Reclamación de daños y perjuicios contra la libertad sindical y demás derechos fundamentales

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    Órden: Social Fecha: 07/07/2009 Tribunal: Tsj Murcia Ponente: Alonso Saura, Jose Luis Num. Sentencia: 647/2009 Num. Recurso: 625/2009

    El Sindicato B plantea una demanda sobre Tutela de Derechos Fundamentales al entender que la empresa A ha vulnerado el derecho a la libertad sindical pues cuando por el sindicato presentó el preaviso electoral la emperesa presentó a su propio candidato y despidio a dos trabajores que manifestaron su dicrepancia. Por el Juzgado de lo Social se estima la demanda entendiendo que ha habido una vulneración del derecho a la libertad sindical condenando a la empresa a cesar en tal cond...

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
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  • Fecha última revisión: 09/03/2016

A la hora de solicitar una indemnización de daños y perjuicios derivados de la vulneración de la Libertad Sindical u otro Derecho Fundamental, los Tribunales han establecido la necesidad de un estudio individual de cada caso, especificando en la demanda: la cantidad solicitada, los daños y perjuicios, las circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada, la duración y las consecuencias del daño, o, en todo caso, - con el objeto de que el órgano judicial conozca los por menores del cálculo de la cuantía solicitada - aportar las bases de cálculo de los perjuicios estimados.

Reclamación de daños y perjuicios contra la Libertad Sindical y demás Derechos Fundamentales

La Sala de lo Social (STS 24/10/2008 (R. 2463/2007) ha superado la tesis de la «automaticidad de la indemnización» que se formula con la STS 09/06/93 (rec. 3856/92 ) y por virtud de la cual no es necesario probar que se ha producido un perjuicio con la vulneración del derecho fundamental, sino que acreditado éste se presume la existencia del daño [el daño existe en la lesión] y debe decretarse la indemnización correspondiente. Y que en la vigente doctrina («irreprochable», desde la perspectiva constitucional: Sentencia Tribunal Constitucional, nº 247/2006, de 24/07/2006, Rec. Recurso de amparo 6074-2003) se mantiene que la prueba de la violación del derecho no determina automáticamente la aplicación de la indemnización de daños y perjuicios, sino que es precisa la alegación de elementos objetivos, aunque sean mínimos, en los que se basa el cálculo, y que los mismos resulten acreditados (entre muchas Sentencias TS, Sala de lo Social, nº S/S, de 21/07/2003, Rec. 4409/2002 y TS, Sala de lo Social, nº S/S, de 06/04/2004, Rec. 40/2003)".

Igualmente hemos de matizar el criterio sentado por la STC 247/06 de 24-7 , (citada por cierto por el propio TS en la sentencia antes reseñada), en la cual, tras considerar irreprochable el criterio anteriormente expuesto del TS, se concluye que para el concreto caso que se estaba considerando la procedencia de la indemnizar el daño derivaba de la "intensidad y agresividad del comportamiento antisindical de la administración demandada, su carácter burdo, evidente y ostensible y su finalidad disuasoria (tanto para el demandante de amparo como par el resto del colectivo de trabajadores al que aquél pertenecía); el hecho de que el demandante hubiera sufrido un traslado de centro; el que hubiera visto drásticamente reducidos su jornada e ingresos; y en fin, el que se le hubiera impedido durante meses el ejercicio de sus funciones sindicales, e incluso, el acudir a las sesiones del comité de empresa para el que había sido elegido democráticamente por los trabajadores". Es decir, el TC indica que la existencia de aquellos elementos objetivos a los que se refiere el TS como fundamento de la indemnización, pueden derivarse en atención a las circunstancia particulares de la propia intensidad del comportamiento en cuestión

Los referidos criterios jurisprudenciales han sido expresamente asumidos por el Art. 183 ,LJS, que tras establecer un principio general de resarcimiento completo del daño sufrido, así material como moral, señala: "El tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño".

En resumen, la víctima de la vulneración de derechos no precisará probar ni acreditar el perjuicio o el daño en abstracto, aunque sí su cuantía. Es decir, deberá demostrar que la indemnización dineraria reclamada se ajusta al perjuicio causado, entonces el órgano judicial fijará prudencialmente su cuantía en atención a las circunstancias concurrentes. Eso sí, para ello resulta imprescindible, de acuerdo con la reiterada doctrina del TS, desarrollada a partir de la STC 247/2006 de 24 de julio, en cuya virtud debe tratarse de supuestos en los que la propia actuación de la empresa, su intensidad, rebeldía y persistencia, pongan de manifiesto la gravedad de la vulneración de la que se trate.  STSJ Castilla y León 07/02/2014 (R. 1297/2013).

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