Presupuestos generales del concurso de acreedores

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 19/09/2022

Como presupuestos generales del concurso de acreedores citamos:

  • Las secciones del concurso.
  • La duración del procedimiento.
  • Las partes, su representación y defensa.
  • La administración concursal.
  • La prejudicialidad penal.

Las secciones del concurso

El concurso se divide en seis secciones y las actuaciones de cada una de ellas se ordenan en cuantas piezas separadas sean necesarias o convenientes.

Contenido de las secciones del concurso

Dichas seis secciones comprenderán lo siguiente:

  • Sección primera
    • Declaración de concurso.
    • Medidas cautelares.
    • Conclusión.
    • Reapertura del concurso (en su caso).
  • Sección segunda
    • Administración concursal.
    • Nombramiento y cese del titular o titulares de la administración concursal y, en su caso, del auxiliar delegado.
    • Determinación de las facultades de los administradores concursales.
    • El ejercicio del cargo.
    • Retribución.
    • Rendición de cuentas.
    • Responsabilidad civil de los administradores concursales (en su caso).
    • En pieza separada, el informe de la administración concursal con los documentos que lo acompañen y, en su caso, la relación definitiva de acreedores.
  • Sección tercera
    • Determinación de la masa activa.
    • Incidentes relativos a qué bienes y derechos son necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del concursado.
    • Autorizaciones judiciales.
    • Créditos contra la masa.
    • En pieza separada, las ejecuciones que se inicien o se reanuden contra los bienes y derechos de la masa activa.
  • Sección cuarta
    • Determinación de la masa pasiva.
    • Comunicación, reconocimiento, graduación y clasificación de los créditos concursales.
    • Pago de los acreedores.
    • En pieza separada, cada uno de los incidentes relativos a la inclusión o exclusión de créditos concursales, así como a la cuantía o clasificación de los reconocidos.
    • En pieza separada, los juicios declarativos que se acumulen al concurso de acreedores.
  • Sección quinta
    • En pieza separada, lo relativo al convenio.
    • En pieza separada, lo relativo a la liquidación.
  • Sección sexta
    • Calificación del concurso.
    • Efectos de la calificación.
    • Ejecución de la sentencia de calificación del concurso como culpable.

En el caso de concursos conexos, se abrirán tantas secciones como concursos se hubieran declarado conjuntamente o se hubieran acumulado, salvo las secciones tercera y cuarta, que serán comunes si el juez hubiera acordado acumulación de masas.

¿A qué responde la división del concurso en diversas secciones?

El Tribunal Supremo, en su sentencia n.º 269/2016, de 22 de abril, ECLI:ES:TS:2016:1781, manifiesta que «el concurso es un único procedimiento, aunque para facilitar su tramitación se divida en distintas secciones, que, a su vez, pueden componerse de varias piezas [...]. Sin perjuicio, de que para una mayor claridad en la tramitación de las distintas piezas y secciones, fuera conveniente llevar testimonio de lo resuelto en una de ellas a otra u otras donde tal resolución pudiera tener incidencia».

Asimismo, en la jurisprudencia menor se apunta a que la división del concurso en seis secciones obedece a diversos factores como:

  • La universalidad y la complejidad del procedimiento.
  • La discontinuidad y los diferentes ritmos de las actuaciones procesales (naturaleza y finalidad).

RESOLUCIONES RELEVANTES

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid n.º 57/2011, de 29 de abril, ECLI:ES:APM:2011:5827A

Asunto: división del concurso en secciones y alcance de la personación de un acreedor u otro legitimado en el concurso.

«Es de hacer notar también que la fragmentación del proceso concursal en las seis secciones que contempla y regula el Art. 183 no constituye una opción legislativa caprichosa sino que obedece tanto a la naturaleza universal y a la complejidad de dicho proceso como al carácter discontinuo y a la diversidad de ritmos y tiempos a la que está sometido el desarrollo de los diferentes tipos de actuaciones procesales atendida su diversa naturaleza y su diferente finalidad. De ahí que el hecho de que un acreedor u otro legitimado muestre su interés por personarse en el concurso, lo que normalmente llevará aparejada su personación dentro de la sección primera, no pueda ser interpretado, a falta de indicación expresa, como una muestra de que ese interés se extiende al conocimiento de la totalidad de las resoluciones recaídas en las diferentes secciones, ya que es precisamente aquella diversidad de contenidos la que nos impide alcanzar ese tipo de conclusión sobre la base de una mera solicitud de personación huérfana de mayores especificaciones. Por lo demás, una opción como la que proponen los apelantes, consistente en la indiscriminada y estéril notificación a todos los personados que no han mostrado especial interés en ello de todas y cada una de las resoluciones recaídas en las diferentes secciones, convertiría al proceso concursal en un expediente materialmente inmanejable y no resultaría consistente con las ideas de agilidad y celeridad que inspiran la nuera regulación legal. No es, por ello, extraño que en determinados sectores de la doctrina especializada se haya abierto camino la idea de que la singular estructura del proceso concursal consiente la comparecencia aislada de los interesados en alguna o algunas de las secciones del concurso y no en todas ellas simultáneamente ("Comentario de la Ley Concursal", dirigida por los Prof. ROJO y BELTRÁN, págs. 2.727 y 2.745)».

