La regulación de los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas, ofrecida por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público

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Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas se regirán por las disposiciónes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. Esta Ley, establece importantes mejoras en la regulación de los órganos colegiados, en particular, los órganos colegiados de la Administración General del Estado, destacando la generalización del uso de medios electrónicos para que éstos puedan constituirse, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos, elaborar y remitir las actas de sus reuniones. Sin embargo, no será de aplicación la Ley 40/2015, de 1 de octubre, a los órganos colegiados del Gobierno de la Nación, los órganos colegiados de las Comunidades Autónomas, ni a los órganos colegiados de las Entidades Locales (Cfr. DA21 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre).

 

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, aborda la regulación de los órganos colegiados del siguiente modo:

No obstante, y antes de continuar, es preciso saber que las disposiciones de dicha Ley no serán de aplicación a los órganos colegiados del Gobierno de la Nación, los órganos colegiados de las Comunidades Autónomas, ni a los órganos colegiados de las Entidades Locales (Cfr. DA21 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre).

Por lo demás, y a título meramente enunciativo, cabría tener en cuenta las consideraciones que se realizan a continuación.

Respecto de los órganos colegiados en general de las distintas Administraciones Públicas:

Su régimen jurídico es el establecido en el Art. 15 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, y es el que sigue:

  • El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en la presente sección, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran.

  • Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas, cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados en la Administración Pública que corresponda, aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta, salvo que así lo establezcan sus normas de creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado.

  • El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran. Adicionalmente, las Administraciones podrán publicarlos en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento. Cuando se trate de un órgano colegiado a los que se refiere el apartado 2 de este artículo la citada publicidad se realizará por la Administración a quien corresponda la Presidencia.

En aras a la generalización del uso de los medios electrónicos por parte de las Administraciones Públicas, se introduce la posibilidad de que se constitituya, convoque, celebre sus sesiones, adopte acuerdos y remita actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario (Cfr. Art. 17 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre); incluso se prevé que el Acta de cada sesión incorpore una grabación siempre bajo certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad de esta grabación y cuantos documentos en soporte electrónico se utilicen en la sesión y acompañen al acta de las sesiones (Cfr. Art. 18 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre).

Respecto de los órganos colegiados de la Administración General del Estado:

En el apartado 1 del Art. 20 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre se definen los órganos colegiados del siguiente modo: “Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estén integrados por tres o más personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus Organismos públicos”. He aquí la diferencia con cualquier otra unidad administrativa integrada por más de tres personas, en la medida en que el órgano administrativo, tiene:“funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control”.

Conforme se señala en el apartado 2 del Art. 20 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre: la constitución de un órgano colegiado en la Administración General del Estado y en sus Organismos públicos tiene como presupuesto indispensable la determinación en su norma de creación o en el convenio con otras Administraciones Públicas por el que dicho órgano se cree, de los siguientes extremos:

  • Sus fines u objetivos.

  • Su integración administrativa o dependencia jerárquica.

  • La composición y los criterios para la designación de su Presidente y de los restantes miembros.

  • Las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como cualquier otra que se le atribuya.

  • La dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento.

Sin embargo, el apartado 1 del Art. 22 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre señala que sólo se requerirá de norma específica (para crear, modificar o suprimir un órgano colegiado), con publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en los casos en que se les atribuyan cualquiera de las siguientes competencias:

  •  Competencias decisorias.

  •  Competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban servir de base a decisiones de otros órganos administrativos.

  •  Competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la Administración General del Estado.

Por otro lado,se clasifican los órganos colegiados en interministeriales, si sus miembros proceden de diferentes Ministerios; y órganos colegiados ministeriales, si sus componentes proceden de los órganos de un solo Ministerio (Art. 21 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre).

 

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