La prueba en el procedimiento Contencioso-Administrativo

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La prueba en el procedimiento Contencioso-Administrativo, que se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil (Art. 281-386 ,LEC) se encuentra regulada en los Art. 60-61 ,Ley 29/1998, de 13 de julio. El recibimiento del pleito a prueba solamente se podrá pedir por medio de otrosí en los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias y se practicará en el plazo de treinta días


Define el Diccionario del Español Jurídico de la RAE y el CGPJ la prueba como la “actividad encaminada a procurar la fijación de los hechos vertidos en los escritos de calificación y la convicción del juez sobre los mismos. Desde el punto de vista constitucional que consagra "el derecho a utilizar todos los medios pertinentes para la defensa", se comprende la admisión de todos los medios pertinentes y que estos se practiquen, siempre y cuando se preserve la contradicción publicidad e inmediación se respeten los requisitos formales previstos legalmente y se lleven a cabo en tiempo”.

La resolución del procedimiento Contencioso-Administrativo ha de ser resultado de valorar las pruebas practicadas en el propio proceso, llevadas a cabo en los términos que establece el Art. 61 ,Ley 29/1998, de 13 de julio. De no ser así, se estarían vulnerando los derechos del Art. 24 ,Constitución Española, entre ellos, el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa. Ahondando en este punto, la doctrina jurisprudencial establece el alcance de este derecho (TS, Sala de lo Civil, nº 152/2006, de 22/02/2006, Rec. 2355/1999):

  • Pertinencia. “La propia formulación del art. 24.2CE , que se refiere a la utilización de los medios de prueba «pertinentes», implica que su reconocimiento no ampara un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada, en virtud de la cual las partes estarían facultadas para exigir cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer, sino que atribuye sólo el derecho a la admisión y práctica de las que sean pertinentes, entendiendo por tales aquellas pruebas que tengan una relación con el thema decidendi [supuesto que debe decidirse] [SSTC 147/2002, de 15 de junio, F. 4; 70/2002, de 3 de abril, F. 5; 165/2001, de 16 de julio, F. 2 a); y 96/2000, de 10 de abril , F. 2], pues lo contrario significaría que se pudiese alargar indebidamente el proceso o se discutiesen cuestiones ajenas a su finalidad (AATC 96/1981, de 30 de septiembre, F. 2; 460/1983, de 13 de octubre, F. 6; y 569/1983, de 23 de noviembre , F. 6), vulnerándose así el derecho de las otras partes a obtener un proceso sin dilaciones indebidas reconocido también en el art. 24.2 CE (STC 17/1984, 7 de febrero , F. 4)”.

  • Diligencia. “Tratándose de un derecho de configuración legal, la garantía que incorpora ha de realizarse en el marco legal establecido en el ordenamiento jurídico respecto a su ejercicio ( SSTC 173/2000, de 26 de junio, F. 3, y 167/1988, de 27 de septiembre , F. 2). Es preciso, por un lado, que la parte legitimada haya solicitado la prueba en la forma y momento legalmente establecido y que el medio de prueba esté autorizado por el ordenamiento (SSTC 236/2002, de 9 de diciembre, F. 4; 147/2002, de 15 de junio, F. 4; 165/2001, de 16 de julio, F. 2; y 96/2000, de 10 de abril , F. 2); y, por otro, que la falta de práctica de los medios de prueba admitidos no sea imputable al órgano jurisdiccional (SSTC 147/2002, de 15 de junio, F. 4; 109/2002, de 6 de mayo, F. 3; 70/2002, de 3 de abril, F. 5; 165/2001, de 16 de julio, F. 2; y 78/2001, de 26 de marzo , F. 3), salvo los supuestos de rechazo motivado de los medios de prueba producido en el momento procesal oportuno (SSTC 173/2000, de 26 de junio, F. 3; 96/2000, de 10 de abril, F. 2; 218/1997, de 4 de diciembre, F. 3; 164/1996, de 28 de octubre, F. 2; y 89/1995, de 6 de junio , F. 6), ya que la denegación tardía, aunque razonada, de la prueba se ha considerado que, prima facie, podría afectar al derecho en la medida en que existe el riesgo de «perjudicar dicha decisión en virtud de una certeza ya alcanzada acerca de los hechos objeto del proceso -con la consiguiente subversión del juicio de pertinencia- o, incluso, de un prejuicio acerca de la cuestión de fondo en virtud de la denegación inmotivada de la actividad probatoria» (STC 96/2000, de 10 de abril , F. 2)”.

  • Relevancia de la indefensión.Es exigible que se acredite por la parte recurrente, a quien corresponde la carga procesal correspondiente, la existencia de una indefensión constitucionalmente relevante [por todas, STC 157/2000, de 12 de junio , F. 2 c)]; cosa que se traduce en la necesidad de demostrar que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada era decisiva en términos de defensa (STC 147/2002, de 15 de julio , F. 4), esto es, que hubiera podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito (STC 70/2002, de 3 de abril , F. 5), al ser susceptible de alterar el fallo en favor del recurrente (STC 116/1983, de 7 de diciembre , F. 3)”.

