Normas procesales generales del procedimiento concursal (RDL 1/2020, de 5 de mayo)

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE desde 01 de Septiembre de 2020
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 15/09/2020

Los artículos 508-521 del TRLC se ocupa de detallar las normas procesales generales del procedimiento concursal.

Las normas procesales generales de tramitación del procedimiento se recogen en el Título XII del Libro I del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, desde el artículo 508 al 521.

Las secciones del procedimiento concursal

La tramitación del procedimiento concursal se ordena en distintas secciones, concretamente en seis. Su contenido viene determinado en el artículo 508 del TRLC, pudiendo abrirse en cada una de ellas las pieza separadas que resulten necesarias o convenientes para la ordenación de las actuaciones.

 

 

De acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo, que la tramitación del procedimiento se divida en distintas secciones que, a su vez, pueden componerse de varias piezas, responde a querer facilitar y dotar de mayor claridad a la tramitación del mismo, sin que este deje de ser un único procedimiento; de modo que si por ejemplo, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo, Nº 269/2016, de 22 de abril. ES:TS:2016:1781, un tribunal basa su decisión acerca de la calificación del concurso en documentos que no se encuentran recogidos en la sección de calificación, no se esta incurriendo en una infracción procesal, puesto que "el concurso es un único procedimiento".

Intervinientes en el procedimiento concursal

 

 

En cuanto a las partes necesarias, conviene subrayar lo dispuesto en el artículo 509 del TRLC, en la medida en que tanto el deudor como el administrador concursal se reconocen como parte en todas las secciones del concurso sin necesidad de comparecencia en la forma prevista en el TRLC para cada una de ellas. Lo mismo ocurre con el Ministerio Fiscal respecto a la sección sexta.

Sobre a la actuación de la administración concursal, también conviene destacar que, además de ser oída siempre sin necesidad de comparecencia en forma; cuando intervenga en incidentes o recursos "deberá hacerlo asistida de letrado"; salvo que el administrador concursal o el auxiliar delegado tengan la condición de letrado, ya que en estos supuestos la dirección técnica de estos incidentes o recursos se entiende incluida entre sus funciones. El TRLC, como destaca la Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, Nº 397/2007, de 6 de noviembre. ECLI: ES:APGI:2007:1757, "excluye la exigencia de que la administración concursal actúe representada por procurador, lo que supone, según un sector doctrinal, optar por un nuevo sistema en el que se considera a este órgano concursal una especie de Administración Pública que no precisa de tal representación".

Respecto a la representación y defensa de los trabajadores, el artículo 513 del TRLC establece que hay que estar a lo establecido en la Ley reguladora de la jurisdicción social (en adelante LRJS). Esto se traduce en que, como excepción a la regla general, los trabajadores están exentos de comparecer representado por Procurador y asistido por abogado, en la medida en que el artículo 18.1 de la LRJS prevé que "las partes podrán comparecer por sí mismas o conferir su representación a abogado, procurador, graduado social colegiado o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles"; esta previsión como destaca el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Nº 11/2010, de 22 de enero. ECLI: ES:APM:2010:2441A, no se restringe al ámbito del "incidente concursal laboral u otros procedimientos en los que se ejerciten acciones laborales, sino que se trata, como ha destacado un sector importante de la doctrina, de un norma establecida ratione personae y se aplica a favor de los trabajadores como excepción a la regla general".

En este contexto de los créditos laborales, ¿qué ocurre con el FOGASA?, ¿está legitimado para impugnar la clasificación dada a un crédito laboral, aunque no se haya subrogado en el crédito?

De acuerdo con la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia - Vitoria-Gasteiz, nº 42/2019, de 21 de marzo. ECLI: ES:JPI:2019:74, "Se trata de una parte personada en el concurso con un interés quizás todavía no directo y personal, pero la Ley concursal le reconoce un interés cuanto menos potencial y por ello ordena "llamarlo" al procedimiento. (...) Su legitimación para la impugnación de la clasificación de los créditos laborales, que finalmente le pueden afectar", no ofrece para este Juzgado ningún género de dudas.

Otras normas procesales concursales

 

 

En cuanto a la prejudicialidad penal conviene destacar lo ya indicado en el esquema, "la incoación de procedimientos criminales relacionados con el deudor o por hechos que tuvieran relación o influencia en el concurso de acreedores no provocará la suspensión de la tramitación de este, ni de ninguna de las secciones en que se divide"; ello no quiere decir que si fuese necesario, de acuerdo con el artículo 520.1 del TRLC, "se podría pedir la adopción por parte del juez del concurso de las medidas cautelares pertinentes para asegurar la ejecución de los pronunciamientos patrimoniales de la eventual condena penal; pero siempre que tales medidas no impidan continuar con la tramitación del concurso. Lo que subyace a esta normativa es, por una parte, la plena autonomía de la calificación concursal respecto de las eventuales calificaciones penales sobre los mismos hechos objeto de calificación concursal; y, por otra, la prioridad en evitar dilaciones en la tramitación del concurso de acreedores (...)". Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Rec. 4521/2017, de 29 de octubre. ECLI: ES:TS: 2019:11146A.

Por tanto, es el juez del concurso el que "una vez declarado el concurso, es el único competente para acordar una medida cautelar sobre el patrimonio del deudor es el juez del concurso. O, dicho de otro modo, no cabe que un tribunal distinto del juez del concurso adopte medidas cautelares que afecten a la masa del concurso de acreedores, mientras este esté en vigor". De hecho, cuando el artículo 519 del TRLC, "se plantea cómo garantizar la efectividad de un eventual pronunciamiento de responsabilidad civil contenido en una sentencia penal, en un momento en que la causa criminal está en fase de instrucción o enjuiciamiento, no opta por legitimar al juez penal para adoptar medidas cautelares sobre el patrimonio del concursado. Lo que prevé es que será competencia exclusiva del juez del concurso, adoptar, a solicitud del juez o tribunal del orden jurisdiccional penal, cualquier medida cautelar de carácter patrimonial que afecte a la masa activa, incluidas las de retención de pagos a los acreedores inculpados en procedimientos criminales u otras análoga. De tal forma que el eventual crédito por responsabilidad civil contra el deudor concursado que se llegara a declarar en una sentencia penal no debería sustraerse a las reglas del concurso de acreedores. Y a quien le corresponde el control de las medidas para que sea así es al juez del concurso, a quien el artículo 520, le reconoce la competencia para adoptar las medidas que garanticen que el acreedor de aquel posible crédito por responsabilidad civil derivada de delito, pendiente de resolución en una sentencia penal, no quede postergado en el cobro. Pero, en ningún caso el juez de instrucción puede adoptar medidas cautelares sobre la masa activa intervenida en el concurso de acreedores, y, bajo la lógica de la función de las medidas cautelares, hay que entender que la declaración de concurso conlleva la innecesariedad de todas aquellas adoptadas en otros procedimientos, en cuanto que la función cautelar es sustituida por las medidas propias del concurso". Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Rec. 6/2019, de 11 de octubre. ECLI: ES:TS:2019:10565A.

 

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Deudor concursado
Pago a los acreedores
Declaración de concurso

RDLeg. 1/2020 de 5 de May (TR. Ley Concursal) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 127 Fecha de Publicación: 07/05/2020 Fecha de entrada en vigor: 01/09/2020 Órgano Emisor: Ministerio De La Presidencia, Relaciones Con Las Cortes Y Memoria Democratica

Ley 36/2011 de 10 de Oct (Jurisdicción social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 245 Fecha de Publicación: 11/10/2011 Fecha de entrada en vigor: 11/12/2011 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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