Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la ocupación ilegal de viviendas

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 23/10/2020

El Ministerio del Interior emitió la Instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se establece el protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la ocupación ilegal de inmuebles.

Tras conocerse el 16 de septiembre de 2020 la Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles, de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior emitió la Instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se establece el protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la ocupación ilegal de inmuebles.

Debido al fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles que afecta a la seguridad pública y produce una alarma social, y como decíamos, tras la Instrucción de la FGE, la Secretaría de Estado de Seguridad ha considerado conveniente proporcionar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) una herramienta que haga posible dar una solución policial integral y uniforme ante las diferentes situaciones que se pudiesen plantear en este ámbito, en el marco de las atribuciones que les confiere el ordenamiento jurídico, y dentro de los principios de subordinación y coordinación de las FCSE respecto de las directrices emanadas de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal.

Objeto y ámbito de aplicación de la Instrucción 6/2020

El presente Protocolo tiene por objeto establecer los criterios de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) ante las diferentes situaciones de ocupación ilegal de inmuebles que puedan generarse, así como la puesta en marcha de medidas encaminadas a hacer frente a las actividades ilícitas relacionadas con dicha modalidad delictiva, medidas que serán de carácter permanente y de aplicación en todo el territorio nacional.

Medidas policiales para la prevención e investigación de hechos delictivos relacionados con la ocupación ilegal de inmuebles

Destacamos dentro del apartado reservado a estas medidas, el uso de la aplicación ALERTCOPS para poder comunicar casos de "okupación" directamente a los FCSE. Según la Instrucción 6/2020, se usará esta aplicación "para transmitir recomendaciones y mensajes preventivos, e información general sobre el modo de actuar en caso de ser víctimas de este tipo de delitos".

Igualmente, se recomendará el uso de la aplicación ALERTCOPS entre las asociaciones de afectados, propietarios, vecinos, etc., con el fin de que las FCSE tengan un conocimiento lo más rápido posible de cuándo se está produciendo una ocupación. Para reforzar esta utilidad de ALERTCOPS se proyectará la instalación de una funcionalidad específica para canalizar las alertas emitidas por los usuarios con motivo de la detección de casos de ocupación ilegal de inmuebles.

También, con el objeto de establecer los modus operandi más frecuentes en la realización de este tipo de ilícitos penales, se incrementará la vigilancia de redes sociales e internet con el fin de detectar aquellas páginas web o portales en los que se difundan "manuales de ocupación" en los que se detalla la forma de llevarla a cabo, cómo se debe reaccionar ante la llegada de los agentes policiales, pautas de cómo defenderse jurídicamente, etc. 

Se reforzará la investigación de aquellos grupos u organizaciones criminales cuya actividad esté dirigida a la formalización de contratos falsos de venta o alquiler de bienes inmuebles, ya sea "a sabiendas" de los "inquilinos" o aprovechando su estado de necesidad. Se trata de mafias ilegales que aprovechan el movimiento de migrantes a los que se promete un trabajo temporal y alojamiento a bajo coste en nuestro territorio (viviendas vacías que son localizadas por los grupos criminales para ocuparlas ilegalmente y ofrecerlas a los migrantes a cambio de una renta económica).

Delitos previstos en la Instrucción 6/2020

Los FCSE actuarán de acuerdo con lo previsto en esta Instrucción en caso de que se cometan (principalmente) estos tres delitos relacionados con el fenómeno de la ocupación ilegal:

  • Artículo 202 del Código Penal: Delito de allanamiento de morada.
  • Artículo 203 del Código Penal: Delito de allanamiento del domicilio de personas jurídicas o establecimientos abiertos al público.
  • Artículo 245 del Código Penal: Delito de usurpación de bienes inmuebles.

La Constitución señala esencialmente tres situaciones en las que pueden intervenir las FCSE para entrar y registrar el domicilio de una persona (además de las situaciones de urgente necesidad):

1. El consentimiento del titular.
2. Resolución judicial.
3. Supuestos de flagrante delito.

En cuanto al concepto "flagrancia",  el artículo 795.1.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que:

"se considera delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él".

