Principios generales de las relaciones interadministrativas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 28/12/2020

Los principios que rigen las relaciones interadministrativas, se regulan en el artículo 140 del capítulo I título III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Asimismo, la ley hace especial referencia al deber de colaboración regulado en el artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Regulación de los principios que rigen en las relaciones interadministrativas

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, se encarga de la regulación del funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas, y exige que en las relaciones interadministrativas rijan una serie de principios. Estos se regulan en el artículo 140 del capítulo I título III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Asimismo, la ley hace especial referencia al deber de colaboración, que viene regulado en el artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Los principios generales que rigen las relaciones administrativas se regulan en el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y son los siguientes:

«a) Lealtad institucional.

b) Adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía y en la normativa del régimen local.

c) Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el logro de fines comunes.

d) Cooperación, cuando dos o más Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común.

e) Coordinación, en virtud del cual una Administración Pública y, singularmente, la Administración General del Estado, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

f) Eficiencia en la gestión de los recursos públicos, compartiendo el uso de recursos comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en términos de su mejor aprovechamiento.

g) Responsabilidad de cada Administración Pública en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos.

h) Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus relaciones con las diferentes Administraciones.

i) Solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitución».

Con carácter subsidiario al título III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las relaciones interadministrativas se regirán por la legislación básica en materia de régimen local.

El deber de colaboración en las relaciones interadministrativas

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, hace especial mención al deber de colaboración entre las Administraciones públicas con el objetivo de lograr fines comunes dedicándole los artículos 141-142 del capítulo II.  

Este deber de colaboración establece que las Administraciones públicas deberán respetar de manera legítima el ejercicio de las competencias que realicen otras Administraciones. Asimismo, habrá que ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de intereses públicos que estén implicados, y en concreto, aquellos cuya gestión haya sido encomendada a otras Administraciones. 

Las Administraciones habrán de facilitarse entre sí la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias, o aquella que sea necesaria para que el ciudadano pueda acceder de forma integral a la información referente a una materia concreta. 

La asistencia que otras Administraciones, en el ámbito de sus propias competencias, puedan solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias, deberá ser prestada. 

El organismo público o entidad al que se le solicita la asistencia o colaboración solo podrá negarse cuando:

  • No esté facultado para llevarla a cabo en su normativa específica.
  • No disponga de medios suficientes para ello.
  • Pudiera causar un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada, al cumplimiento de sus propias funciones o cuando la información solicitada tuviera carácter confidencial o reservado. 

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