Órganos consultivos en materia de contratación del Sector Público

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 10/11/2017

Los Art. 328 a Art. 334 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, vigentes desde el día siguiente a la publicación de esta última norma en el BOE (a diferencia de la práctica totalidad del texto, sujeto a una vacatio legis de 4 meses) se ocupan de regular los "Órganos Consultivos" en materia de contratación.

El Capítulo III del Título I del Libro IV, y en concreto los L-25476944-articulo328 a Art. 334 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, vigentes desde el día siguiente a la publicación de esta última norma en el BOE (a diferencia de la práctica totalidad del texto, sujeto a una vacatio legis de 4 meses) se ocupan de regular los "Órganos Consultivos" en materia de contratación.

Los mismos, son los siguientes:

Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado (Nótese que con anterioridad se denominaba Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado).

Se regula en en Art. 328 de la Ley, como el órgano específico de regulación y consulta en materia de contratación pública del sector público estatal (con independencia de que las entidades contratantes operen en los sectores a que se refiere la disposición adicional octava), un órgano colegiado con composición abierta a la participación del sector privado, adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, al que serán de aplicación las disposiciones relativas a órganos colegiados de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sus funciones esenciales son:

  • Promover la adopción de las normas o medidas de carácter general que considere procedentes para la mejora del sistema de contratación en sus aspectos administrativos, técnicos y económicos.

  • Aprobar recomendaciones generales o particulares a los órganos de contratación que serán publicadas, si de los estudios sobre contratación administrativa o de un contrato particular se dedujeran conclusiones de interés para la Administración.

  • Informar sobre las cuestiones que se sometan a su consideración y, con carácter preceptivo, sobre todas las disposiciones normativas de rango legal y reglamentario en materia de contratación pública de competencia estatal.

  • Coordinar el cumplimiento de las obligaciones de información que imponen las Directivas de Contratación.

Dentro de la propia Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, existe el Comité de Cooperación en materia de contratación pública ( Art. 329 ); esta cooperación tiene por objeto:

  • Coordinar los criterios de interpretación seguidos por las Administraciones Públicas en relación con las normas de la contratación pública.

  • Elaborar la propuesta de Estrategia Nacional de Contratación Pública que se someterá a la aprobación de la Oficina de Supervisión de la Contratación, conforme al apartado 6 a) del Art. 332 .

  • Proponer los criterios de selección de actuaciones de supervisión de la contratación, así como elaborar una metodología básica común para las mismas.

  • Supervisar el funcionamiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público y del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

  • Analizar las cuestiones relativas a la contratación pública que resulten de interés común.

  • Recopilar la información a la que se refieren las letras b), c), d) y e) del apartado 4 del Art. 328 , a cuyo efecto podrán establecer las instrucciones necesarias, y ponerla a disposición de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

De igual modo, el Comité de Cooperación en materia de contratación pública es el encargado de coordinar el impulso de la contratación electrónica en el ámbito del sector público y de promover el cumplimiento de los mandatos y objetivos de las directivas comunitarias en la materia.

Órganos consultivos en materia de contratación pública de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

El Art. 330 dispone que los órganos consultivos en materia de contratación pública que creen las Comunidades Autónomas ejercerán su competencia en su respectivo ámbito territorial, en relación con la contratación de las Entidades que integren el sector público autonómico, y, de establecerse así en sus normas reguladoras, de las Entidades Locales incluidas en el mismo, sin perjuicio de las competencias de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

Por otro lado (siguiendo con las Comunidades Autónomas y las Ciudades A. de Ceuta y Melilla) el Art. 331 , con la finalidad de que la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado pueda cumplir con las obligaciones establecidas en el Art. 328 respecto a la Comisión Europea, las Comunidades Autónomas remitirán en formato electrónico al Comité de Cooperación del Art. 329 , la siguiente documentación:

  • Un informe comprensivo de todas aquellas cuestiones mencionadas en las letras b), c), d) y e) del apartado 4 del Art. 328, con una periodicidad de -al menos- cada tres años.

  • Un informe comprensivo de las cuestiones previstas en el apartado 7 del Ley 9/2017 de 8 de Nov (Contratos del Sector Público)-artículo332 con una periodicidad de -al menos- cada tres años.

La documentación remitida incluirá información referida a las Entidades Locales sitas en sus respectivos ámbitos territoriales.

El Capítulo III al que se hace referencia, termina, además de con la previsión de una estrategia nacional de contratación pública ( Art. 334 ) con la creación de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación ( Art. 332 ) y previsiones normativas acerca de la Oficina Nacional de Evaluación ( Art. 33 ), creada ya por la Disposición adicional trigésimo sexta Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, como órgano que tiene como finalidad analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos de concesión de servicios.

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