Normas aplicables a los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 02/03/2017

Para conocer las normas aplicables a los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental habrá que acudir a lo dispuesto en los Art. 41-49 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre, preceptos que deben interpretarse y completarse con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Los Art. 41-49 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre, preceptos encuadrados en el Capítulo VI de la norma se ocupan de las "Normas aplicables a los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental", diseñando un detallado esquema procedimental que se sintetiza a continuación.

Iniciación del procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental y concepto de interesado

Según el apdo. 1 del Art. 41 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre, los procedimientos de exigencia de la responsabilidad medioambiental pueden iniciarse:

  • De oficio por acuerdo motivado del órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, bien a petición razonada de otros órganos o bien por medio de denuncia que dé traslado de unos hechos que, a juicio del órgano competente, sean suficientes para acordar el inicio.

  • A solicitud del operador o de cualquier otra persona interesada.

En el caso de inicio por solicitud de un interesado distinto del operador, ésta se formalizará por escrito y especificará los daños o las amenazas de daños medioambientales de que se trate (apdo. 2 del Art. 41 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre). La solicitud tendrá, de ser posible, el siguiente contenido:

  • La acción u omisión del presunto responsable.

  • La identificación del presunto responsable.

  • La fecha en la que se produjo la acción u omisión.

  • El lugar donde se ha producido el daño o la amenaza de daño.

  • La relación de causalidad entre la acción o la omisión del presunto responsable y el daño o la amenaza de daño.

Como dispone el apdo. 3 del Art. 41 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre, el órgano competente se pronunciará sobre la admisión de la solicitud de inicio del procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental y lo comunicará al solicitante en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la recepción de la solicitud. En los procedimientos que se inicien a solicitud de interesado distinto del operador, si el órgano competente comprobara que la solicitud de inicio no incluye los elementos señalados, requerirá al solicitante para que, en un plazo de diez días hábiles, acompañe los documentos preceptivos. En los casos en que no se produzca dicha subsanación, se le tendrá por desistido de su solicitud, en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (la referencia debe entenderse hecha al Art. 68 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).  Sin perjuicio de lo anterior, el órgano competente podrá inadmitir la solicitud, mediante resolución motivada, en los casos de aquellas solicitudes que carezcan manifiestamente de fundamento o se hubieran desestimado en cuanto al fondo por resolución firme anterior otras solicitudes sustancialmente idénticas. Frente a dicha resolución de inadmisión podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso.

Por lo que respecta a la condición de interesado, el Art. 42 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre señala que, a los efectos de lo previsto en tal norma, tendrán la condición de interesados: 

  • Toda persona física o jurídica en la que concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (la referencia debe entenderse hecha al Art. 4 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

  • Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que acrediten el cumplimiento de los siguientes requisitos:

    • Que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular.

    • Que se hubieran constituido legalmente al menos dos años antes del ejercicio de la acción y que vengan ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.

    • Que según sus estatutos desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado por el daño medioambiental o la amenaza de daño.

  • Los titulares de los terrenos en los que deban realizarse medidas de prevención, de evitación o de reparación de daños medioambientales.

  • Aquellos otros que establezca la legislación de las comunidades autónomas.

Medidas provisionales y resolución del procedimiento de responsabilidad medioambiental

Como dispone el Art. 44 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre,  durante la tramitación de los procedimientos se podrán adoptar con carácter provisional todas aquellas medidas preventivas y de evitación de nuevos daños que sean necesarias para que no se agrave la situación, ni se causen daños medioambientales y, especialmente, para garantizar la salud humana; con la misma finalidad (Cfr. apdo. 2 del Art. 44 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre), se podrán adoptar medidas provisionales previas, con los límites y condiciones establecidos en el artículo 72.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (la referencia debe entenderse hecha al apdo. 2 del Art. 56 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre). Estas medidas podrán consistir en imponer al operador la realización de las actuaciones que se juzguen necesarias y que, en caso de incumplimiento, serán susceptibles de ejecución forzosa, así como en actuaciones que haya de realizar la autoridad competente, aun a costa del responsable.