Las referencias normativas de esta sentencia están hechas a la antigua Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio; en concreto, a su artículo 183, que regulaba las secciones del concurso.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza n.º 495/2007, de 14 de septiembre, ECLI:ES:APZ:2007:2136

Asunto: alcance de la sección tercera del concurso.

«(...) de acuerdo con el art. 183.3 LC todo lo que se refiere a las deudas de la masa son cuestiones propias de la sección 3ª, y no de la 5ª, y si deben satisfacerse a su vencimiento, todas las cuestiones sobre su calificación y pago (art. 154.2 LC) deben sustanciarse en la misma sección. A ello hay que añadir que, conforme al art. 94.4, en la lista de acreedores se deben detallar y cuantificar los créditos contra la masa devengados y pendientes de pago».

Las referencias normativas están realizadas a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

CUESTIÓN

¿Qué es una pieza separada?

Según el Diccionario del Español Jurídico la pieza separada es la «parte de un proceso judicial que se sustancia al margen de los autos principales, por afectar a una cuestión que es susceptible de tratamiento procesal autónomo y que resulta conveniente tramitar por separado de dicha cuestión principal aunque siempre en relación con esta».

En relación con la pendencia de un recurso de casación interpuesto contra un auto emitido en pieza separada de medidas cautelares, el Tribunal Supremo, en su sentencia con n.º de rec. 1503/2013, de 20 de abril de 2015, ECLI:ES:TS:2015:1566, declara que:

«(...) en coherencia con semejante doctrina, esta misma Sala en numerosas sentencias (entre otras, las de 27 de junio y 16 de octubre de 1996) y autos (entre otros el de 9 de julio de 1998) tiene declarado que "el recurso de casación pendiente contra el auto dictado en la pieza separada de medidas cautelares queda sin objeto una vez dictada sentencia, sea o no firme, en los autos principales"».

La duración del procedimiento concursal

Como novedad, tras la entrada en vigor de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, según el artículo 508 bis del TRLC, la duración del procedimiento de concurso, desde la apertura de la sección primera al cierre de la quinta, no podrá ser superior a doce meses.

Sin embargo, el juez podrá acordar una ampliación del plazo de duración del mismo si fuera necesario en atención a la complejidad del concurso o a las circunstancias justificadas que pudieran concurrir.

CUESTIÓN

Tras la reforma concursal operada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, ¿se mantiene el procedimiento abreviado regulado en los artículos 522 y siguientes del TRLC?

No puesto que la mencionada reforma suprime los artículos 522 a 531 del TRLC lo que supone la desaparición del antiguo procedimiento abreviado desde el 26/09/2022.

Las partes, su representación y defensa en el concurso

Las partes necesarias en las secciones del concurso

En las distintas secciones del concurso se reconocerán como parte, sin que sea necesaria su comparecencia en forma (artículo 509 del TRLC):

  • El deudor que hubiera comparecido en el concurso.
  • La administración concursal.

Ahora bien, en la sección sexta solo serán partes necesarias la administración concursal y, si comparecen en ella, las personas que, según el informe de calificación, pudieran quedar afectadas por la calificación y los acreedores que hubieran propuesto en tiempo y forma la calificación del concurso como culpable.

En cuanto a la actuación de cada uno de ellos, el artículo 510 del TRLC precisa que el concursado actuará siempre representado por procurador y asistido de abogado; y el artículo 511 del TRLC, en cuanto a la actuación de la administración concursal, señala lo siguiente:

«La administración concursal será oída siempre sin necesidad de comparecencia en forma, pero cuando intervenga en incidentes o recursos deberá hacerlo asistida de letrado. Cuando el nombrado administrador concursal o el auxiliar delegado tengan la condición de letrado, la dirección técnica de estos incidentes y recursos se entenderá incluida en las funciones de la administración concursal o del auxiliar delegado».