La Sentencia del Tribunal Supremo, Nº 399/2018, de 12 de septiembre, ECLI: ES:TS:2018:3108, considera que el delito flagrante se vertebra en tres elementos:

1º Inmediatez de la acción delictiva.

Es decir, que el delito se esté cometiendo (actualidad en la comisión) o se haya cometido instantes antes (inmediatez temporal), equivale a que el delincuente sea sorprendido en el momento de ejecutarlo. No obstante, también se ha considerado cumplido este requisito cuando el delincuente ha sido sorprendido en el momento de ir a cometerlo o en un momento posterior a su comisión.

2º Inmediatez de la actividad personal.

Equivale a la presencia de un delincuente en relación con el objeto o instrumento del delito, lo que supone la evidencia de éste y de que el sujeto sorprendido ha tenido participación en el mismo.

Tal evidencia puede resultar de la percepción directa del delincuente en el lugar del hecho o bien a través de apreciaciones de otras personas que advierten a la policía que el delito se está cometiendo. En todo caso, la evidencia solo puede afirmarse cuando el juicio permite relacionar las percepciones de los agentes con la comisión del delito y/o la participación de un sujeto determinado prácticamente de forma instantánea. Si fuese preciso elaborar un proceso deductivo más o menos complejo para establecer la realidad del delito y la participación en él del delincuente no puede considerarse un supuesto de flagrancia.

3º Necesidad urgente de intervención policial.

Supone que por las circunstancias concurrentes la policía se vea impelida a intervenir inmediatamente para evitar la progresión delictiva o la propagación del mal que la infracción acarrea, la detención del delincuente y/o la obtención de pruebas que desaparecerían si se acudiera a solicitar la autorización judicial.

Actuación policial ante esos delitos

1. Actuación ante la ocupación de inmuebles por los delitos del artículo 202 y 203 del C.P.

Ante la constatación de la comisión de un delito de allanamiento, los agentes deberán proceder a la plena identificación de los terceros ocupantes. La actuación policial se debe centran en:

- Identificación y ubicación del inmueble con los máximos datos posibles.

- Identificación de todas las personas ocupantes del inmueble, solicitándoles si disponen del algún título, contrato o autorización del titular para acceder al mismo y usarlo. En caso contrario se les informará también de que el inmueble no es de su propiedad. En el caso que se encuentre presente el propietario se informará a los autores que el titular del inmueble no da su consentimiento para que ocupen o permanezcan en el inmueble, así como informarles de la interposición de la denuncia correspondiente por parte del propietario.

- Identificación del propietario o persona titular del derecho que le habilita al disfrute del inmueble, informándole que es necesaria la interposición de denuncia por estos hechos, preferentemente en la unidad policial con competencia territorial en la demarcación. En caso de que el propietario, su o representante o titular del derecho no se encuentre en el lugar de los hechos se deben hacer gestiones a través de los vecinos, personal de seguridad, etc., para ponerse en contacto con él y verificar la no autorización de ocupación del inmueble.

- Identificación de testigos que han presenciado los hechos, como pudieran ser particulares, vigilantes de seguridad en servicio de acuda, conserjes del edificio, etc.

- Inspección técnico ocular, con el fin de constatar los daños que los autores hayan podido ocasionar en el inmueble tanto para el acceso como en su interior los detalles para acreditar una posible defraudación de fluido eléctrico u otros análogos, así como los indicios que se observan de los que se pueda deducir la voluntad de permanencia en el inmueble.

- Instrucción del correspondiente atestado en el que se incluirán, además de todo lo reseñado anteriormente, aquellas otras conductas que puedan ser constitutivas de otros hechos delictivos que se hubiesen podido cometer (daños, coacciones, defraudación de fluido eléctrico, etc.).

