Procedimiento sancionador en materia de extranjería

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
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Procedimiento sancionador en materia de extranjería

El Título II de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (modificada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, 11/2003, de 29 de septiembre, 14/2003, de 20 de noviembre, y 2/2009, de 11 de diciembre), reguladora de los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, bajo la rúbrica "Régimen Jurídico de los Extranjeros", regula los requisitos para la entrada, salida, estancia, y de residencia y/o trabajo en España de los extranjeros en general los cuales, y dejando a salvo sus excepciones, pueden sintetizarse en: entrada por puesto habilitado, exhibición de documentos que acrediten su identidad, posesión de visado, y obtención de la autorización pertinente para residir y trabajar, los cuales se encuentran desarrollados actualmente por el Real Decreto 557/2011, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería.

 

Normativa aplicable (Art. 216 ,RD 557/2011, de 20 de abril)

1. El ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de las infracciones administrativas previstas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, se ajustará a la dispuesto en la misma y en sus disposiciones de desarrollo, y en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -la referencia debe entenderse hecha a la Ley 39/2015, de 1 de octubre y a la Ley 40/2105, de 1 de octubre- (Art. 50 ,LOEX). (1)

2. No se impondrá sanción alguna por infracciones a los preceptos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sino en virtud de procedimiento instruido al efecto.

3. En supuestos como

a) infracción leve (aprt. c), d) y e), Art. 52 ,LOEX) motiva por:

  1. Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa para trabajar por cuenta propia, cuando se cuente con permiso de residencia temporal.
  2. Encontrarse trabajando en una ocupación, sector de actividad, o ámbito geográfico no contemplado por la autorización de residencia y trabajo de la que se es titular.
  3. La contratación de trabajadores cuya autorización no les habilita para trabajar en esa ocupación o ámbito geográfico, incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados.

b) infracción grave (aprt. b), 53.1 ,LOEX y a) 53.2 ,LOEX):

  1. Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de residencia válida.
  2. No dar de alta, en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, al trabajador extranjero cuya autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena hubiera solicitado, o no registrar el contrato de trabajo en las condiciones que sirvieron de base a la solicitud, cuando el empresario tenga constancia de que el trabajador se halla legalmente en España habilitado para el comienzo de la relación laboral. No obstante, estará exento de esta responsabilidad el empresario que comunique a las autoridades competentes la concurrencia de razones sobrevenidas que puedan poner en riesgo objetivo la viabilidad de la empresa o que, conforme a la legislación, impidan el inicio de dicha relación.

a) infracción muy grave (aprt. d) y f) 54.1 ,LOEX)

  1. La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de residencia y trabajo, incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados, siempre que el hecho no constituya delito.
  2. Simular la relación laboral con un extranjero, cuando dicha conducta se realice con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente derechos reconocidos en esta Ley, siempre que tales hechos no constituyan delito.

El procedimiento sancionador se iniciará por acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Regulación de las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social), de acuerdo con lo establecido en el procedimiento sancionador por infracciones del orden social (Procedimientos para imposición de sanciones por infracciones de orden social), .

4. En todo aquello no previsto en este reglamento será de aplicación supletoria el procedimiento regulado en el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (la referencia debe entenderse hecha, dada la derogación de la norma anterior, a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y a la Ley 40/2015, de 1 de octubre).

(1) STS 24/03/2001 (R.7444/1996 ). señala que: " La naturaleza revisora de la jurisdicción Contencioso-administrativa no puede suponer una limitación de la plenitud de jurisdicción que también caracteriza a este orden. Y ello se traduce en que no es ineludible acreditar cumplidamente en la vía previa los hechos en que se apoya el ejercicio de una acción o la reclamación de un derecho. Ya que lo que no cabe es alterar los hechos aducidos en vía administrativa previa como base de la pretensión, y ello en virtud del principio de la vinculación con los actos propios, pero la falta de aportación de pruebas en el procedimiento administrativo no impide solicitar en sede jurisdiccional todas las que sean conducentes a la acreditación de los hechos en que se funda la acción que se ejercita".

