Recurso y cuestión de inconstitucionalidad
Temas
Recurso y cuestión de inc...cionalidad
Ver Indice
»

Última revisión

Recurso y cuestión de inconstitucionalidad

Tiempo de lectura: 15 min

Relacionados:

Estado: VIGENTE

Orden: administrativo

Fecha última revisión: 22/03/2021

Tiempo de lectura: 15 min


 El título II de la LOTC que regula los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad se divide a su vez en:

  • Capítulo I. Disposiciones generales.
  • Capítulo II. Del recurso de inconstitucionalidad.
  • Capítulo III. De la cuestión de inconstitucionalidad promovida por jueces o tribunales.
  • Capítulo IV. De la sentencia en procedimientos de inconstitucionalidad y de sus efectos.

Se fija así una regulación diferente según el tipo de procedimiento iniciado, con la particularidad de que la cuestión de inconstitucionalidad reserva su planteamiento únicamente a los jueces y tribunales.

Normas susceptibles de interposición de recurso de inconstitucionalidad

Como dispone el artículo 27 de la LOTC podrá interponerse recurso de inconstitucionalidad frente a:

  • Estatutos de autonomía y las demás leyes orgánicas.
  • Leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de ley. En el caso de los decretos legislativos, la competencia del tribunal se entiende sin perjuicio de fórmulas de control que se pueden establecer mediante leyes de delegación (art. 82.6 de la CE).
  • Tratados internacionales.
  • Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales.
  • Leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas, y en el caso de los decretos legislativos, la competencia del tribunal se entiende sin perjuicio de fórmulas de control que se pueden establecer mediante leyes de delegación (art. 82.6 de la CE).
  • Reglamentos de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.
  • El TC puede declarar inconstitucionales los preceptos de un decreto-ley, decreto legislativo, ley que regulen sobre derechos fundamentales libertades públicas, estatutos de autonomía o régimen electoral que se reservan a regulación mediante ley orgánica, conforme a lo establecido en el artículo 81 de la CE.
  • Disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas (formulado por el Gobierno —art. 161.2 de la CE—).

Para interponer el recurso de inconstitucionalidad habrá que atender al momento de la publicación oficial de la norma en concreto.

RESOLUCIONES 

STC n.º 86/1982, de 23 de diciembre, ECLI:ES:TC:1982:86

«En el recurso de inconstitucionalidad, como antes se ha expuesto, el Tribunal Constitucional garantiza la supremacía de la Constitución, es decir, un interés público objetivo, y ello se refleja en que, si bien el Tribunal no tiene un poder de iniciativa, una vez sometido al mismo el enjuiciamiento de la constitucionalidad de una Ley, puede declarar no solo la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados sino también, en su caso, la de aquellos otros de la misma Ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia (art. 39.1 de la LOTC)».

STC n.º 24/1982, de 13 de mayo, ECLI:ES:TC:1982:24

«(...) ya que el recurso de inconstitucionalidad no lo establecen la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal como una vía de impugnación que puede dirigirse de manera indiscriminada contra un bloque de legalidad o contra una parte del sistema normativo o del ordenamiento jurídico, sino que el recurso se dirige al enjuiciamiento de textos legales y de fórmulas legislativas determinados».

Legitimación para interponer recurso de inconstitucionalidad

Recoge, en términos generales, el artículo 162.1 a) de la CE que están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las asambleas de las mismas.

Lo concreta el artículo 32 de la LOTC que establece respecto a la legitimación en el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad, y atendiendo al tipo de impugnación:

  • Estatutos de autonomía o leyes del Estado (en cualquiera de sus formas).
  • Disposiciones normativas y actos del Estado o de las CC.AA con fuerza de ley.
  • Tratados internacionales.
  • Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales.

Que estarán legitimados:

  • El presidente del Gobierno.

En caso de suplencia, el propio órgano del Gobierno será quien ostente la legitimación. 

STC n.º 71/2014, de 6 de mayo, ECLI:ES:TC:2014:71

«En suma, en caso de suplencia por ausencia temporal del presidente del Gobierno, es el mismo órgano el que actúa, es el mismo órgano el que, en este caso, interpone el recurso de inconstitucionalidad, y por tanto debemos concluir que, al no haberse visto afectada la inmutabilidad de la legitimación atribuida al presidente del Gobierno por los arts. 162.1 a) CE y 32.1 a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), no concurre el defecto procesal de falta de legitimación aducido por la representación procesal del Parlamento de Cataluña».

