Recurso especial en materia de contratación

TIEMPO DE LECTURA:

  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 28/03/2022

El recurso especial en materia de contratación encuentra su regulación a lo largo de los artículos 44-60 de la Ley de Contratos del Sector Público.

¿Qué entendemos por recurso especial en materia de contratación?

El recurso especial en materia de contratación se regula en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), mediante la cual se transponen al ordenamiento jurídico español la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Dicho recurso tendrá carácter potestativo y será gratuito para los recurrentes.

Encuentra su regulación a lo largo de los artículos 44 a 60 de la LCSP.

¿Qué actos serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación?

Serán susceptibles del recurso referenciado, los actos y decisiones relacionados en el art. 44.2 de la LCSP, es decir:

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso, se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 149 de la LCSP.

Sentencia del TSJ de Madrid nº 297/2019, de 8 de mayo. ECLI:ES:TSJM:2019:10501

«(...) Por tanto, para poder recurrir los actos de trámite se exige que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, considerando la normativa aplicable a este recurso (TRLCSP) como actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, los actos de la Mesa de Contratación acordando la exclusión del licitador (...). En consecuencia, no se pone en entredicho que los actos de la Mesa de Contratación puedan ser objeto de recurso especial pero para ello se requiere que sean actos de trámite cualificados en los términos expuestos, es decir, que la resolución de la Mesa de Contratación acordando la exclusión de un licitador o de una oferta sea un acto definitivo, no sometido, por tanto, a la aprobación del órgano de contratación».

c) Los acuerdos de adjudicación.

Sentencia del TSJ de Madrid n.º 584/2019, de 11 de octubre, ECLI:ES:TSJM:2019:10347

«Expuesto lo anterior, de lo que se trata ahora es de decidir si es posible interponer el presente Recurso contencioso-administrativo directamente contra la Resolución del Viceconsejero de Salud de 13 de febrero de 2017, por la que se adjudicó el lote 1 del contrato, pese a que previamente la ahora recurrente interpuso contra dicha Resolución Recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que dictó Resolución inadmitiendo el Recurso especial, y ello en atención a que el mencionado Recurso especial contra las resoluciones de adjudicación de los órganos de contratación, se configura en el artículo 40 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, como un Recurso potestativo esto es, alternativo al Recurso contencioso-administrativo que se puede interponer directamente contra las Resoluciones administrativas de adjudicación, de forma que si se opta por acudir al Recurso especial, no cabe a la vez interponer directamente Recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones de adjudicación del contrato, sino que lo único posible es impugnar ante esta Jurisdicción las Resoluciones de los Tribunales Administrativos de Contratación que resuelvan el Recurso especial en materia de contratación».

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.

e) La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no cumplan los requisitos legales.

f) Los acuerdos de rescate de concesiones.

¿Qué contratos son recurribles por medio de recurso especial en materia de contratación?

El recurso se podrá interponer cuando los actos o decisiones anteriores, se refieran a los siguientes contratos que pretendan concertar las Administraciones públicas o las restantes entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores:

a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros.

b) Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto la celebración de alguno de los contratos tipificados en la letra anterior, así como los contratos basados en cualquiera de ellos.

c) Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones de euros.

Serán igualmente recurribles los contratos administrativos especiales, cuando por sus características no sea posible fijar su precio de licitación o, en otro caso, cuando su valor estimado sea superior a lo establecido para los contratos de servicios, los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 de la LCSP, y los encargos cuando, por sus características, no sea posible fijar su importe o, en otro caso, cuando este, atendida su duración total más las prórrogas, sea igual o superior a lo establecido para los contratos de servicios.

Ahora bien, los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados anteriormente podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano al que corresponda la instrucción del expediente o al órgano de contratación, a efectos de su corrección con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el acto de adjudicación.

A TENER EN CUENTA. Es de destacar que, por una parte, no se dará este recurso en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia; y por otra, contra las actuaciones mencionadas como susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios.

Sin perjuicio de lo anterior, los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las Administraciones públicas que no reúnan los requisitos mencionados (los contratos contra los que se puede interponer este recurso), podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la LPACAP, así como en la LJCA; y para el caso de actuaciones realizadas por poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administraciones públicas, aquellas se impugnarán en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la LPACAP ante el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela.

¿Qué órgano es competente para la resolución del recurso especial en materia de la contratación en la Administración General del Estado?

De acuerdo con el artículo 45 de la LCSP, el órgano competente para la resolución del recurso, en el ámbito de los poderes adjudicadores del sector público estatal, será el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), siendo un órgano especializado que actuará con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias. Dicho órgano estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, y estará compuesto por un presidente y un mínimo de cinco vocales. Cuando el volumen de asuntos sometidos a su conocimiento lo requiera, el número de vocales se incrementará mediante real decreto.

El tribunal estará dividido en un mínimo de dos secciones, que estarán presididas por el propio presidente del tribunal, quien podrá delegar el ejercicio de la función en uno de los vocales que integren la sección, y formadas por uno o más vocales y el secretario general.

El presidente fijará mediante acuerdo el reparto de atribuciones entre las secciones y el pleno, así como la distribución de asuntos entre las secciones.

A TENER EN CUENTA. El artículo 45.1 de la LCSP ha sido modificado por Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con entrada en vigor el 01/01/2021.

¿Qué órgano es competente para la resolución del recurso especial en materia de contratación de la contratación en las CCAA y entidades locales?

