Plazo para reclamar la devolución de los gastos hipotecarios

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 25/02/2021

Existen diferentes posturas acerca del plazo para reclamar la devolución de los gastos hipotecarios emitidas por las distintas Audiencias Provinciales, mientras el Tribunal Supremo no se pronuncia la respecto.

 

El plazo de reclamación de los gastos hipotecarios

Con respecto al plazo para la reclamación de gastos hipotecarios debemos atender a diferentes posturas jurisprudenciales.

En primer lugar, si el eje principal sobre el que gira la demanda es la abusividad de las cláusulas del contrato y su consecuente nulidad, el plazo para reclamar sería imprescriptible.

Otra línea, es la seguida por la mayoría de las Audiencias Provinciales, que es la de aplicación del artículo 1.964 del Código Civil:

"(...) 2. Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan".

Si bien, la discrepancia se centra en el momento en que se ha de empezar a contar el plazo, el "dies aquo".

El TJUE no se pronuncia de manera expresa al respecto, si bien, establece que, si el "dies aquo" se fija en el momento de la celebración del contrato, supondría una inseguridad jurídica.

"(...) la aplicación de un plazo de prescripción de cinco años que comience a correr a partir de la celebración del contrato, en la medida en que tal aplicación implica que el consumidor solo pueda solicitar la restitución de los pagos realizados en ejecución de una cláusula contractual declarada abusiva durante los cinco primeros años siguientes a la firma del contrato —con independencia de si este tenía o podía razonablemente tener conocimiento del carácter abusivo de esta cláusula—, puede hacer excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993) confiere a este consumidor y, por lo tanto, vulnerar el principio de efectividad, en relación con el principio de seguridad jurídica".

Por otro lado, la tesis que sostiene que la acción para ejercer el resarcimiento y obtener la devolución de las cantidades es cuando se declara la nulidad de la cláusula, la representa la Audiencia Provincial de La Rioja, en su Sentencia Nº 59/2018, de 21 de febrero. ECLI:ES:APLO:2018:11 4:

"Se rechaza este motivo de recurso, por cuanto que la acción para ejercer el resarcimiento y obtener la devolución de las cantidades entregadas no puede iniciarse su cómputo sino hasta que se declare la nulidad de la cláusula.

Hasta ese momento difícilmente podían los actores haber ejercitado con éxito ninguna reclamación. Es cuando se declara la nulidad de la cláusula cuando pueden solicitar la devolución de las cantidades indebidamente pagadas, como consecuencia de esa nulidad, de ahí que en la propia sentencia en la que se declare la nulidad, se produce el resarcimiento en relación con los gastos indebidamente abonados".

Es decir, los plazos de prescripción y caducidad comienzan cuando los titulares de la acción de restitución pueden conocer las consecuencias derivadas de dicha declaración de nulidad, que es a través de la sentencia una vez gane firmeza.

Por otro parte, la Audiencia Provincial de Lugo a través de su Sentencia Nº 283/2019, de 2 de mayo, ECLI:ES:APLU:2019:295, se pronuncia sobre el plazo que tienen los consumidores y usuarios para reclamar los gastos derivados de los préstamos hipotecarios, afirmando que la acción de nulidad es "imprescriptible" sienta el criterio de que:

"a) La acción de restitución derivada de los efectos de la nulidad está sometido al plazo de prescripción genérico de 5 años.

b) El inicio del cómputo en estos supuestos de gastos hipotecarios se sitúa en el 23 de enero de 2019".

Como vemos la AP de Lugo sitúa el inicio del cómputo para exigir la devolución de estos gastos hipotecarios en el 23 de enero de 2019, momento en el que nuestro Alto Tribunal sentó doctrina sobre abusividad de la la cláusula de gastos hipotecarios y los efectos derivados de la misma. La referida sentencia reza como sigue, "(...) situar el inicio del cómputo en el momento de la declaración de abusividad comporta " de facto" una acción de enriquecimiento injusto imprescriptible lo que no es la solución adoptada por nuestro derecho interno.