  • El defensor del pueblo.

STC n.º 137/2010, de 16 de diciembre, ECLI:ES:TC:2010:137 que se remite a STC n.º 5/1981, de 13 de febrero, ECLI:ES:TC:1981:5

«(...) con independencia de la cualidad del Defensor del Pueblo como alto Comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el título I, su legitimación al respecto ha de entenderse en los mismos términos y con la misma amplitud que la del resto de los sujetos contemplados conjuntamente en los arts. 162.1 a) CE y 32.1LOTC, pues, como afirmamos en la temprana STC 5/1981, de 13 de febrero, dicha legitimación les ha sido reconocida a cada uno de ellos 'no en atención a su interés, sino en virtud de la alta cualificación política que se infiere de su respectivo cometido constitucional».

  • 50 diputados.
  • 50 senadores.

STC n.º 86/1982, de 23 de diciembre, ECLI:ES:TC:1982:86

«Esta función de garantía que cumple el Tribunal, y el recurso de inconstitucionalidad, da lugar a que la legitimación que contempla el art. 32.1 de la LOTC haya de interpretarse en dicho contexto, y en consecuencia a que deba afirmarse que cuando cincuenta Senadores o más deciden formular un recurso de inconstitucionalidad están poniendo de manifiesto la existencia de un interés público objetivo en que el Tribunal Constitucional desarrolle su función de garantizar la supremacía de la Constitución mediante el enjuiciamiento de la Ley impugnada».

En el caso de impugnación de leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley del Estado que afecten al propio ámbito de autonomía del que impugna, estarán también legitimados:

  • Órganos colegiados ejecutivos.
  • Asambleas de las CC.AA.

STC n.º 176/2019, de 18 de diciembre, ECLI:ES:TC:2019:176

«En definitiva, los distintos planos institucionales y funcionales en los que respectivamente se desenvuelven los órganos estatales y autonómicos dan sobrada razón de las diferentes regulaciones que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional ha establecido, con fundamento en la Constitución, en orden a la legitimación de unos u otros órganos (o de sus fracciones) para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. Importa destacar que esta diversidad de ordenaciones está presente, para aspectos de mayor relieve, en la propia norma fundamental. Así ocurre, en particular, con la asimetría de posición, en punto a la legitimación activa, de las cámaras de las Cortes Generales, de un lado, y de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas, pues en estas últimas, a diferencia de las primeras, la Constitución no atribuye tal legitimación a una determinada fracción del órgano parlamentario, sino al órgano en sí [art. 162.1 a)]. De ello cabe inferir, con toda naturalidad, que la acción de inconstitucionalidad no fue otorgada por la Constitución, en estos casos, para la impugnación de leyes propias por las mismas Asambleas autonómicas que las aprobaron, y en cuya potestad está, por tanto, derogarlas total o parcialmente. Y es del todo evidente, esto advertido, que la legitimación que a efectos de tal tipo de impugnación pretende ahora para sí el ejecutivo autonómico no solo carece, por lo ya dicho, de base alguna en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sino que llevaría también, de reconocerse, a romper el equilibrio o paridad institucional que debe existir, porque así lo ha querido la Constitución, entre uno y otro órgano superior de la comunidad autónoma para el ejercicio de la acción directa de inconstitucionalidad».

  • Conforme al artículo 119 de la LBRL, la comisión o la representación de las entidades locales en la comisión, podrán solicitar de los órganos constitucionalmente legitimados para ello la impugnación de las leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas que estime lesivas para la autonomía local garantizada constitucionalmente.
  • El artículo 63 de la LBRL dicta que las entidades locales territoriales estarán legitimadas para promover, conforme al párrafo anterior, la impugnación ante el Tribunal Constitucional de leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas cuando se estime que son estas las que lesionan la autonomía constitucionalmente garantizada.

En el caso de impugnación de disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas:

  • El Gobierno, por medio de su presidente.  

Tramitación del recurso inconstitucionalidad (art. 33 y 34 de la LOTC)

  • Plazo: 3 meses desde la publicación de la ley, disposición o acto con fuerza de ley.
  • Plazo: 9 meses En este plazo podrá interponerse el recurso de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la interposición por parte de los demás legitimados conforme al artículo 32 de la LOTC, por:

- El presidente del Gobierno y órganos colegiados ejecutivos de las CC.AA.