- En caso de la existencia de menores o personas especialmente vulnerables entre los ocupantes se procederá inmediatamente a ponerlo en conocimiento de los servicios
sociales del municipio o administración competente, para que se hagan cargo de las personas desalojadas si procediese.

Se deben adoptar las medidas de seguridad que se estimen convenientes para evitar que una vez desalojado el inmueble no vuelva a ser ocupado por persona ajena, realizando las gestiones oportunas con el propietario del inmueble.

- En los casos donde existan indicios que acrediten la existencia de una organización o grupo criminal, estos elementos y su correspondiente interpretación deben plasmarse en el atestado policial, especialmente en su diligencia informe complementaria que facilite el conocimiento global de la investigación. De esta manera, se expondrá los elementos esenciales de dicha organización, indicios e inferencias, de las que se puedan deducir las imputaciones de los partícipes en el grupo u organización criminal investigada.

1.1. Desalojo de los ocupantes

Será fundamental para el desalojo de los ocupantes por las FCSE acreditar la existencia de un delito flagrante. Recalca aquí esta Instrucción que, en un delito como el de allanamiento, que es un delito de carácter permanente, esa flagrancia no debe vincularse a la superación o no de plazo temporal alguno. Es decir, al "famoso" plazo de las 48 horas del que todos oímos hablar tantas veces.

La flagrancia sería aplicable en una diversidad de casos, pudiendo citarse a modo ilustrativo los siguientes, en los cuales podrían intervenir los FCSE para el desalojo de los ocupantes, independientemente del plazo temporal:

- Cuando los hechos son presenciados directamente por los agentes de la autoridad, observando la fuerza actuante el acceso al inmueble y la introducción de utensilios que permitan inferir la intención de efectuar una ocupación de carácter permanente.

- Cuando los vecinos y/o testigos avisan que hay personas entrando en un inmueble utilizando la fuerza (rotura o fractura de puerta o ventana).

- Mediante el aviso de una central de alarmas por activación de la señal de intrusión en un inmueble.

- Por la manifestación del vigilante de una empresa de seguridad privada o conserje del edificio que tienen contratado los propietarios del inmueble, y que cualquiera de estos avisa a los agentes de la autoridad de que se está produciendo la ocupación de la vivienda en esos momentos, etc.

- Por cualquier otra vía por la que las FCSE puedan tener conocimiento de estos hechos (aplicaciones informáticas, redes sociales, anuncios en la red, etc.).

1.2 ¿Serán detenidos los ocupantes ilegales del inmueble?

La Instrucción 6/2020 señala que para proceder a la detención o no de los ocupantes de un inmueble, se tendrá que estar al caso concreto. Es decir, que pillen al delincuente in fraganti, que de no ser flagrante el delito y si se trata de un delito leve solo podrá detener si el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante, o que los agentes identificarán plenamente a los presuntos autores (art. 771.2 LECRIM).

2. Actuación ante la ocupación de inmuebles por el delito del artículo 245 del C.P.

En el momento de la intervención policial en una vivienda que no constituya morada de la víctima, es preciso distinguir si está o no presente la flagrancia en la comisión del delito. En caso de delito flagrante se actuaría de igual forma que se ha especificado en el punto anterior.

La falta de constatación de la comisión del delito supone la imposibilidad de acceder o desalojar el inmueble en cuestión, salvo que se disponga de una previa autorización judicial que así lo acuerde.

Esto es muy importante. En caso de una ocupación "pacífica" de inmuebles que no son morada (por ejemplo, una vivienda "abandonada" que pertenece a un banco) los agentes no podrán acceder o desalojar ese inmueble, salvo que tengan la autorización judicial.

En estos casos es sumamente importante que la víctima acredite ser la propietaria del inmueble o la titular del derecho que le habilite a su disfrute y que exprese su voluntad contraria a esa ocupación, además de ausencia de título jurídico que legitime esa posesión (aunque fuese temporalmente, teniendo presente que el acceso al inmueble ha podido ser llevado a cabo por los autores con una antelación tal que ha posibilitado hacer uso del inmueble como vivienda).