Una opción es fijar, entonces, el día de inicio del plazo en la fecha de la sentencia de 23 de diciembre de 2015 , que fue el momento de la declaración inicial de nulidad en el seno de una acción colectiva. Sin embargo, tal sentencia no marco con la debida concreción los efectos de la nulidad que fue algo que no se produjo por nuestro Tribunal Supremo sino hasta la sentencia de 23 de enero de 2019 en la que ya el Tribunal Supremo sienta en plenitud doctrina jurisprudencial sobre la cláusula de gastos y los efectos derivados de la misma".

La Audiencia Provincial de Pontevedra, en su Sentencia Nº 140/2020, de 10 de marzo. ECLI:ES:APPO:2020:460 , sostiene que:

"(...) el problema se reconduce a precisar el plazo aplicable y el día inicial del cómputo. Al no haber una disposición específica y tratarse de una pretensión dirigida a revertir las ventajas económicas que la cláusula declarada nula por abusiva supuso para la entidad prestamista, se considera aplicable la previsión general que señala el art. 1964.2 CC para las acciones personales, esto es, quince años "desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación" (cinco años, tras la entrada en vigor de la reforma operada por la disposición final 1 de la Ley 42/2015, de 5 de octubre). La acción de restitución de las consecuencias de la declaración de nulidad de un contrato o una cláusula contractual exige, como presupuesto esencial, que se haya admitido por las partes o declarado por sentencia judicial la nulidad en cuestión, ya que, hasta ese momento, el contrato o la condición general de la contratación despliega todos sus efectos obligacionales. No es posible el ejercicio autónomo de una acción de reposición si, previa o simultáneamente, no se ejercita la acción de nulidad del contrato o la cláusula. En concreto, por asimilación a la acción de enriquecimiento injusto o pago de lo indebido, es preciso que la pretensión de asistente en la injusticia o falta de causa del enriquecimiento o del pago, lo cual, habiéndose fundado la transmisión en una obligación negocial, requiere la eliminación por vía de nulidad de pleno derecho de dicha obligación".

En cuanto a al plazo de prescripción y como ya hemos señalado anteriormente, la acción de nulidad derivada de la abusividad de la cláusula hipotecaria es imprescriptible, por lo que, no hay ningún plazo para poder ejercitar dicha acción de nulidad.

En este sentido, de acuerdo con el artículo 1.303 del Código Civil"Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que  hubiesen sido materia de contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses (...)".

Por otro lado, atendiendo a la obligación de restitución del precitado artículo, el ejercicio de la acción de nulidad sería bastante para alcanzar la nulidad del contrato y la restitución de los gastos hipotecarios.

Sin embargo, la doctrina señala que pese que a la acción de nulidad por abusiva de las cláusulas hipotecarias no están sometidas a plazo de prescripción, la acción restitutoria, de acuerdo con el artículo 1.964 del Código Civil, está sometida al plazo de cinco años.

El Ministerio de Consumo a través de una "nota informativa sobre los derechos que asisten a las personas consumidoras en relación con gastos derivados de las hipotecas y otras cuestiones de ámbito financiero" reitera que el plazo para solicitar la devolución de gastos derivados de una cláusula abusiva es de cinco años. Además, recalca lo establecido por el TJUE, con respecto al "dies a quo" en el sentido de que, el plazo no podría comenzar a computar hasta que la persona afectada pudiese haber tenido conocimiento razonablemente del carácter abusivo de la cláusula en cuestión.

El Ministerio de Consumo en la referida nota informativa, también señala que, en relación con la cláusula de gastos ya declarada abusiva (la que incluye los gastos de gestoría, registro de la propiedad y notaría, así como el impuesto AJD), se puede entender que se pudo tener conocimiento del carácter abusivo de la misma desde el momento que se hizo pública la Sentencia del Tribunal Supremo, el 21 de enero de 2016, es decir hasta el 21 de enero de 2021.

 

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