Modalidades del procedimiento sancionador (Art. 217 ,RD 557/2011, de 20 de abril)

El ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de las infracciones administrativas previstas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, se tramitará por los procedimientos ordinario, preferente y simplificado..

Actuaciones previas (Art. 218 ,RD 557/2011, de 20 de abril)

Con anterioridad a la iniciación del procedimiento se podrán realizar actuaciones previas para determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. Estas actuaciones se orientarán especialmente a determinar con la mayor precisión posible los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

Iniciación del procedimiento sancionador. Competencia (Art. 219 ,RD 557/2011, de 20 de abril)

1. El procedimiento se iniciara de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por iniciativa propia bien como consecuencia de la orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia (2)

(2) Serán competentes para ordenar la incoación del procedimiento sancionador los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, los Subdelegados del Gobierno, los Jefes de Oficinas de Extranjería, el Comisario General de Extranjería y Fronteras, el Jefe Superior de Policía, los Comisarios Provinciales y los titulares de las comisarías locales y puestos fronterizos.

Instructor y secretario (Art. 220 ,RD 557/2011, de 20 de abril).

En el acuerdo de incoación del procedimiento se nombrarán instructor y secretario, que deberán ser funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, sin perjuicio de que tales nombramientos puedan recaer en otros funcionarios de las Oficinas de Extranjeros cuando se trate de procedimientos sancionadores que se tramiten por las infracciones leves e infracciones graves de los párrafos e) y h) del art. 53 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

 

Ejecución de las resoluciones sancionadoras (Art. 224 ,RD 557/2011, de 20 de abril)

1. La ejecución de las resoluciones sancionadoras se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III de este título, sin perjuicio de las particularidades establecidas para el procedimiento preferente.

2. En la resolución se adoptarán, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva. Las mencionadas disposiciones podrán consistir en el mantenimiento de las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado de conformidad con el artículo 61 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

No obstante lo anterior y de acuerdo con lo previsto en el artículo 63 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, no podrá adoptarse la medida cautelar de internamiento preventivo durante el plazo de cumplimiento voluntario que se hubiera fijado en la resolución de expulsión.

3. Las resoluciones administrativas sancionadoras serán recurribles con arreglo a lo dispuesto en las leyes. Su régimen de ejecutividad será el previsto con carácter general.

4. En todo caso, cuando el extranjero no se encuentre en España, podrá cursar los recursos procedentes, tanto en vía administrativa como jurisdiccional, a través de las representaciones diplomáticas o consulares correspondientes, que los remitirán al organismo competente.

Caducidad y prescripción (Art. 225 ,RD 557/2011, de 20 de abril)

1. El plazo máximo en que debe dictarse y notificarse la resolución que resuelva el procedimiento será de seis meses desde que se acordó su iniciación, sin perjuicio de lo dispuesto para el procedimiento simplificado (Art. 238-240 ,RD 557/2011, de 20 de abril).

Transcurrido dicho plazo sin haberse resuelto y notificado la expresada resolución se producirá la caducidad del procedimiento y se procederá al archivo de las actuaciones a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para dictar la resolución, excepto en los casos en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable a los interesados o en aquellos supuestos en que se hubiese acordado su suspensión.

2. La acción para sancionar las infracciones previstas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, prescribe a los tres años si la infracción es muy grave; a los dos años si es grave, y a los seis meses si es leve, contados a partir del día en que los hechos se hubiesen cometido.

La prescripción se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado.

El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al expedientado.

3. El plazo de prescripción de la sanción será de cinco años si la sanción impuesta lo fuera por infracción muy grave; de dos años si lo fuera por infracción grave, y de un año si lo fuera por infracción de carácter leve.