  • Carácter de la indefensión.A los requisitos hasta aquí expuestos, dimanantes de la disciplina constitucional de la institución, es menester añadir, en consonancia con el sentido que tiene el cumplimiento de las normas procesales de garantía, el requisito previsto en el artículo 1693 LEC 1881 , el cual establece que «la infracción de las normas relativas a los actos de garantías procesales que producen indefensión requiere que se haya pedido la subsanación de la falta o transgresión la instancia en que se hubiere cometido y que, de haberlo sido en la primera instancia, se reproduzca en la segunda, con la salvedad, en cuanto las faltas cometidas en segunda instancia, de que fue ya imposible la reclamación». Esta Sala ha considerado que no incluye situaciones de simple indefensión formal, por quebrantamiento de alguna de las normas procesales, siempre que esta omisión no haya lesionado los intereses del perjudicado. (sentencias de 10 junio 1991, 22 abril 2002, 24 y 17 de junio de 2004 y 22 de septiembre de 2005)”.

Sentado lo anterior, esta es la regulación positiva que la ley jurisdiccional realiza de la prueba:

Requisitos formales para solicitud de práctica de prueba y práctica de la prueba (Art. 60-61 ,Ley 29/1998, de 13 de julio y LEC):

  • Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otrosí, en los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias. En dichos escritos deberán expresarse en forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba y los medios de prueba que se propongan (Apartado 1 del Art. 60 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

  • Si de la contestación a la demanda resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resolución del pleito, el recurrente podrá pedir el recibimiento a prueba y expresar los medios de prueba que se propongan dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se haya dado traslado de la misma, sin perjuicio de que pueda hacer uso de su derecho a aportar documentos conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del Art. 56 ,Ley 29/1998, de 13 de julio (aportación de documentos que tengan por objeto desvirtuar alegaciones contenidas en las contestaciones a la demanda y que pongan de manifiesto disconformidad en los hechos, antes de la citación de vista o conclusiones).

  • Se recibirá el proceso a prueba cuando exista disconformidad en los hechos y éstos fueran de trascendencia, a juicio del órgano jurisdiccional, para la resolución del pleito. Si el objeto del recurso fuera una sanción administrativa o disciplinaria, el proceso se recibirá siempre a prueba cuando exista disconformidad en los hechos.

  • La prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil (en la actualidad, los Art. 281-386 ,LEC), siendo el plazo para practicarla de treinta días. No obstante, se podrán aportar al proceso las pruebas practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso. A este respecto, recuérdese que el Art. 299 ,LEC señala los medios de prueba admisibles en derecho:

    • Interrogatorio de las partes.
    • Documentos públicos.
    • Documentos privados.
    • Dictamen de peritos.
    • Reconocimiento judicial.
    • Interrogatorio de testigos.
    • También se admitirán, conforme a lo dispuesto en la Ley, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso.
    • Cuando por cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados anteriores de este artículo pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes, el tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba, adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias.

  • Las Salas podrán delegar en uno de sus Magistrados o en un Juzgado de lo Contencioso-administrativo la práctica de todas o algunas de las diligencias probatorias, y el representante en autos de la Administración podrá, a su vez, delegar en un funcionario público de la misma la facultad de intervenir en la práctica de pruebas.

  • En el acto de emisión de la prueba pericial, el Juez otorgará, a petición de cualquiera de las partes, un plazo no superior a cinco días para que las partes puedan solicitar aclaraciones al dictamen emitido.

  • De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón del sexo, corresponderá al demandado probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes.

Recibimiento a prueba (Art. 61 ,Ley 29/1998, de 13 de julio):

  • El Juez o Tribunal podrá acordar de oficio el recibimiento a prueba y disponer la práctica de cuantas estime pertinentes para la más acertada decisión del asunto (Apartado 1 del Art. 61 ,Ley 29/1998, de 13 de julio). Aunque, la regla general es que la prueba se practique como consecuencia de solicitud de parte.

  • Finalizado el período de prueba, y hasta que el pleito sea declarado concluso para sentencia, el órgano jurisdiccional podrá también acordar la práctica de cualquier diligencia de prueba que estimare necesaria (Apartado 2 del Art. 61 ,Ley 29/1998, de 13 de julio). Por tanto, el órgano jurisdiccional podrá acordar la práctica de diligencias no solicitadas por las partes, tanto durante el trámite de recibimiento del proceso a prueba o después, una vez finalizado el período de prueba y hasta que el pleito sea declarado concluso para sentencia.

  • Las partes tendrán intervención en las pruebas que se practiquen al amparo de lo previsto en los dos apartados anteriores (Apartado 3 del Art. 61 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

  • Si el Juez o Tribunal hiciere uso de su facultad de acordar de oficio la práctica de una prueba, y las partes carecieran de oportunidad para alegar sobre ello en la vista o en el escrito de conclusiones, el Secretario judicial pondrá de manifiesto el resultado de la prueba a las partes, las cuales podrán, en el plazo de cinco días, alegar cuanto estimen conveniente acerca de su alcance e importancia (Apartado 4 del Art. 61 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

  • El Juez podrá acordar de oficio, previa audiencia a las partes, o bien a instancia de las mismas la extensión de los efectos de las pruebas periciales a los procedimientos conexos los efectos de la aplicación de las normas sobre costas procesales en relación al coste de estas pruebas se entenderá que son partes todos los intervinientes en los procesos sobre los cuales se haya acordado la extensión de sus efectos, prorrateándose su coste entre los obligados en dichos procesos al pago de las costas (Apartado 5 del Art. 61 ,Ley 29/1998, de 13 de julio)

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Práctica de la prueba
Alegaciones complementarias
Vertidos
Recibimiento del pleito a prueba
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Parte legitimada
Objeto del proceso
Cuestiones de fondo
Omisión
Interrogatorio de testigos
Documento privado
Prueba pericial
Sanciones administrativas
Período de prueba
Documento público
Reconocimiento judicial
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Organismos públicos
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