Frente a las siguientes materias concretas:

- Leyes.

- Disposiciones o actos con fuerza de ley.

Debiendo cumplirse los siguientes requisitos:

- Reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la respectiva Comunidad Autónoma, pudiendo solicitar su convocatoria cualquiera de las dos Administraciones.

- Adopción de acuerdo en la Comisión Bilateral sobre iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias o modificación del texto normativo. Este acuerdo podrá hacer referencia a la invocación o no de la suspensión de la norma en el caso de presentarse el recurso en el plazo previsto en este apartado.

- El citado acuerdo debe ser puesto en conocimiento del Tribunal Constitucional por los órganos anteriormente mencionados dentro de los 3 meses siguientes a la publicación de la ley, disposición o acto con fuerza de ley e insertado en el BOE y DO de la Comunidad Autónoma en cuestión.  

  • Órgano competente: el Tribunal Constitucional [art. 161.1 a) de la CE].
  • Forma: demanda.
    • Identidad de las personas u órganos que ejercitan la acción o comisionados. 
    • Concretar ley, disposición o acto impugnado. 
    • Precisar el precepto constitucional infringido.
  • Admisión a trámite de la demanda. El TC le da traslado:
    • Al Congreso de los Diputados y al Senado a través de sus presidentes.
    • Al Gobierno por el Ministerio de Justicia.
    • A los órganos legislativo y ejecutivo cuando se trata de un recurso frente a una ley o disposición con fuerza de ley dictada por una Comunidad Autónoma. 15 días para alegaciones y personación.

La admisión del recurso no suspenderá la vigencia ni la aplicación de la ley, disposición normativa o acto con fuerza de ley impugnados, a excepción del supuesto recogido en el artículo 161.2 de la CE, en la impugnación por parte del Gobierno de leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley de las Comunidades Autónomas (art. 30 de la LOTC).

  • Sentencia: 10 días tras los 15 de alegaciones. Puede ser en un plazo más amplio (no más de 30 días) que se marcará por resolución motivada del propio tribunal. Conforme al artículo 29.2 de la LOTC, la desestimación del recurso por razones de forma no impide que se pueda plantear cuestión de inconstitucionalidad en otro proceso.

Cuestión de inconstitucionalidad (art. 163 de la CE y art. 35 de la LOTC)

Dispone el artículo 163 de la CE que:

«Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos».

En ese mismo sentido se pronuncia el artículo 5.2 de la LOPJ, por lo que el artículo 35 de la LOTC establece:

«1. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley».

Respecto a la cuestión de inconstitucionalidad, debemos diferenciar:

  • Será materia susceptible de formulación de cuestión de inconstitucionalidad: norma con rango de ley cuya validez condiciona la elaboración del fallo en una sentencia

STC n.º 23/2017, de 16 de febrero, ECLI:ES:TC:2017:23

«Estos dos últimos requisitos se encuentran en estrecha conexión y resultan esenciales para garantizar el control concreto de la constitucionalidad de la Ley, impidiendo que el órgano judicial convierta dicho control en abstracto, al carecer de legitimación para ello». 

  • Legitimación: juez o tribunal (instancia de oficio o de parte).
  • Plazo: dentro del plazo para dictar sentencia o la resolución que procediera.

1. Planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad (art. 35 de la LOTC):

  • Concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona.
  • Concretar el precepto constitucional que se supone infringido.
  • Especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión.

STC n.º 102/2016, de 25 de mayo, ECLI:ES:TC:2016:102

El juicio de relevancia

«(...) corresponde al órgano judicial promotor de la cuestión realizar el juicio de aplicabilidad y de relevancia de la norma legal cuestionada, y que, por ser la elección de la norma aplicable una cuestión de legalidad ordinaria, este Tribunal debe limitarse a realizar un control externo sobre el juicio realizado por el órgano judicial; lo cual impide que se revise el criterio judicial a este respecto salvo que resulte con toda evidencia errado, por notoriamente inconsistente o equivocada la identificación de la norma llamada a ser aplicada al caso».

  • Antes de decidir sobre la admisión del planteamiento de la cuestión se oirá a las partes y al MF: 10 días improrrogables para alegaciones.

