El principio de reserva de ley en el orden penal

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El principio de reserva de ley es uno de los principios que se encuentran contenidos dentro del principio de legalidad penal, entendido este último como uno de los principios más importantes del derecho penal, porque es una de las limitaciones que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico del ius puniendi.

El principio de legalidad hace referencia a que únicamente la ley, que con carácter previo, haya sido aprobada por el Parlamento va a poder determinar qué comportamientos humanos constituirán delitos y por tanto, a qué conductas se le puede imponer sanciones y el contenido de las mismas.

La relación que tiene el principio de reserva de ley con el principio de legalidad penal es que el principio de reserva de ley se incluye dentro de la garantía criminal y de la garantía penal propias del principio de legalidad.

 

 

El principio de reserva legal, también denominado de reserva absoluta de ley, es también uno de los principales problemas que encuentra el principio de legalidad penal dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Esto sucede debido a que este principio se encuentra recogido en el 25.1 ,Constitución Española, donde estas garantías penales también se extienden, además de al derecho penal, al derecho administrativo sancionador y en relación con este cabe entender que el principio se va a aplicar no solamente a normas con rango de ley, sino a normas con rango inferior a la ley, puesto que es inviable pensar que la Administración sólo utilice leyes para concretar su derecho sancionador. Por todo ello, se produce, debido a lo recogido en este artículo, un mal asentamiento en un primer momento, del principio de reserva de ley en el derecho penal, según lo que se concluye a raíz del tenor literal de dicho artículo.

Sin embargo, pese a esto no podemos determinar que el principio de legalidad penal, no se asienta totalmente en nuestro ordenamiento jurídico, lo que podemos determinar es que el 25.1 ,Constitución Española no lo recoge en su totalidad, sino sólo hace referencia al contenido del mismo parcialmente.

Por ello, la doctrina mayoritaria considera que el principio de reserva de ley donde está realmente contenido es en el 81.1 ,Constitución Española, o bien se considera que dicho principio se concreta por medio del entendimiento conjunto de varios artículos, como sería el caso del 25.1 ,Constitución Española, 53.1 ,Constitución Española y 81.1 ,Constitución Española.

Por tanto, diremos que el principio de reserva de ley determina que toda materia penal debería de ser regulada por la ley, y más en concreto dicha regulación debería de venir dada por ley orgánica.

Además, el principio de reserva de ley, como parte de lo que se denomina garantía criminal y también como parte de la garantía penal, afirma que únicamente la ley va a poder ser fuente del derecho penal y prohíbe otras fuentes, como sería el caso de la costumbre o los principios generales del derecho.

En concreto este principio de reserva de ley, refleja la garantía criminal (nullum crimen sine lege) que es aquella que hace referencia a que no puede considerarse una conducta como delito, cuando ésta no aparece recogida en la ley. Esto se debe a la necesidad de que exista seguridad jurídica respecto a los delitos y a la necesidad de que sea el poder legislativo el que determine que comportamientos humanos son delitos. Además de los delitos, la garantía criminal determina que la ley no sólo tiene que recoger estos sino que también tiene que concretar las distintas circunstancias agravantes y las circunstancias atenuantes.

Esta garantía, aparece reflejada en el 1.1 ,Código Penal, donde se determina que “no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración" y en el 1.2 ,Código Penal cuando se dice que “las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente por la ley”.

Y es importante destacar también, respecto a la garantía criminal el 4.2 ,Código Penal, donde se recoge que si un Juez tenga conocimiento de una acción u omisión que no esté penada pro la ley, pero considere que debería de estarlo, no llevará a cabo procedimiento respecto a la misma, pero indicará frente al Gobierno, la justificación de por qué considera que dicha conducta tiene que estar sancionada.

Y por otro lado, el principio de reserva de ley va a reflejar la garantía penal (nulla poena sine lege) que hace referencia a que las sanciones que se quieran imponer a los distintos delitos, también van a tener que estar previstas por la ley, es decir, que de nuevo igual que sucedía con el delito, volverá a ser el poder legislativo el encargado de determinar las penas.

En la normativa dicha garantía penal se recoge ya en un principio, en el 2.1 ,Código Penal donde se dice que “no será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración”.

 

 

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