El procedimiento especial en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos de Corporaciones o Entidades Públicas

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El procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos (uno de los procedimientos especiales en el orden contencioso-administrativo previstos en la norma) se encuentra regulado en el Art. 127 ,Ley 29/1998, de 13 de julio. Su ámbito de aplicación es el de aquellos casos en que, conforme a las Leyes, la suspensión administrativa de actos o acuerdos de Corporaciones o Entidades públicas deba ir seguida de la impugnación o traslado de aquéllos ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

El Art. 127 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, incluido en el título de la norma dedicado a los procedimientos especiales en el orden contencioso-administrativo, se ocupa del procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos y lo hace en los siguientes términos:

  • En los casos en que, conforme a las Leyes, la suspensión administrativa de actos o acuerdos de Corporaciones o Entidades públicas deba ir seguida de la impugnación o traslado de aquéllos ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se procederá conforme a lo dispuesto en este precepto.

  • En el plazo de los diez días siguientes a la fecha en que se hubiera dictado el acto de suspensión o en el que la Ley establezca, deberá interponerse el recurso contencioso-administrativo mediante escrito fundado, o darse traslado directo del acuerdo suspendido al órgano jurisdiccional, según proceda, acompañando en todo caso copia del citado acto de suspensión.

  • Interpuesto el recurso o trasladado el acuerdo suspendido, el Secretario judicial requerirá a la corporación o entidad que lo hubiera dictado para que en el plazo de diez días remita el expediente administrativo, alegue lo que estime conveniente en defensa de aquél y notifique a cuantos tuvieran interés legítimo en su mantenimiento o anulación la existencia del procedimiento, a efectos de su comparecencia ante el órgano jurisdiccional en el plazo de diez días.

  • Recibido el expediente administrativo, el Secretario judicial lo pondrá de manifiesto junto con las actuaciones a los comparecidos en el procedimiento, convocándolos para la celebración de la vista, que se celebrará como mínimo a los diez días de la puesta de manifiesto del expediente.

  • El órgano jurisdiccional podrá, motivadamente, sustituir el trámite de vista por el de alegaciones escritas, que se presentarán en el plazo común de los diez días siguientes a la notificación del auto en que así se acuerde.

  • Podrá también abrir un período de prueba, para mejor proveer, por plazo no superior a quince días.

  • Celebrada la vista o deducidas las alegaciones a que se refieren los apartados anteriores, se dictará sentencia por la que se anule o confirme el acto o acuerdo objeto del recurso, disponiendo lo que proceda en cuanto a la suspensión.

Sentado el esquema procesal del procedimiento, sólo cabe preguntarse cuáles son los supuestos habilitantes del mismo, esto es, aquellas situaciones en las que cabe "suspensión de actos o acuerdos de Corporaciones o Entidades públicas" y esta deba ir seguida de impugnación o traslado ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Pues bien, sin dejar de subrayar que, dada la redacción del Art. 127 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, la relación de los mismos dependerá de lo que determine el ordenamiento jurídico en cada momento, cabe considerar los siguientes:

El establecido en el Art. 67 ,Ley 7/1985, de 2 de abril

  • Si una Entidad local adoptara actos o acuerdos que atenten gravemente el interés general de España, el Delegado del Gobierno, previo requerimiento para su anulación al Presidente de la Corporación efectuado dentro de los diez días siguientes al de la recepción de aquéllos, podrá suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes para la protección de dicho interés.

  • El plazo concedido al Presidente de la Corporación en el requerimiento de anulación no podrá ser superior a cinco días. El del ejercicio de la facultad de suspensión será de diez días, contados a partir del siguiente al de la finalización del plazo del requerimiento o al de la respuesta del Presidente de la Corporación, si fuese anterior.

  • Acordada la suspensión de un acto o acuerdo, el Delegado del Gobierno deberá impugnarlo en el plazo de diez días desde la suspensión ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Aun cuando parezca no ajustarse estrictamente a lo dispuesto en el literal de la norma, el previsto en el apdo. 3 del Art. 30 ,Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio

  • Los actos y acuerdos de los órganos colegiados del organismo de cuenca que puedan constituir infracción de Leyes o no se ajusten a la planificación hidrológica podrán ser impugnados por el Presidente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

  • La impugnación producirá la suspensión del acto o acuerdo, pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a treinta días. El procedimiento será el establecido en el Art. 127 ,Ley 29/1998, de 13 de julio.

 

 

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