Presupuestos, jurisdicción y competencia del concurso de acreedores.

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 01/02/2016

La declaración de concurso tiene dos presupuestos legales, por un lado el presupuesto subjetivo, que se relaciona con la condición de persona del deudor y por otro lado el presupuesto objetivo, que es la insolvencia de ese deudor.

  • Presupuesto subjetivo:

La pluralidad de acreedores derivada de la naturaleza del concurso, traducida en que el concursado sea un deudor común, no es un presupuesto de la declaración de concurso, salvo en aquellos supuestos excepcionales en que pudiera resultar manifiesta la inexistencia de otros acreedores resultantes del propio procedimiento.

El Art. 1 ,Ley Concursal dispone en relación con el presupuesto subjetivo que :

1. La declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea persona natural o jurídica.

2. El concurso de la herencia podrá declararse en tanto no haya sido aceptada pura y simplemente.

3. No podrán ser declaradas en concurso las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público.

Esta excepción recogida en el 1.3 ,Ley Concursal se fundamenta en el hecho de que las administraciones públicas, por mandato constitucional, están al servicio objetivo de intereses generales.

De ahí que se proteja la integridad del patrimonio de estas personas públicas, impidiéndose que, como consecuencia de una declaración de concurso, se pueda producir su disolución, liquidación y extinción.

De esta exclusión no participan, sin embargo, las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca, total o parcialmente, mayoritaria o minoritariamente, a la Administración pública o sus organismos, porque la personalidad de aquéllas no es de Derecho público.

 

  • Presupuesto objetivo:

El presupuesto objetivo del concurso de acreedores lo constituye la insolvencia del deudor común, que se define como el estado en que se encuentra el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.

En relación con este presupuesto dispone el Art. 2 ,Ley Concursal lo siguiente:

“1. La declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor común.

2. Se encuentra en estado de insolvencia el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.

3. Si la solicitud de declaración de concurso la presenta el deudor, deberá justificar su endeudamiento y su estado de insolvencia, que podrá ser actual o inminente. Se encuentra en estado de insolvencia inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones.

4. Si la solicitud de declaración de concurso la presenta un acreedor, deberá fundarla en título por el cual se haya despachado ejecución o apremio sin que del embargo resultasen bienes libres bastantes para el pago, o en la existencia de alguno de los siguientes hechos:

  • El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor.
  • La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor.
  • El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor.
  • El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad Social, y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período; las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades”.

La ley alude por tanto al deudor, que es el principal protagonista, así como a las circunstancias que constituyen el presupuesto de hecho que sirve de base a la declaración legal del concurso que es la insolvencia.

El procedimiento del concurso es aplicable a todo tipo de deudores, tanto personas físicas como jurídicas, independientemente de su condición empresarial.

También resulta irrelevante que el deudor sea español o extranjero, lo que resulta relevante, en virtud de lo dispuesto en el Art. 10 ,Ley Concursal es que el deudor tenga en territorio español el centro de sus intereses principales.

Si el centro de los intereses principales no se hallase en territorio español, pero el deudor tuviese en éste un establecimiento, será competente el juez de lo mercantil en cuyo territorio radique y, de existir varios, donde se encuentre cualquiera de ellos, a elección del solicitante.

Por establecimiento se entenderá todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad económica con medios humanos y bienes.

 

Los efectos de este concurso, que en el ámbito internacional se considerará “concurso territorial”, se limitarán a los bienes del deudor, afectos o no a su actividad, que estén situados en España.

En el caso de que en el Estado donde el deudor tiene el centro de sus intereses principales se abra un procedimiento de insolvencia, se tendrán en cuenta las reglas de coordinación previstas en el capítulo IV del título IX de la ley concursal.

Concursos conexos

En nuestro derecho rige el principio de que el hecho de que una sociedad matriz de un grupo sea declarada en concurso no significa que automáticamente sean declaradas en concurso las sociedades filiales o participadas.

No obstante, puede ocurrir que el concurso se tramite de manera conjunta para varias sociedades que pertenezcan a un mismo grupo, cuando todas se encuentran en situación de insolvencia.

Cualquiera de los concursados o cualquiera de las administraciones concursales podrá solicitar al juez, mediante escrito razonado, la acumulación de los concursos ya declarados siguientes:

  • De quienes formen parte de un grupo de sociedades.
  • De quienes tuvieren sus patrimonios confundidos.
  • De los administradores, socios, miembros o integrantes personalmente responsables de las deudas de la persona jurídica.
  • De quienes sean miembros o integrantes de una entidad sin personalidad jurídica y respondan personalmente de las deudas contraídas en el tráfico en nombre de ésta.
  • De los cónyuges.
  • De la pareja de hecho inscrita, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el 25.3 ,Ley Concursal.

Por otro lado, la ley posibilita la acumulación de concursos que afecten a deudores vinculados entre sí, estableciendo que los concursos declarados conjuntamente y acumulados se tramitarán de forma coordinada, sin consolidación de las masas.

