Organización territorial del Estado: principios, adm. local y CCAA
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Organización territorial del Estado: principios, adm. local y CCAA

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Estado: VIGENTE

Orden: administrativo

Fecha última revisión: 22/03/2021

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El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

¿Cómo se organiza territorialmente el Estado?

1. Regulación

El título VIII de la Constitución Española de 1978 abarca los artículos 137 a 158, y se ocupa de regular lo referente a la organización territorial del Estado.

Se divide a su vez en 3 capítulos:

  • Capítulo I. Principios generales (artículos 137-139).
  • Capítulo II. De la administración local (artículos 140-142).
  • Capítulo III. De las Comunidades Autónomas (artículos 143-158).

2. División territorial del Estado

Tal y como expresa el artículo 137 de la CE, el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

3. Principios

3.1. Principio de autonomía

El principio de autonomía que preside la organización territorial del Estado, «se configura como uno de los pilares básicos del ordenamiento constitucional». (STC n.º 104/2000, de 13 de abril, ECLI:ES:TC:2000:104).

Como explica el Tribunal Constitucional en su sentencia n.º 247/2007, de 12 de diciembre, ECLI:ES:TC:2007:247, el artículo 137 de la Constitución:

«(...) refleja una concepción amplia y compleja del Estado, compuesto por una pluralidad de organizaciones de carácter territorial dotadas de autonomía. Resulta así necesario delimitar cuál es el ámbito del principio de autonomía, con especial referencia a municipios y provincias, a cuyo efecto es preciso relacionar este principio con otros establecidos en la Constitución.

Ante todo, resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía —y aún este poder tiene sus límites—, y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, como expresa el art. 2 de la Constitución.

De aquí que el art. 137 de la Constitución delimite el ámbito de estos poderes autonómicos circunscribiéndolos a la "gestión de sus respectivos intereses", lo que exige que se dote a cada ente de todas las competencias propias y exclusivas que sean necesarias para satisfacer el interés respectivo. 

Este poder "para la gestión de sus respectivos intereses" se ejerce "por lo demás" en el marco del Ordenamiento. Es la Ley, en definitiva, la que concreta el principio de autonomía de cada tipo de entes, de acuerdo con la Constitución. Y debe hacerse notar que la misma contempla la necesidad "como una consecuencia del principio de unidad y de la supremacía del interés de la Nación" de que el Estado quede colocado en una posición de superioridad, tal y como establecen diversos preceptos de la Constitución tanto en relación a las Comunidades Autónomas, concebidas como entes dotadas de autonomía cualitativamente superior a la administrativa (arts. 150.3 y 155, entre otros), como a los entes locales (art. 148.1.2) (STC 4/1981, de 2 de febrero, FJ 3)».

3.2. Principio de solidaridad

Será el Estado el que garantice la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la CE, «velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular» (art. 138 CE).

Quedando prohibidos cualquier tipo de privilegios económicos o sociales entre las diferentes CCAA. 

Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 1/1982, de 28 de enero, ECLI:ES:TC:1982:1

«El carácter unitario del orden económico que la Constitución garantiza se vería fragmentado, y se incurriría en el fomento de privilegios económicos, prohibidos por el art. 138.2 de la Constitución, en favor de aquellas Comunidades de mayor capacidad de ahorro que lo invirtieran preferentemente en atención a sus intereses propios, con lo que se quebrantaría también eo ipso el principio de subordinación de toda la riqueza del país al "interés general" (art. 18.1 de la CE) y se privaría al Estado, que es un Estado social de Derecho (art. 1.1 de la CE), de importantes recursos con los que atender con la equidad debida, a múltiples necesidades de carácter general».

3.3. Principio de igualdad de derechos y obligaciones

Este principio se encuentra plasmado en el artículo 139 de la CE por el cual «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones cualquier parte del territorio del Estado».

Como expone el Tribunal Constitucional en la sentencia n.º 6/1982, de 22 de febrero, ECLI:ES:TC:1982:6, «por la igualdad de derechos que el artículo 139 de la Constitución reconoce a todos los españoles es lógico que sea competencia exclusiva del Estado "la regulación de las condiciones básicas" que garanticen a todos los españoles la igualdad en el ejercicio de sus derechos constitucionales, así como, ya en el campo educativo, la regulación de las "normas básicas para el desarrollo del art. 27 de la Constitución" (art. 149.1.30 de la CE)».

Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

«(...) la efectiva unicidad del orden económico nacional requiere la unidad de mercado en la medida en que están presentes dos supuestos irreductibles: la libre circulación de bienes y personas por todo el territorio nacional, que ninguna autoridad puede obstaculizar directa o indirectamente (art. 139.2 CE), y la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica (arts. 139.1 y 149.1.1 CE)» (STC 79/2017, de 22 de junio, ECLI:ES:TC:2017:79).

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