Si la sanción impuesta fuera la expulsión del territorio nacional, la prescripción no empezará a contar hasta que haya transcurrido el periodo de prohibición de entrada fijado en la resolución, que será establecido de acuerdo con lo dispuesto en el aprt 2 del Art. 245 ,Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

El plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se imponga la sanción.

4. La prescripción, tanto de la infracción como de la sanción, se aplicará de oficio por los órganos competentes en las diversas fases de tramitación del expediente.

5. Tanto la prescripción como la caducidad exigirán resolución en la que se mencione tal circunstancia como causa de terminación del procedimiento, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables, según lo establecido en el apdo. 1 del Art. 21 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre.

 

INFRACCIONES

SANCIONES

MUY GRAVES

3 AÑOS

5 AÑOS

GRAVES

2 AÑOS

2 AÑOS

LEVES

6 MESES

1 AÑOS

Tipos de procedimiento sancionador en materia de extranjería

PROCEDIMIENTO ORDINARIO procede siempre salvo en los supuestos que la norma específicamente prevea que corresponde el procedimiento preferente.

PROCEDIMIENTO PREFERENTE procede para la tramitación de los expedientes en los que se proponga una sanción de expulsión ya que la infracción imputada sea alguna de éstas:

  • Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
  • Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo, siempre que el hecho no constituya delito
  • El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.
  • La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden público previstas como graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
  • Asimismo, constituirá causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.
  • Se tramitarán por el procedimiento preferente cuando se haya cometido la infracción de encontrarse irregularmente en territorio nacional  cuando además  concurra alguna de las siguientes circunstancias:
  1. Riesgo de incomparecencia.
  2. Que el extranjero evite o dificulte la expulsión, sin perjuicio de las actuaciones en ejercicio de sus derechos.
  3. Que el extranjero represente un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO se tramitará cuando los hechos denunciados se califiquen como infracción de carácter leve prevista en alguno de los supuestos contemplados en el Art. 52 ,Ley de Extranjería.

Evidentemente, existe una clara relación entre la infracción cometida,el procedimiento que se inicia y la sanción que se va a  imponer.

Con independencia del órgano que inicie el procedimiento y lo tramite, siempre resuelve la Subdelegación o Delegación del Gobierno en comunidades uniprovinciales.

Siempre se recomienda recurrir la resolución en la que finaliza el procedimiento, tanto en vía administrativa como en vía jurídico-contenciosa.

  • Esquema del procedimiento sancionador de extranjería

Procedimiento ordinario

Procedimiento preferente

Procedimiento simplificado

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Procedimiento ordinario de multa

Procedimiento ordinario de expulsión

Procedimiento preferente de expulsión

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Resolución multa

Resolución expulsión

Resolución expulsión o multa

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Recursos que se pueden interponer

  • Reposición potestativo de reposición 

 

  • Contencioso - Administrativo

 

 

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Autorización y permiso de residencia
Trabajador extranjero
Procedimiento sancionador
Procedimiento sancionador extranjería
Potestad sancionadora
Autorizaciones administrativas
Infracciones administrativas
Comisiones
Inspección de trabajo y Seguridad Social
Acta de inspección laboral
Responsabilidad
Derechos y libertades de los extranjeros
Estancia
Residencia
Exhibición de documentos
Residencia temporal
Ánimo de lucro
Contrato de Trabajo
Regímenes de la Seguridad social
Autorización de trabajo
Plazo de prescripción
Jurisdicción contencioso-administrativa
Vía administrativa previa
Aportación de pruebas
Actos propios
Caducidad
Identificación personal
Medidas provisionales
Tramitación del expediente
Plazo de ejecución voluntaria
Resolución de expulsión
Internamiento
Prescripción y caducidad
Archivo de actuaciones
Seguridad Ciudadana
Expulsión del territorio español
Terminación del procedimiento
Inmigración clandestina
Extranjeros en situación irregular
Antecedentes penales