Por lo tanto, si no estamos ante un delito flagrante, la actuación policial consistirá en lo siguiente:

- Identificación y ubicación del inmueble con los máximos datos posibles.

- Identificación del propietario del inmueble, informándole que es necesaria la interposición de denuncia por estos hechos, preferentemente en la unidad policial
con competencia territorial en la demarcación. En el caso de que el propietario o representante no se encuentre en el lugar de los hechos, se deben hacer gestiones a través de los vecinos, personal de seguridad, etc., para ponerse en contacto con él y verificar la no autorización de ocupación del inmueble.

- Identificación de todas las personas ocupantes del inmueble, solicitándoles si disponen de algún título, contrato o autorización del titular para acceder al mismo y usarlo, y comprobación de su autenticidad o legitimidad. En caso contrario se les informará también de que el inmueble no es de su propiedad, que su titular no da el consentimiento para que estas personas ocupen o permanezcan en dicha vivienda, y  en su caso, de la interposición de la correspondiente denuncia por parte del propietario.

- Identificación de testigos y recopilación de indicios que puedan constatar la voluntad de permanencia en el inmueble por parte de los autores, así como la acreditación del tiempo que lleva ocupado el mismo.

- Inspección técnico ocular, con el fin de constatar los daños que los autores hayan podido ocasionar en el inmueble tanto para el acceso como en su interior, los detalles para acreditar una posible defraudación de fluido eléctrico u otros análogos, así como los indicios que se observan de los que se pueda deducir la voluntad de permanencia en el inmueble.

- Se instruirá el correspondiente atestado en el que se incluirán, además aquellas otras conductas que puedan ser constitutivas de otros hechos delictivos que se hubiesen podido cometer (daños, coacciones, defraudación de fluido eléctrico, etc.)

- En caso de observar menores o personas especialmente vulnerables, y que se encuentren en mal estado de habitabilidad los inmuebles, se procederá inmediatamente a ponerlo en conocimiento de los servicios sociales del municipio o administración competente.

- En relación con la práctica de la detención, se atenderá a lo previsto anteriormente, significándose que si estamos en presencia del artículo 245.2 CP, al tratarse de un delito leve, no cabe la detención, a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante (artículo 495 LECrim).

3. Actuación ante la ocupación de inmuebles que no constituya delito

Aquellas ocupaciones ocasionales o esporádicas de inmuebles que no constituyan morada permanente o estacional, sin vocación de permanencia o de escasa intensidad, serán constitutivas de una infracción administrativa, tipificada por la Ley de seguridad ciudadana (LO 4/2015, de 30 de marzo).

Este puede ser el caso de adolescentes que se cuelan en un edificio en ruinas, deshabitado, para pasar la tarde, pero no existe voluntad de permanencia.

Artículo 37

7. La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal.

La SAP de Madrid, Nº 214/2018, de 19 de junio, ECLI:ES:APM:2018:8298 realiza una diferenciación muy clara entre el delito del art. 245.2 del C.P. y la infracción administrativa del art. 37.7 de la LO 4/2015, de 30 de marzo:

"a la hora de decantarse entre la figura penal frente a la infracción administrativa, no podemos ignorar que la diferencia de intensidad en la conducta (duración constatada de la ocupación y vocación de permanencia con carácter habitacional) es lo que distingue al delito de la falta prevista en el artículo 37.7 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, sin que quepa entender que ésta ha producido una derogación -ni siquiera tácita- del delito del artículo 245.2 del Código Penal, cuestión sobre la que también se ha pronunciado esta Audiencia".

La denuncia de la víctima o perjudicado

La denuncia que presente la víctima o perjudicado por alguno de estos delitos, deberán contener (siempre que sea posible) los siguientes apartados:

  • Identificación y ubicación del inmueble con los máximos datos posibles, así como el uso que hace del mismo el propietario, si es posible:

- Adjuntar título o documento jurídico que acredite la propiedad del inmueble, o su habilitación al disfrute del mismo.