El MF intervendrá dentro de las funciones que le son propias al amparo del artículo 124 de la CE, en cuanto al ejercicio de acción de justicia en defensa de la legalidad y derechos de los ciudadanos y del interés público y, en especial, el poder de intervención en las cuestiones de inconstitucionalidad como se reconoce en el artículo 3.11 del EOMF.

  • En el plazo de 3 días el juez resuelve mediante auto no susceptible de recurso.
  • La cuestión de inconstitucionalidad puede ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia firme.
  • El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad origina la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión.
  • Una vez admitida el planteamiento de la cuestión, el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión.

2.  Admisión de la cuestión de inconstitucionalidad (art. 36 y 37):

  • La cuestión se eleva, por el órgano judicial, al Tribunal Constitucional.
  • Se acompaña a la cuestión testimonio de los autos principales y de las alegaciones de las partes y el MF (si se formularan).
  • El TC puede rechazar la cuestión si faltan las condiciones procesales o no tuviera fundamento la cuestión. el TC oye al Fiscal General del Estado (ver los artículos 22 a 26 del EOMF que desarrollan la figura del FG del Estado). Se rechaza mediante auto motivado. 
  • Admisión: se publica en el «BOE». 15 días para personarse quienes sean parte en el procedimiento judicial y 15 días para formular alegaciones.
  • Traslado de la cuestión:
    • Al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus presidentes.
    • Al Fiscal General del Estado, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia.
    • En caso de afectar a una ley o a otra disposición normativa con fuerza de ley dictadas por una Comunidad Autónoma, a los órganos legislativo y ejecutivo de dicha comunidad

Se podrán personar y formular alegaciones en plazo improrrogable de 15 días.

  • Sentencia: 15 días tras los 15 de alegaciones. Puede ser en un plazo más amplio (no más de 30 días) que se marcará por resolución motivada del propio tribunal. 

¿Qué efectos tienen las sentencias dictadas en procedimientos de inconstitucionalidad?

Partiendo del artículo 164 de la CE que regula, en términos generales, las directrices que marcan las sentencias del tribunal Constitucional y siguiendo con los artículos 38 a 40 de la LOTC, las sentencias dictadas los procedimientos de recurso de inconstitucionalidad o cuestión de inconstitucionalidad se caracterizarán por:

  • Tener valor de cosa juzgada.
  • Vincular a todos los poderes públicos.
  • Producen efectos desde la publicación en el «BOE».
  • Las sentencias desestimatorias de recursos de inconstitucionalidad y en conflictos en defensa de la autonomía local impedirán cualquier planteamiento ulterior de la cuestión por cualquiera de las dos vías, fundado en la misma infracción de idéntico precepto constitucional.
  • Las sentencias recaídas en cuestiones de inconstitucionalidad: el TC lo comunicará inmediatamente al órgano judicial competente para la decisión del proceso que lo notificará a las partes del proceso. El juez o tribunal quedará vinculado desde que tuviere conocimiento de la sentencia constitucional y las partes desde el momento en que sean notificadas.
  • La sentencia declarará la inconstitucionalidad y la nulidad de los preceptos impugnados y otros de la misma ley, disposición o acto con fuerza de ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia. La declaración de inconstitucionalidad puede fundamentarse en la infracción de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado.

CUESTIÓN

¿Qué es la «autocuestión» de inconstitucionalidad?

Como se recoge en este último párrafo, conforme al artículo 39.2 de la LOTC, el Tribunal Constitucional al resolver la cuestión de inconstitucionalidad puede ir más allá de lo que se ha invocado en el recurso, pudiendo acudir a otros preceptos para fundamentar la inconstitucionalidad de la norma cuestionada. Esta discrecionalidad del Tribunal Constitucional es lo que se denomina como «autocuestión» de inconstitucionalidad. Para su planteamiento será requisito que se estime previamente el recurso de amparo (art. 55.2 de la LOTC).

Resuelven en ese sentido las STC n.º 113/1989, de 22 de junio, ECLI:ES:TC:1989:113 y STC n.º 40/1989, de 16 de febrero, ECLI:ES:TC:1989:40.

  • Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad.
  • La jurisprudencia de los tribunales de justicia recaída sobre leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los procesos constitucionales.
  • Son susceptibles de ejecución por el TC, instrumento garantizador del Estado de derecho (STC n.º 185/2016, de 3 de noviembre, ECLI:ES:TC:2016:185).