El procedimiento sancionador ordinario en extranjería

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 29/01/2021

Procedimiento usado por defecto, para todas las infracciones salvo las que deban seguir otro procedimiento.

Se iniciará mediante acuerdo de iniciación que se notificará al órgano instructor y a los interesados, y se advertirá que, de no formular alegaciones, propuesta de prueba o de no ser admitidas las pruebas, el acuerdo de iniciación podrá ser considerado propuesta de resolución.

El plazo para formular alegaciones, presentar documentos o proponer las pruebas, será de quince días desde que se notifique la iniciación.

 

¿Cuándo se aplica el procedimiento ordinario?

Será el procedimiento normal por el que se sustancien todas las infracciones, salvo aquellas que deban seguir otro procedimiento.

Fases del procedimiento ordinario

Se iniciará mediante acuerdo de iniciación, que contendrá, como mínimo:

  • Identificación de la persona o personas implicadas.
  • Hechos que motivan el inicio del procedimiento, brevemente explicados, su calificación y las posibles sanciones.
  • El instructor y, en su caso, el secretario.
  • Órgano competente para resolver el expediente y la norma que atribuye la competencia.
  • Indicación de la posibilidad de que el presunto infractor pueda reconocer su responsabilidad.
  • Medidas provisionales que se hayan acordado.
  • Indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio.

El acuerdo de iniciación se notificará al órgano instructor y a los interesados, y se advertirá que, de no formular alegaciones, propuesta de prueba o de no ser admitidas las pruebas, el acuerdo de iniciación podrá ser considerado propuesta de resolución.

El plazo para formular alegaciones, presentar documentos o proponer las pruebas, será de quince días desde que se notifique la iniciación.

El instructor realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad; pero si, como resultado de la investigación, se modificase la responsabilidad, la calificación de los hechos o las sanciones imponibles, se notificará en la propuesta de resolución.

El órgano instructor, una vez haya recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para realizarlas, podrá acordar la apertura de un plazo de prueba que no será inferior a diez días ni superior a treinta días.

Una vez concluido el plazo de prueba, el instructor realiza una propuesta de resolución, en la que:

  • Se fijarán, de forma motivada, los hechos, y se especificarán los que se consideren probados y su calificación jurídica.
  • Se determinará la infracción y la persona o personas responsables.
  • Se fijará la sanción que se propone.
  • Se fijarán también las medidas provisionales.

La propuesta de resolución se notificará a los interesados y se otorgará un plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar los documentos que se estimen oportunos.

El órgano competente resolverá sobre todas las cuestiones planteadas, en un plazo de 10 días desde que recibe la propuesta de resolución y los documentos, alegaciones e informaciones que existan en el procedimiento. La resolución incluirá la valoración de las pruebas, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción impuesta o la declaración de inexistencia de sanción.

RESOLUCIONES RELEVANTES

Sentencia Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense n.º 185/2016, de 13 de octubre de 2016, ECLI:ES:JCA:2016:2011

Estamos ante un supuesto de expulsión de un extranjero con prohibición de entrada por tres años. El recurrente argumenta que falta motivación en la resolución impugnada, produciendo una infracción del principio de proporcionalidad por las circunstancias del mismo (permiso de residencia para estudios en proceso de regulación llevando 4 años residiendo legalmente en España. Pero la causa principal que lleva a recurrir la sentencia anterior es que el expediente sancionador se tramitó indebidamente por el cauce preferente en vez de por el ordinario, lo que causa indefensión en el recurrente. La administración General del Estado baso el uso del procedimiento preferente en el hecho de que se detectó la situación irregular del recurrente como consecuencia de una detención derivada de malos tratos.

Sin embargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 226 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, y en los artículos 63 y 63.bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, frente a una situación de estancia o residencia irregular la Administración del Estado como regla general debe tramitar un procedimiento sancionador ordinario. El uso del procedimiento preferente en vez del ordinario causa indefensión en el recurrente debido a un periodo de audiencia más corto que solo dura 48 horas, y el procedimiento ordinario concede un trámite inicial de audiencia de 15 días más un periodo de prueba de entre 10 y 30 días, además de una segunda fase de audiencia de otros 15 días, lo que permite un mayor tiempo para preparar las alegaciones y pruebas permitiendo una mejor defensa de sus intereses. Asimismo, el procedimiento ordinario ofrece la posibilidad de evitar la prohibición de entrada si se cumple voluntariamente un plazo determinado. La última diferencia entre ambos procesos es que la expulsión dictada en un procedimiento preferente es ejecutiva con independencia un posible recurso de reposición, en cambio en el ordinario no es ejecutiva si se impugna en reposición.

Por este motivo el tribunal estima el recurso, al observar que no había motivos para proceder por medio del procedimiento preferente y no por el ordinario, ya que el infractor se hallaba correctamente identificado y documentado, tenía domicilio conocido, no existiendo problemas para notificarle todas las resoluciones dictadas en los expedientes administrativos precedentes. Tampoco existía riesgo de fuga ni implicaba un peligro para la seguridad y el orden público, ya que tras su detención policial inicial se le dejó en libertad, sin que constase ninguna medida cautelar judicial al efecto contra él. 

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián n.º 130/2012, de 4 de junio, ECLI:ES:JCA:2012:677

Estamos ante un recurso de una resolución administrativa que acuerda la expulsión de un extranjero y la prohibición de entrada. El recurrente argumenta que esta resolución es desproporcionada, debido a que el, con anterioridad al procedimiento sancionador, había solicitado una autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales. Así, el artículo 63.6 de la Ley Orgánica 4/2000 dicta que en el supuesto de las letras a) y b) dela apartado 1 del artículo 53 (como es este caso), cuando el extranjero acredite haber solicitado con anterioridad a su iniciación una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, el instructor recabará informe del órgano competente sobre el estado de tramitación de dicha solicitud, y en caso de entender procedente la prosecución del expediente continuará por los trámites del procedimiento ordinario. Así, esta sentencia estima el recurso entendiendo que la Administración debería de haber procedido como dicta el artículo 63.6, continuando los trámites del procedimiento ordinario. 

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