El principio de legalidad en el derecho penal español: la Ley

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal

El principio de legalidad constituye uno de los principios más importantes del derecho penal, en cuanto que es una de las garantías de limitación del ius puniendi que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Tiene su origen en la Ilustración donde se desarrolla la idea de la división de poderes.

El principio de legalidad se entendería resumido en la expresión ?nullum crimen, nulla poena sine lege? y hace referencia a que únicamente la ley, que con carácter previo, haya sido aprobada por el Parlamento estatal (no por el poder ejecutivo ni judicial, ni mucho menos por los Parlamentos autonómicos), va a poder determinar que comportamientos humanos constituirán delitos y por tanto, a que conductas se le puede imponer sanciones (penas o medidas de seguridad) y el contenido de dichas sanciones.

Dentro del derecho penal español el principio de legalidad se encuentra presente en diversas normas, dentro de las cuales destaca lo recogido en la Constitución Española y en el Código Penal.

 

 

La Constitución Española reconoce en general el principio de legalidad ya en el 9.3, y más en concreto, recoge el principio de legalidad penal, eso sí, de forma imperfecta en el 25.1 ,Constitución Española.

En relación a donde se regula el principio de legalidad penal dentro del Código Penal hay que hacer referencia al Art. 10 ,Código Penal, en el 1.1 ,Código Penal, 2.1 ,Código Penal y 4.2 ,Código Penal.

Dicho principio se caracteriza porque recoge ciertas garantías como sería la garantía criminal, la garantía penal, la garantía para las medidas de seguridad, la garantía de ejecución y la garantía jurisdiccional.

Comenzando el estudio de la garantía criminal, o también denominada como nullum crimen sine lege, diremos que la misma hace referencia a que no puede considerarse una conducta como delito, si la misma no aparece recogida en la ley como tal. Esto es así, ya que se precisa que exista seguridad jurídica respecto a los delitos y se necesita que sea el poder legislativo el que determine los delitos, ya que es en el mismo, donde se encuentra la representación de la soberanía ciudadana. Se necesita que la ley no sólo recoja los delitos, sino que la misma también tiene que recoger las circunstancias agravantes y las circunstancias atenuantes.

Existe también la garantía penal, que de otro modo se denomina como nulla poena sine lege, que hace referencia a que también es preciso que la ley tenga previstas las sanciones que se van a imponer a los distintos delitos, es decir, que de nuevo igual que sucedía con el delito, será el poder legislativo el que tenga que determinar las penas.

En cuanto a lo que sería la garantía para las medidas de seguridad, decir que hace referencia a que la determinación de los estados peligrosos y la fijación de las consiguientes medidas de seguridad, igual que sucedía con las penas y los delitos.

Respecto a la garantía de ejecución, hay que hacer referencia a que la misma se refiere a que el momento de ejecución y cumplimiento también se van a ver afectados por este principio de legalidad, puesto que hay que llevar a cabo la ejecución y cumplimiento de las sanciones por los delitos que un sujeto comete según esté previsto en la ley, no pudiendo haber extralimitación respecto a la misma.

En lo que a la garantía jurisdiccional se refiere o como también se le denomina nullum crimen, nulla poene sine judicio, hay que decir que esta garantía no sólo deriva del principio de legalidad, sino que realmente deriva de lo que es el propio Estado de Derecho y sus distintos principios. Por tanto, esta garantía determina que no se va a poder determinar si existe o no un delito y por tanto, no se pueden aplicar sanciones sin que exista un juicio llevado a cabo por el órgano jurisdiccional al que le corresponda.

Frente a estas garantías, del principio de legalidad derivan también ciertas prohibiciones que se basan en la exigencia de lex praevia, scripta et stricta y son la prohibición de irretroactividad, la prohibición de remisión a instancias normativas inferiores, la prohibición de indeterminación o imprecisión y la prohibición de analogía in malam partem.

Si comenzamos con la prohibición de irretroactividad, hay que decir que la misma deriva de la exigencia de la lex praevia, y determina que la ley no puede actuar de forma retroactiva si la misma es más desfavorable o más grave a la ley que existía con anterioridad. Esta prohibición existe puesto que la ley sólo puede agravar o crear responsabilidad criminal si la misma ya recogía el delito cometido con anterioridad a que el mismo se cometiera.

Está también la prohibición de remisión a instancias normativas inferiores, que es una exigencia de la lex stricta, ya que se exige que tanto el delito como la pena, se creen por la ley y no por normas de rango inferior, ya que la determinación de los delitos y las sanciones tienen que venir dada por el Parlamento.

Mediante la prohibición de indeterminación o imprecisión, que es una exigencia de la lex stricta el scripta, se pretende mantener la seguridad jurídica por medio del uso de fórmulas precisas para describir todo lo relacionado con el tipo penal y sus penas.

