El principio general de la territorialidad en relación con el ámbito espacial de aplicación de la Ley Penal.

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En nuestro ordenamiento jurídico rige a la hora de realizar la aplicación de la ley penal, como regla general, el denominado principio de territorialidad de la ley penal, esto significa que la ley penal se va a aplicar a los hechos que se cometen dentro del territorio del Estado, independientemente de la nacionalidad de aquellos sujetos que cometieran el delito.

Este principio de territorialidad sería la regla general para la aplicación de la ley penal, pero hay que tener en cuenta la existencia de diversas excepciones, que se denominan como la extraterritorialidad o la ultraterritorialidad de la ley penal, que se basa en diversos principios.

 

Esto sucede debido a que el ius puniendi se obtiene de la soberanía de cada Estado y es por eso que su derecho penal rige dentro de su territorio. En nuestro caso, esto aparece recogido en el 8.1 ,Código Civil donde se determina que “las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública obligan a todos los que se hallen en territorio español”.

Es importante destacar que para poder aplicar el principio de territorialidad de la ley penal, hay que saber exactamente lo que se va a entender por territorio español.

Dentro de lo que se denomina como territorio del Estado español tenemos:

- En el ámbito terrestre, el territorio está formado por el terreno (junto con las aguas interiores) de la Península Ibérica, además de las Islas Baleares, de las Islas Canarias, las ciudades de Ceuta y Melilla y otros territorios en los que España tiene soberanía en el norte de África.

Por otro lado, forman parte del territorio español los edificios de las sedes diplomáticas y consulares de países extranjeros.

- El mar territorial, o zona adyacente a las costas (refiriéndonos a las aguas, al lecho y al subsuelo), sobre la que tenga soberanía el Estado, que considera que dicha soberanía no puede exceder de doce millas contadas a partir de los puntos de la línea base (considerada como tal la línea de bajamar), según el artículo 3 de la Convención de la ONU sobre Derecho del Mar de 1982, que modifica la distancia anterior de tres millas. Es decir, sobre el mar territorial tienen jurisdicción los Tribunales Españoles. Esta cuestión es realmente importante ya que cada nación tiene sobre las aguas diversos intereses: económicos, estratégicos, ecológicos, de comunicaciones…

Hay que destacar en este caso también, la Ley 15/1978, de 20 de febrero, que regula la Zona Marítima Económica, y va a establecer ya en su artículo 1 que la misma se extiende desde el límite exterior del mar territorial español hasta una distancia de doscientas millas náuticas (por el Cantábrico y el Atlántico), contadas a partir de las líneas de base desde las que se mide la anchura de aquél. Por tanto, siguiendo esto se concluye que el Estado español tiene derechos soberanos a los efectos de la exploración y explotación de los recursos naturales del lecho y del subsuelo marinos y de las aguas suprayacentes.

- En el ámbito aéreo, hay que decir que podemos fijar el espacio aéreo con facilidad una vez que ya se ha fijado la extensión del mar territorial y el ámbito terrestre, ya que la soberanía del Estado español se va a extender sobre el espacio que se sitúa sobre el territorio español y el mar territorial, siguiendo lo recogido por el artículo 1 de la Convención de Chicago de 1944 sobre aviación civil.

- Hay que destacar que “el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrán ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera” siguiendo lo aprobado por la Asamblea General de la ONU de 1966.

- Siguiendo con las naves y aeronaves, hay que tener en cuenta el tratamiento especial que se le va a dar a las mismas en cuanto a lo que a la determinación del territorio se refiere, y esto se debe a que mientras que el espacio terrestre, marítimo y aéreo tienen la consideración de espacio soberano con carácter “natural”, por el contrario, en lo que se refiere a las naves y aeronaves, esa consideración de espacio soberano no tendrá dicho carácter, sino que tendrá carácter “jurídico”. En primer lugar hay que decir que el régimen de las mismas se basa en criterios distintos: importancia militar y mercante, el lugar en el que las mismas se encuentren, si existen Tratados que recojan dicha cuestión, si existe legislación especial.

Respecto a esto en el derecho español se encuentra el 23.1 ,LOPJ, donde se determina que se extiende la jurisdicción española a los “delitos que se cometen a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales en los que España sea parte”.

Lo que se hace es considerar que se tiene que aplicar la ley penal española a aquellos delitos que se cometen a bordo de cualquier nave o aeronave de pabellón español, independientemente del territorio en el que se encuentren.

La excepción a esto es la que determina que hay que respetar los tratados que España suscribe que va a diferenciar entre las naves y aeronaves militares (consideradas parte de su territorio independientemente de donde se encuentren, y por tanto, siempre se les aplica a las mismas la ley penal) y las aeronaves civiles y los buques mercantes que en algunos casos pueden tener que someterse a las leyes penales que existan en el Estado en el que las mismas se encuentren.

Para el reconocimiento y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo,- resolución europea emitida por la autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea que se transmite a otro Estado miembro para su reconocimiento y ejecución en el mismo, hay que tener en cuenta la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, que en su (Art. 4 ,Ley 23/2014, de 20 de noviembre, dispone que “...se regirán por lo dispuesto en esta Ley, en las normas de la Unión Europea y en los convenios internacionales vigentes en los que España sea parte. En defecto de disposiciones específicas, será de aplicación el régimen jurídico previsto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal

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