Excepcionalmente, se podrán consolidar inventarios y listas de acreedores a los efectos de elaborar el informe de la administración concursal cuando exista confusión de patrimonios y no sea posible deslindar la titularidad de activos y pasivos sin incurrir en un gasto o en una demora injustificados.

En defecto de solicitud por cualquiera de los concursados o por la administración concursal, la acumulación podrá ser solicitada por cualquiera de los acreedores mediante escrito razonado. (Ver STS de 21/07/2014 TS, Sala de lo Civil, nº 401/2014, de 21/07/2014, Rec. 2571/2012)

La acumulación procederá aunque los concursos hayan sido declarados por diferentes juzgados.

Concurso de la herencia

La herencia puede ser declarada en concurso en tanto no se haya producido su aceptación pura y simple.

La aceptación pura conlleva la confusión entre los patrimonios del causante y del heredero, a raíz de lo cual se produce la asunción por parte del heredero de las responsabilidades del causante.

Por otro lado, el concurso de la herencia puede ser una continuación del concurso del propio causante o ser declarado en un momento posterior.

En este sentido es relevante lo dispuesto en el Art. 182 ,Ley Concursal, en virtud del cual, la muerte o declaración de fallecimiento del concursado no será causa de conclusión del concurso, que continuará su tramitación como concurso de la herencia, correspondiendo a la administración concursal el ejercicio de las facultades patrimoniales de administración y disposición del caudal relicto.

La representación de la herencia en el procedimiento corresponderá a quien la ostente conforme a derecho y, en su caso, a quien designen los herederos.

La herencia se mantendrá indivisa durante la tramitación del concurso.

La herencia puede ser declarada en concurso cuando el fallecido se halla en situación de insolvencia. En este caso, si es el heredero el que insta el concurso se entiende que la herencia es aceptada a beneficio de inventario.

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 

Son competentes para conocer del concurso, tal y como dispone el Art. 8 ,Ley Concursal los jueces de lo mercantil.

La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente en las siguientes materias:

1º. Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. También conocerá de la acción a que se refiere el 17.1 ,Ley Concursal.

2º. Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de esta ley, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral.

Por suspensión colectiva se entienden las previstas en el Art. 47 ,Estatuto de los Trabajadores, incluida la reducción temporal de la jornada ordinaria diaria de trabajo.

3º. Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado.

4.º Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado excepto las que se adopten en los procesos que quedan excluidos de su jurisdicción en el párrafo 1.º de este precepto y, en su caso, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 52 ,Ley Concursal, las adoptadas por los árbitros en las actuaciones arbitrales, sin perjuicio de la competencia del juez para acordar la suspensión de las mismas, o solicitar su levantamiento, cuando considere que puedan suponer un perjuicio para la tramitación del concurso.

5º. Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita y, en concreto, las que le atribuye la Ley 1/ 1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

6.º Las acciones de reclamación de deudas sociales interpuestas contra los socios subsidiariamente responsables de los créditos de la sociedad deudora, cualquiera que sea la fecha en que se hubiera contraído y las acciones para exigir a los socios de la sociedad deudora el desembolso de las aportaciones sociales diferidas o el cumplimiento de las prestaciones accesorias.

7.º Las acciones de responsabilidad contra los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, y contra los auditores por los daños y perjuicios causados, antes o después de la declaración judicial de concurso, a la persona jurídica concursada.

En este sentido dispone el Art. 86 ,LOPJ bis que, en cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o varios juzgados de lo mercantil.

También podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando, atendidas la población, la existencia de núcleos industriales o mercantiles y la actividad económica, lo aconsejen, delimitándose en cada caso el ámbito de su jurisdicción.

Asimismo, el 86.2 ,LOPJ ter, en relación con el conocimiento de los juzgados de lo mercantil, establece que los mismos conocerán, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de:

  • Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.
  • Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional.
  • Aquellas pretensiones relativas a la aplicación del Derecho Marítimo.
  • Las acciones relativas a condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia.
  • Los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento.
  • De los procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y su derecho derivado, así como los procedimientos de aplicación de los artículos que determine la Ley de Defensa de la Competencia.

Los Juzgados de lo Mercantil tendrán competencia para el reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras, cuando éstas versen sobre materias de su competencia, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.

Extensión de la jurisdicción

La jurisdicción del juez se extiende a todas las cuestiones prejudiciales civiles, con excepción de las excluidas en el Art. 8 ,Ley Concursal, las administrativas o las sociales directamente relacionadas con el concurso o cuya resolución sea necesaria para el buen desarrollo del procedimiento concursal.

La decisión sobre las cuestiones a las que se refiere el apartado anterior no surtirán efecto fuera del proceso concursal en que se produzca.

Competencia internacional y territorial (Art. 8 ,Ley Concursal)

La competencia para declarar y tramitar el concurso corresponde al juez de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales. Si el deudor tuviese además en España su domicilio y el lugar de éste no coincidiese con el centro de sus intereses principales, será también competente, a elección del acreedor solicitante, el juez de lo mercantil en cuyo territorio radique aquél.