RESOLUCIONES RELEVANTES

Sentencia del Tribunal Supremo n.º 15/2018, de 12 de enero, ECLI:ES:TS:2018:48

Asunto: alcance de la necesidad de actuación mediante abogado y procurador del concursado.

«(...) no cabe confundir obligatoriedad de la intervención del letrado (art. 184.2 LC) [la sentencia se refiere a la Ley concursal 22/2003, de 9 de julio, cuestión que, en la actualidad, se contempla en el artículo 510 del TRLC], con necesidad o interés de la masa. Es más, algunas de las actuaciones ni siquiera era obligatorio que se practicaran, como las alegaciones a las peticiones de la seguridad social; o directamente iban contra el interés de la masa, como las declinatorias, la recusación de la administración concursal o la oposición a la solicitud de concurso».

Sentencia del Tribunal Supremo n.º 430/2014, de 24 de julio, ECLI:ES:TS:2014:3565

Asunto: legitimación activa del concursado.

Con respecto a la legitimación activa del concursado declara que «(...) está fuera de toda duda la legitimación activa del concursado para impugnar el inventario de bienes y derechos que acompaña el Informe de la Administración concursal». (Referencias realizadas al artículo 184 de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona n.º 397/2007, de 6 de noviembre, ECLI:ES:APGI:2007:1757

Asunto: actuación de los administradores concursales en el procedimiento.

«(...) ha otorgado el status formal de parte al administrador concursal por lo que deben ser oídos siempre sin necesidad de comparecencia en forma, si bien cuando intervengan en recursos o incidentes, deberán hacerlos asistidos de letrado, que, como regla general, lo será el administrador en quien concurra tal condición (art. 184, apartados 1 y 5) [la referencia normativa de la sentencia está hecha a la Ley concursal 22/2003, de 9 de julio; en la actualidad, la cuestión se prevé en los artículos 509 y 511 del TRLC]. Este último precepto excluye la exigencia de que la administración concursal actúe representada por procurador, lo que supone, según un sector doctrinal, optar por un nuevo sistema en el que se considera a este órgano concursal una especie de Administración Pública que no precisa de tal representación».

CUESTIÓN

¿Qué preceptos de la LEC regulan la representación procesal y la defensa técnica?

- Intervención de procurador (artículo 23 de la LEC).

- Apoderamiento del procurador (artículo 24 de la LEC).

- Poder general y poder especial (artículo 25 de la LEC).

- Aceptación del poder y deberes del procurador (artículo 26 de la LEC).

- Derecho supletorio sobre apoderamiento (artículo 27 de la LEC).

- Representación pasiva del procurador (artículo 28 de la LEC).

- Provisión de fondos (artículo 29 de la LEC).

- Cesación del procurador (artículo 30 de la LEC).

- Intervención de abogado (artículo 31 de la LEC).

- Intervención no preceptiva de abogado y procurador (artículo 32 de la LEC).

- Designación de procurador y de abogado (artículo 33 de la LEC).

- Cuenta del procurador (artículo 34 de la LEC).

- Honorarios de los abogados (artículo 35 de la LEC).

La actuación en el procedimiento concursal de los acreedores y demás legitimados

Los acreedores y el resto de legitimados para solicitar la declaración de concurso actuarán representados por procurador y asistidos por letrado para realizar los trámites que especifica el artículo 512 del TRLC:

  • Solicitar la declaración de concurso.
  • Comparecer en el procedimiento.
  • Presentar solicitudes o demandas.
  • Actuar en los incidentes que se incoen.
  • Interponer recursos.

A su vez, los acreedores podrán solicitar de la administración concursal en cualquier momento el examen de los documentos o informes que consten en autos sobre los créditos que hubieran comunicado.

Cualquier otra persona que tenga interés legítimo en el concurso podrá comparecer siempre que lo haga representada por procurador y asistida de letrado.

Por su parte, el artículo 513 del TRLC establece dos reglas específicas para la representación y defensa de las Administraciones públicas y de los trabajadores:

  • En el caso de las Administraciones públicas, el régimen antes expuesto se entiende sin perjuicio de su normativa procesal específica.
  • En el caso de los trabajadores, lo antes apuntado se entenderá sin perjuicio de lo previsto para su representación y defensa en la Ley reguladora de la jurisdicción social (actualmente la Ley 36/2011, de 10 de octubre), incluidas las facultades atribuidas a los graduados sociales y a los sindicatos para el ejercicio de las acciones y recursos que sean necesarios en el proceso concursal para la efectividad de los créditos y derechos laborales.

