tiene el centro de sus intereses principales se abra un procedimiento de insolvencia, se tendrán en cuenta las reglas de coordinación previstas en el capítulo IV del título IX de la ley concursal.

Por último cabe mencionar que en los Art. 50-57 ,Ley Concursal se preven mecanismos para la continuación de determinados procedimientos o incluso su inicio, ya que es inevitable que se sigan tramitando algunos procedimientos que ya estaban en curso en el momento de inicio del concurso de acreedores, no obstante estos casos son excepcionales.

 

 

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Concurso de acreedores
Procedimiento concursal
Ejecución forzosa
Declaración de concurso
Juez del concurso
Acuerdos de refinanciación
Juicio sumario
Subasta pública
Proceso de ejecución
Concentración
Patrimonio del concursado
Principio de territorialidad
Insolvencia