Normativa sobre potestad sancionadora en materia de extranjería

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 03/10/2016

Normativa aplicable

1. El ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de las infracciones administrativas previstas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, se ajustará a la dispuesto en la misma y en sus disposiciones de desarrollo, y en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -la referencia debe entenderse hecha a la Ley 39/2015, de 1 de octubre y Ley 40/2015, de 1 de octubre-(Art. 50 ,LOEX y Art. 216 ,RD 557/2011, de 20 de abril). (1)

2. No se impondrá sanción alguna por infracciones a los preceptos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sino en virtud de procedimiento instruido al efecto.

3. En supuestos como

a) infracción leve (aprt. c), d) y e), Art. 52 ,LOEX) motiva por:

  1. Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa para trabajar por cuenta propia, cuando se cuente con permiso de residencia temporal.
  2. Encontrarse trabajando en una ocupación, sector de actividad, o ámbito geográfico no contemplado por la autorización de residencia y trabajo de la que se es titular.
  3. La contratación de trabajadores cuya autorización no les habilita para trabajar en esa ocupación o ámbito geográfico, incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados.

b) infracción grave (aprt. b), 53.1 ,LOEX y a) 53.2 ,LOEX):

  1. Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de residencia válida.
  2. No dar de alta, en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, al trabajador extranjero cuya autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena hubiera solicitado, o no registrar el contrato de trabajo en las condiciones que sirvieron de base a la solicitud, cuando el empresario tenga constancia de que el trabajador se halla legalmente en España habilitado para el comienzo de la relación laboral. No obstante, estará exento de esta responsabilidad el empresario que comunique a las autoridades competentes la concurrencia de razones sobrevenidas que puedan poner en riesgo objetivo la viabilidad de la empresa o que, conforme a la legislación, impidan el inicio de dicha relación.

a) infracción muy grave (aprt. d) y f) 54.1 ,LOEX)

  1. La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de residencia y trabajo, incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados, siempre que el hecho no constituya delito.
  2. Simular la relación laboral con un extranjero, cuando dicha conducta se realice con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente derechos reconocidos en esta Ley, siempre que tales hechos no constituyan delito.

El procedimiento sancionador se iniciará por acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Regulación de las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social), de acuerdo con lo establecido en el procedimiento sancionador por infracciones del orden social (Procedimientos para imposición de sanciones por infracciones de orden social), .

4. En todo aquello no previsto en este reglamento será de aplicación supletoria el procedimiento regulado en el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (la referencia debe entenderse hecha, dada la derogación de la anterior norma, a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre).

(1) STS 24/03/2001 (R.7444/1996 ). señala que: " La naturaleza revisora de la jurisdicción Contencioso-administrativa no puede suponer una limitación de la plenitud de jurisdicción que también caracteriza a este orden. Y ello se traduce en que no es ineludible acreditar cumplidamente en la vía previa los hechos en que se apoya el ejercicio de una acción o la reclamación de un derecho. Ya que lo que no cabe es alterar los hechos aducidos en vía administrativa previa como base de la pretensión, y ello en virtud del principio de la vinculación con los actos propios, pero la falta de aportación de pruebas en el procedimiento administrativo no impide solicitar en sede jurisdiccional todas las que sean conducentes a la acreditación de los hechos en que se funda la acción que se ejercita".

 

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