CUESTIÓN

¿Será el FOGASA parte en el procedimiento concursal?

Sí, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) será parte del procedimiento siempre que deba abonar salarios e indemnizaciones a los trabajadores, sea en concepto de créditos contra la masa o de créditos concursales. Así resulta del artículo 514 del TRLC.

RESOLUCIÓN RELEVANTE

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid n.º 11/2010, de 22 de enero, ECLI:ES:APM:2010:2441A

Asunto: actuación en el proceso concursal de los trabajadores.

«En definitiva, no cabe restringir el ámbito de aplicación del artículo 184.6 de la Ley Concursal al incidente concursal laboral u otros procedimientos en los que se ejerciten acciones laborales, sino que se trata, como ha destacado un sector importante de la doctrina, de un norma establecida ratione personae y se aplica a favor de los trabajadores como excepción a la regla general del apartado 3º del artículo 184 de la Ley Concursal de modo, que los trabajadores para solicitar el concurso, comparecer en el procedimiento, plantear incidentes, impugnar actos de la administración o interponer recursos en primera instancia no necesitan estar representados por procurador ni asistidos de letrado, siendo de aplicación las reglas previstas en la Ley de Procedimiento Laboral».

Las referencias normativas de la sentencia están hechas a la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio.

CUESTIONES

1. ¿Quién impulsará los trámites procesales relativos al concurso?

Según el apartado primero del artículo 456 de la LOPJ, el letrado de la Administración de Justicia (LAJ) impulsará el proceso en los términos que establezcan las leyes procesales.

Por su parte, y en el ámbito que nos ocupa, una vez declarado el concurso, el LAJ impulsará de oficio el proceso (artículo 515 del TRLC).

2. ¿Qué sucede cuando la ley no fija un plazo determinado para emitir una resolución?

Cuando el texto legal no establezca un plazo para dictar una resolución, esta deberá dictarse sin dilación (artículo 516 del TRLC).

3. ¿Cabe la posibilidad de habilitar días y horas para la práctica de diligencias urgentes?

Sí, el juez podrá habilitar los días y horas necesarios «para la práctica de las diligencias que considere urgentes en beneficio del concurso» y, a su vez, el LAJ podrá habilitar los días y horas necesarios «para la práctica de aquellas actuaciones procesales por él ordenadas o de las que tuvieran como finalidad dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por el juez» (artículo 517 del TRLC).

Además, según dicho precepto, los jueces podrán efectuar actuaciones de prueba fuera del ámbito de su competencia territorial, poniéndolo previamente en conocimiento del juez competente, cuando no se perjudique la competencia del juez correspondiente y venga justificado por razones de economía procesal.

Para mayor compresión de esta cuestión, véanse los artículos 182 y siguientes de la LOPJ (tiempo hábil para las actuaciones judiciales).

4. ¿Cómo se solicitarán las autorizaciones judiciales?

Conforme al artículo 518 del TRLC, en los supuestos en los que la norma disponga la necesidad de obtener autorización de los jueces o cuando los administradores concursales lo consideren adecuado, la solicitud se realizará por escrito. Se dará traslado de ella a todas las partes que deban ser oídas respecto de su objeto, concediéndoles un plazo para alegaciones de igual duración, no inferior a tres ni superior a diez, atendidas la complejidad y la importancia de la cuestión.

El juez resolverá la solicitud por auto dentro de los cinco días siguientes al último vencimiento y dicha resolución (que conceda o deniegue la autorización solicitada) solo podrá recurrirse en reposición.

A este respecto, el auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Madrid, n.º de rec. 380/2013, de 20 de diciembre de 2013, ECLI:ES:JMM:2013:57A, expone lo siguiente (referencia realizada al artículo 188 de la antigua Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio):

«(...) cuando el art. 188 LC admite que las partes personadas puedan poner de manifiesto su opinión sobre la solicitud de autorización judicial instada en algún asunto por la AC, no significa que ese trámite se convierta en un proceso controversial plenario, de suerte que el Juez tenga que pronunciarse sobre todas y cada una de dichas observaciones, y resolverlas puntualmente. La autorización del art. 188 LC es tan solo una manifestación de la relación especial entre dos órganos del concurso, el Juez y la AC, donde aquel valora la conveniencia de su concesión, según los intereses del concurso, para lo que puede sopesar aquellas observaciones con tenerlas a la vista, sin necesidad de resolverlas o contestarlas».