En lo que concierne a la resolución del procedimiento, el Art. 45 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre dispone lo siguiente:

  • La autoridad competente resolverá motivadamente y de forma expresa los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental, bien exigiendo al operador la responsabilidad medioambiental en la que hubiera incurrido, bien declarando que no existe dicha responsabilidad. En todo caso podrán ser denegadas, de forma motivada, aquellas solicitudes manifiestamente infundadas o abusivas.

  • En la resolución se determinarán, al menos, los siguientes extremos:

    • Descripción de la amenaza o del daño medioambiental que se ha de eliminar.

    • Evaluación de la amenaza o del daño medioambiental.

    • Cuando corresponda, definición de las medidas de prevención o de evitación de nuevos daños que se deban adoptar, acompañadas, en su caso, de las instrucciones oportunas sobre su correcta ejecución.

    • Cuando corresponda, definición de las medidas de reparación que se deban adoptar, acompañadas, en su caso, de las instrucciones oportunas sobre su correcta ejecución. Dicha definición se realizará con arreglo a lo previsto en el anexo II o en los criterios adicionales que con el mismo objetivo establezcan las comunidades autónomas, y teniendo en cuenta la propuesta formulada por el operador.

    • Identificación del sujeto que debe aplicar las medidas.

    • Plazo conferido para su ejecución.

    • Cuantía y obligación de pago de las medidas que, en su caso, hubiere adoptado y ejecutado la autoridad competente.

    • Identificación de las actuaciones que, en su caso, deba realizar la Administración pública.

  •  La autoridad competente deberá resolver y notificar en el plazo máximo de seis meses. En casos científica y técnicamente complejos, la autoridad podrá ampliar este plazo hasta tres meses adicionales, notificando a los interesados dicha ampliación. A los solos efectos de permitir a los interesados la interposición de los recursos administrativos o contencioso administrativos que fueran procedentes, transcurrido el plazo mencionado se entenderá desestimada la solicitud o se producirá la caducidad del procedimiento iniciado de oficio en los términos previstos en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (la referencia debe entenderse hecha a la letra a del apdo. 1 del Art. 25 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de la obligación inexcusable de la autoridad competente de resolver.

  • Las resoluciones de la autoridad competente serán recurribles con arreglo a lo previsto en el título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre  (la referencia debe entenderse hecha al título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) y demás normativa aplicable.

Por su parte, el Art. 46 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre admite la terminación convencional del procedimiento y el Art. 47 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre  aborda la posiblidad de ejecución forzosa en caso de incumplimiento de las resoluciones administrativas que impongan el deber de realizar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales.

Recuperación de costes por parte de la Administración pública

El Art. 48 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre  dispone que cuando la autoridad competente haya adoptado por sí misma las medidas de prevención, de evitación de nuevos daños o de reparación de acuerdo con lo establecido en los  Art. 23,Art. 47 ,Ley 26/2007, de 23 de octubreexigirá al operador responsable la obligación de satisfacer los costes generados. A este respecto dispondrá de un plazo de cinco años para exigir al operador responsable la obligación de satisfacer los gastos a los que se refiere el apartado anterior. Este plazo (apdo. 2 del Art. 48 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre) se empezará a contar a partir de la más tardía de las siguientes fechas.

  • Aquélla en que haya terminado la ejecución de las medidas.

  • Aquélla en que haya identificado al responsable

El cómputo del plazo se interrumpirá por las siguientes causas:

  • Por cualquier acción de la autoridad competente realizada con conocimiento formal del responsable, conducente a exigirle por los mismos hechos cualquier género de responsabilidad conforme a ésta o a cualquier otra ley.

  • Por instrucción de proceso penal por los mismos hechos generadores de la responsabilidad regulada en la ley.

  • Por la solicitud de interesados, con conocimiento formal del responsable, conforme al Art. 44 ,Ley 26/2007, de 23 de octubre.

  • Por cualquier actuación de reconocimiento de responsabilidad por parte del obligado.

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