- Fecha de adquisición del inmueble, o de la titularidad de la habilitación.

A estos efectos, resultará útil solicitar del titular del derecho la aportación de la correspondiente certificación registral firmada electrónicamente por el registrador y con el pertinente código seguro de verificación, tal y como se señala en la Instrucción 1/2020 FGE.

  • Constatar si ha sido alquilado recientemente, haciendo constar la fecha y la identificación de los inquilinos.
  • Si el inmueble se encuentra en venta, indicar la web o lugar del anuncio.
  • Si el inmueble se encuentra en trámites administrativos para obtener licencia de habitabilidad, derribo, si está declarado en ruinas, inhabitable, etc.; adjuntando los documentos que lo corroboren, todo ello al fin de determinar si se pudiera encontrar en situación de abandono.
  • Constatar si forma parte de una promoción de nueva construcción de inmuebles, y en este caso si se han ocupado las demás viviendas que forman el edificio o la promoción.
  • Si la ocupación se ha realizado individualmente o se ha utilizado un tipo de infraestructura para ello (agrupación vecinal, asociación o personas que pudieran estar dedicadas a ocupar viviendas y cederlas posteriormente a los actuales ocupantes mediante prestación económica).
  • Estado en el que se encuentra el inmueble, suministros, condiciones de habitabilidad, medidas de seguridad, etc.
  • Fecha y hora de los hechos que dieron lugar a la ocupación por personas ajenas del inmueble, y cómo el propietario ha tenido conocimiento de los mismos (filiación de testigos, informe de la incidencia por empresa de seguridad, vigilantes. de seguridad, documentos gráficos etc.).
  • Debe constar si el propietario tiene algún tipo de con las personas que han ocupado la vivienda, y en caso afirmativo, especificar el tipo de relación o conocimiento entre las mismas, así como, si el propietario ha comunicado a las personas que se encuentran haciendo uso del inmueble, que no tienen su consentimiento para que lo usen como vivienda. En dicho caso, si ha sido notificado este extremo a los ocupantes, se debe adjuntar prueba de ello y/o el medio mediante el cual se realizó dicha comunicación. Asimismo debe constar si las personas ocupantes han contestado al denunciante su intención de abandonar o mantenerse en el inmueble. Se trata con esto de dejar constancia expresa en la denuncia que la víctima o perjudicado quiere el desalojo.
  • Se deben reflejar los perjuicios que le está suponiendo al propietario la ocupación del inmueble.
  • Cualesquiera otros documentos o circunstancias que sean relevantes para la denuncia, como puedan ser fotografías de los daños causados por los autores, constancia de problemas/denuncias con los demás vecinos, enganches a suministros de forma fraudulenta, actuaciones por parte de servicios sociales en las personas que ocupan este inmueble, etc.

Ejercicio de acciones civiles por parte de la víctima o perjudicado

En los casos de ocupaciones "pacíficas" de bienes inmuebles que no se observen los elementos del delito del artículo 245 del C.P., los agentes informarán al titular afectado que podrá ejercitar las acciones civiles para recuperar la posesión, conforme a lo establecido en la LEC para la denominado "desahucio exprés contra las ocupaciones ilegales de viviendas", a través del juicio verbal de tutela sumaria de la posesión.

Podrán acudir a esta vía aquellos titulares legítimos que se ven privados ilegalmente de la posesión de su vivienda, cuando se trate de personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas. No podrán acudir a la vía civil las personas jurídicas privadas.

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Empresa de seguridad
Atestado policial
Organización criminal
Habitabilidad
Título jurídico
Seguridad Ciudadana
Código seguro verificacion
Acción civil
Edificio ruinoso

Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 260 Fecha de Publicación: 17/09/1882 Fecha de entrada en vigor: 15/10/1882 Órgano Emisor: Ministerio De Gracia Y Justicia

Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil) VIGENTE

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