Por centro de los intereses principales se entenderá el lugar donde el deudor ejerce de modo habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses. En caso de deudor persona jurídica, se presume que el centro de sus intereses principales se halla en el lugar del domicilio social. Será ineficaz a estos efectos el cambio de domicilio efectuado en los seis meses anteriores a la solicitud del concurso.

En el caso de presentación de solicitudes de declaración del concurso ante dos o más juzgados competentes, será preferente aquel ante el que se hubiera presentado la primera solicitud.

Si el centro de los intereses principales no se hallase en territorio español, pero el deudor tuviese en éste un establecimiento, será competente el juez de lo mercantil en cuyo territorio radique y, de existir varios, donde se encuentre cualquiera de ellos, a elección del solicitante.

Por establecimiento se entenderá todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad económica con medios humanos y bienes.

Los efectos de este concurso, que en el ámbito internacional se considerará « concurso territorial » , se limitarán a los bienes del deudor, afectos o no a su actividad, que estén situados en España. En el caso de que en el Estado donde el deudor tiene el centro de sus intereses principales se abra un procedimiento de insolvencia, se tendrán en cuenta las reglas de coordinación previstas en el capítulo IV del título IX de esta ley.

En el ámbito internacional, la jurisdicción del juez del concurso comprende únicamente el conocimiento de aquellas acciones que tengan su fundamento jurídico en la legislación concursal y guarden una relación inmediata con el concurso.

Declinatoria.

Tal y como afirma el Art. 12 ,Ley Concursal, el deudor podrá plantear cuestión de competencia territorial por declinatoria dentro de los cinco días siguientes a aquél en que se le hubiera emplazado. También podrán plantearla los demás legitimados para solicitar la declaración de concurso, en el plazo de 10 días desde la publicación ordenada en el 23.1 ,Ley Concursal, que en su párrafo segundo establece que el extracto de la declaración de concurso se publicará, con la mayor urgencia y de forma gratuita, en el “Boletín Oficial del Estado”, y contendrá únicamente los datos indispensables para la identificación del concursado, incluyendo su Número de Identificación Fiscal, el juzgado competente, el número de autos y el Número de Identificación General del procedimiento, la fecha del auto de declaración de concurso, el plazo establecido para la comunicación de los créditos, la identidad de la administración concursal, el domicilio postal y la dirección electrónica señalados para que los acreedores, a su elección, efectúen la comunicación de créditos de conformidad con el Art. 85 ,Ley Concursal, el régimen de suspensión o intervención de facultades del concursado y la dirección electrónica del Registro Público Concursal donde se publicarán las resoluciones que traigan causa del concurso.

La interposición de declinatoria, en la que el promotor estará obligado a indicar cuál es el órgano competente para conocer el concurso, no suspenderá el procedimiento concursal. En ningún caso se pronunciará el juez sobre la oposición del concursado sin que previa audiencia del Ministerio Fiscal haya resuelto la cuestión de competencia planteada. En caso de que estime la cuestión de competencia, deberá inhibirse a favor del órgano al que corresponda la competencia, con emplazamiento de las partes y remisión de lo actuado.

Todo lo actuado en el concurso será válido aunque se estime la declinatoria.

 

Jurisdicción juez del concurso/ juez ordinario

AMBITO

JUEZ CONCURSAL

JUEZ ORDINARIO

CIVIL

PASIVO

PASIVO

  • Acciones con trascendencia patrimonial
  • Medidas cautelares y ejecuciones con trascendencia patrimonial
  • Acciones sin trascendencia patrimonial
  • Medidas cautelares y ejecuciones sin trascendencia patrimonial
  • Acciones en materia de estado civil

 

ACTIVO

ACTIVO

  • Responsabilidad de los administradores
  • Reclamación de deudas sociales contra los socios responsables subsidiarios y acciones para exigir el desembolso de aportaciones sociales diferidas o el cumplimiento de las prestaciones accesorias.
  • Acciones civiles en general.

PENAL

PASIVO

ACTIVO , PASIVO

  • Ejecuciones y medidas cautelares con trascendencia patrimonial
  • Procesos penales en general

SOCIAL

PASIVO

PASIVO

  • Ejecuciones y medidas cautelares con trascendencia patrimonial
  • Acciones laborales

ACTIVO

ACTIVO

  • Extinción, modificación y suspensión colectiva de contratos de trabajo.
  • Acciones laborales

VÍA ADMINISTRATIVA/ CONTENCIOSO ADMIN.

PASIVO

ACTIVO , PASIVO

  • Ejecuciones y medidas cautelares con trascendencia patrimonial
  • Procedimientos administrativos y contencioso Administrativos en general.

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  • En general

 

 

 

 

 

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Ruina
Patrimonio del concursado
Cuotas de cotización
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Sociedad filial
Juez del concurso
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Asistencia jurídica gratuita
Informe de la administración concursal
Personalidad jurídica
Inventarios
Uniones de hecho
Lista de acreedores
Grupo de sociedades
Confusión de patrimonios
Acumulación de concursos
Conclusión del concurso
Declaración de fallecimiento
Caudal relicto
Representación de la herencia
Acción civil
Beneficio de inventario
Filiación
Jornada ordinaria
Aportaciones sociales