La prohibición de la analogía in malam partem, es una exigencia de la lex scripta et stricta y hace referencia a que está prohibida en derecho penal la analogía que sea desfavorable al reo, que es la que se conoce como malam partem.

Haciendo ahora referencia a lo que sería la ley penal, hay que decir que ésta es la fuente principal del Derecho penal y es una norma jurídica de carácter general aprobada por los órganos públicos que tienen poder legislativo, es decir, aprobada por el Parlamento, que en España además, no podrán ser los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, tienen que ser las Cortes Generales.

En relación a lo que sería la estructura de la ley penal, comenzaremos haciendo referencia a lo que se conoce como la estructura lógica o formal de la norma.

Teniendo en cuenta esta estructura formal, hay que decir que la norma jurídica es una proposición que está formada por dos elementos: por un lado, estaría el supuesto de hecho y por otro lado, estaría la consecuencia jurídica.

La norma es una proposición de deber ser, hipotética, cuyo presupuesto con frecuencia es condicional e incierto, aunque también puede referirse, y en ocasiones así sucede, a alguna cosa que ya sucedió.

Por ser una proposición de deber ser, la estructura de la norma es la siguiente: si es A, entonces debe ser B (si se da A, la consecuencia va a ser B).

Respecto a las normas jurídico-penales hay que decir, que pese a la variedad de supuestos de hecho que pueden existir, los mismos van a poder reducirse al delito, y por su lado, las consecuencias jurídicas de la norma, se pueden reducir a las distintas sanciones que se posibilitan en el derecho penal: penas, medidas de seguridad y otras consecuencias accesorias.

Por otro lado, es importante destacar el hecho de que la norma jurídico-penal además de contar con supuesto de hecho y consecuencia jurídica, va a tener dos preceptos a los que se denominan como norma primaria y norma secundaria. La norma primaria es aquel precepto de la norma penal que está dirigida a todos los ciudadanos, a los que prohíbe o bien, ordena que lleven a cabo determinados comportamientos. La norma secundaria es aquel precepto de la norma penal que está dirigida al juez y que le ordena que dicte sentencia en la que se recoja la sanción (consecuencia jurídica) concreta para el caso de que un individuo incumpla la conducta ordenada por dicha norma, o realice un comportamiento que está prohibido por la misma (supuesto de hecho).

Además, siguiendo con la estructura de la norma jurídico-penal podemos diferenciar según la misma entre normas completas y normas incompletas.

Las normas que por su estructura se consideran completas, son aquellas en las que se describe tanto el supuesto de hecho como la consecuencia jurídica, es decir aquellas en las que se describe tanto el delito como la sanción correspondiente al mismo.

Las denominadas normas incompletas estructuralmente son aquellas que o bien contienen solamente el supuesto de hecho, es decir, el delito; o bien contienen únicamente la consecuencia jurídica, es decir, la respectiva sanción, por lo que será necesario ponerlas en relación con otras normas que las completen (porque contengan el sujeto de hecho o la consecuencia jurídica que precisan).

Sin embargo, también van a ser denominadas como normas jurídico-penales incompletas aquellas que se encargan de complementar, de limitar o bien de aclarar un determinado supuesto de hecho o una determinada consecuencia jurídica que otra norma jurídica diferente necesita.

En relación con la estructura cabe hacer referencia también al caso de las leyes penales en blanco con las que hacemos referencia a aquel tipo de normas en las que el supuesto de hecho por completo, o bien una parte del mismo, está regulado por otra norma extrapenal.

Si nos referimos a la denominada estructura dinámica, frente al estudio anterior considerado como el análisis de la estructura estática, hay que hacer referencia en que la misma se fija en como la norma relaciona a los distintos sujetos, por ellos se denomina también como estructura comunicativa. A lo que se refiere la misma es a la necesidad de la existencia de la norma, y del Derecho por tanto, para poder llevar a cabo una correcta organización de la sociedad. Y en dicha sociedad van a existir procesos de comunicación diversos entre los distintos sujetos que la forman y por ello, la norma jurídica se estructura como un proceso comunicativo, como un conjunto de expectativas de diversos sujetos, que orientan la relación entre los mismos.

Por otro lado, cabe hacer referencia a la norma como regla de determinación o bien como juicio objetivo de valoración.

En el caso de que la norma jurídico-penal se entienda como regla de determinación supone que se considere la norma como imperativo, es decir, como mandato, teniendo dicha concepción numerosas críticas.

En el caso de que se considere la norma penal como juicio objetivo de valoración, entiende que las normas del derecho, son normas objetivas de valoración y por tanto, la referencia a la antijuridicidad se considera como la infracción de las normas entendidas de este modo.

 

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