La prejudicialidad penal

Con respecto a la posible existencia de prejudicialidad penal en el ámbito del procedimiento concursal, el artículo 519 del TRLC especifica que la incoación de procedimientos criminales vinculados con el deudor o por hechos relacionados o con influencia en el procedimiento concursal no provocará la suspensión de su tramitación ni la de sus secciones.

En este sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Madrid en su auto n.º 963/2017, de 24 de noviembre, ECLI:ES:APM:2017:4758A, declarando que (se refiere al artículo 189 de la antigua Ley Concursal de 2003, hoy sería el artículo 519 del TRLC):

«La existencia de procedimientos penales que tengan por objeto la persecución de conductas supuestamente delictivas que puedan tener relación con bienes o derechos de la entidad concursada, o que puedan afectar a la composición de la masa activa y pasiva de aquella, no es incompatible con el concurso, disponiendo el artículo 189 de la Ley concursal que la incoación de procedimientos penales no provoca la suspensión en la tramitación del concurso (...)».

Además, en relación con la posible suspensión de la tramitación del concurso, el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Gijón, en su sentencia n.º 42/2016, de 22 de febrero, ECLI:ES:JMO:2016:603, determina lo siguiente (la remisión al artículo 189 de la Ley Concursal de 2003 debe entenderse hecha en su apartado primero al artículo 519 del TRLC y, en el segundo, al artículo 520 del TRLC):

«A este respecto el art. 189 LC apartado segundo tras dejar constancia de que la tramitación de procedimientos criminales relacionados con el concurso no provoca la suspensión de la tramitación de éste. Señala que Admitida a trámite querella o denuncia criminal sobre hechos que tengan relación o influencia en el concurso, será competencia del Juez de éste adoptar las medidas de retención de pagos a los acreedores inculpados u otras análogas que permitan continuar la tramitación del procedimiento concursal, siempre que no hagan imposible la ejecución de los pronunciamientos patrimoniales de la eventual condena penal».

Para concluir, la jurisprudencia menor expone que la intención del legislador es impedir que «(...) la existencia de un proceso penal pueda interferir el buen orden del proceso concursal. Por esa razón, aun cuando pueda existir una indudable relación o coincidencia entre los hechos objeto del proceso penal que afirma el recurso que se está siguiendo y los hechos que han determinado la calificación culpable, no por ello resulta de aplicación en el caso el art. 40 LEC, porque el art. 189 LC es norma especial y permite que el juez del concurso resuelva sobre todos sus incidentes con independencia de la existencia de posible prejudicialidad penal» (sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona n.º 401/2012, de 29 de noviembre, ECLI:ES:APB:2012:15697; la sentencia se remite a preceptos de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio).

Para mayor comprensión de la prejudicialidad penal, véanse el artículo 10 de la LOPJ y el artículo 40 de la LEC.

CUESTIÓN

¿Qué juez tendrá la competencia para adoptar medidas cautelares patrimoniales?

Según el artículo 520 del TRLC, una vez admitida a trámite la querella o denuncia contra el deudor o por hechos relacionados o influyentes en el procedimiento concursal, «será competencia exclusiva del juez del concurso, adoptar, a solicitud del juez o tribunal del orden jurisdiccional penal, cualquier medida cautelar de carácter patrimonial que afecte a la masa activa, incluidas las de retención de pagos a los acreedores inculpados en procedimientos criminales u otras análogas».

Ahora bien, las medidas cautelares acordadas no deben impedir la continuación de la tramitación del concurso y se adoptarán de la forma más adecuada para asegurar la ejecución de los pronunciamientos de carácter patrimonial de la posible condena penal. Tampoco podrán alterar o modificar:

- La clasificación de los créditos concursales (artículos 269 y ss. del TRLC).

- Las preferencias de pagos establecidas en el TRLC (artículos 429 y ss. TRLC).

A TENER EN CUENTA. En lo no regulado por el TRLC se aplicará, de forma supletoria, lo establecido en la LEC (artículo 521 del TRLC).

 

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Concurso de acreedores
Crédito concursal
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Autorización judicial
Prejudicialidad

LEY 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 127 Fecha de Publicación: 07/05/2020 Fecha de entrada en vigor: 01/09/2020 Órgano Emisor: Ministerio De La Presidencia, Relaciones Con Las Cortes Y Memoria Democratica

Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 245 Fecha de Publicación: 11/10/2011 Fecha de entrada en vigor: 11/12/2011 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 16/2022 de 5 de Sep (Reforma del texto refundido de la Ley Concursal, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 214 Fecha de Publicación: 06/09/2022 Fecha de entrada en vigor: 26/09/2022 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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