De acuerdo con el artículo 46 de la LCSP, en el ámbito de las comunidades autónomas, la competencia para resolver los recursos será establecida por sus normas respectivas, debiendo crear un órgano independiente cuyo titular, o en el caso de que fuera colegiado al menos su presidente, ostente cualificaciones jurídicas y profesionales que garanticen un adecuado conocimiento de las materias que sean de su competencia. No obstante, las CCAA podrán atribuir la competencia para la resolución de los recursos al TACRC.

Para el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, podrán designar sus propios órganos independientes ajustándose a los requisitos establecidos para los órganos de las comunidades autónomas, o bien atribuir la competencia al TACRC; y para el caso de las corporaciones locales, la competencia será establecida por las normas de las comunidades autónomas cuando estas tengan atribuida competencia normativa y de ejecución en materia de régimen local y contratación.

A TENER EN CUENTA. El párrafo segundo del art. 46.4 de la LCSP, el cual señalaba que «En el supuesto de que no exista previsión expresa en la legislación autonómica y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, la competencia para resolver los recursos corresponderá al mismo órgano al que las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se integran las Corporaciones Locales hayan atribuido la competencia para resolver los recursos de su ámbito», fue declarado inconstitucional y nulo por la sentencia del Tribunal Constitucional n.º 68/2021, de 18 de marzo de 2021, rec. de inconstitucionalidad 4261-2018 interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Competencias en materia de contratación pública: nulidad parcial de los preceptos legales estatales relativos al órgano competente para resolver, en el ámbito autonómico, el recurso especial en materia de contratación; eficacia de las clasificaciones de empresas, e inserción en una sola plataforma electrónica del perfil de contratante de las entidades locales; interpretación conforme con la Constitución de distintos preceptos legales y apreciación de diversos supuestos de disconformidad con el orden constitucional de distribución de competencias. (BOE de 23/04/2021) en vigor desde 18/03/2021.

¿Qué órgano es competente para la resolución del recurso especial en materia de contratación contra actos de poderes adjudicadores que no sean Administración pública y en relación con los contratos subvencionados?

De acuerdo con el artículo 47 de la LCSP, cuando se trate de los recursos interpuestos contra actos de los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administraciones públicas, la competencia estará atribuida al órgano independiente que la ostente respecto de la Administración a que esté vinculada la entidad autora del acto recurrido.

Para finalizar, por lo que respecta a los contratos subvencionados, la competencia corresponderá al órgano independiente que ejerza sus funciones respecto de la Administración a que esté adscrito el ente u organismo que hubiese otorgado la subvención, o al que esté adscrita la entidad que la hubiese concedido, cuando esta no tenga el carácter de Administración pública.

Legitimación para interponer el recurso especial en materia de contratación

De acuerdo con el artículo 48 de la LCSP, estarán legitimadas para interponer el recurso especial en materia de contratación:

1. Cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso.

2. Contra los actos susceptibles de ser recurridos, estarán también legitimadas las organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o decisiones recurribles pudiera deducirse fundadamente que estas implican que, en el proceso de ejecución del contrato, se incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores que participen en la realización de la prestación.

3. Y, en todo caso, la organización empresarial sectorial representativa de los intereses afectados.

En el referido artículo se reconoce una legitimación amplia tanto para los licitadores como a quienes acrediten titularidad de derechos o intereses legítimos perjudicados o bien puedan ser afectados, por lo que a través del referido recurso se pretende una tutela de un interés actual que ha de quedar claramente justificado, sin que sea suficiente el mero control de legalidad ordinaria. Precisamente por ello, es preciso concretar la relación de la pretensión del recurrente con el objeto del contrato y con su pretensión en el recurso especial. En este sentido, es interesante traer a colación la sentencia de la Audiencia Nacional, rec. 185/2017, de 13 de septiembre de 2018, ECLI:ES:AN:2018:3541.

Por tanto, el interés legítimo se caracteriza, en palabras del Tribunal Constitucional en su sentencia n.º 52/2007, de 12 de marzo, por lo siguiente:

«En concreto hemos precisado, con relación al orden contencioso-administrativo, que el interés legítimo se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados), de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético). Se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensión, que se materializaría de prosperar ésta. O, lo que es lo mismo, el interés legítimo es cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación pretendida (SSTC 252/2000, de 30 de octubre, FJ 3; 173/2004, de 18 de octubre, FJ 3; y 73/2006, de 13 de marzo, FJ 4; con relación a un sindicato, STC 28/2005, de 14 de febrero, FJ 3)».

No hay versiones para este comentario

Actos de trámite
Contratos administrativos
Interés legitimo
Indefensión o perjuicio irreparable
Concurso público
Contratos de servicios
Actos definitivos
Contratos de obras
Contrato administrativo especial
Corporaciones locales
Administración local
Recursos administrativos
Funcionarios públicos
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Colegiado
Sindicatos
Proceso de ejecución
Persona física
Tutela
Objeto del contrato

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 272 Fecha de Publicación: 09/11/2017 Fecha de entrada en vigor: 09/03/2018 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 236 Fecha de Publicación: 02/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/10/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RD-Ley 36/2020 de 30 de Dic (Medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 341 Fecha de Publicación: 31/12/2020 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2021 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado Etq= 7723

Incluídos en este concepto

Documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
  • Objeto de los recursos administrativos

    Orden: Administrativo Fecha última revisión: 25/03/2022

    Los artículos 112 y 113 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, relacionados con el objeto y clases de los recursos administrativos.Los aspectos generales en la interposición de recursos administrativosLos aspectos generales que entran en juego en la ...

  • El recurso de alzada en la Ley 39/2015, de 1 de octubre

    Orden: Administrativo Fecha última revisión: 25/03/2022

    Recurso de alzada: artículos 121-122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.El recurso de alzada en el ámbito administrativoEl recurso de alzada es un recurso jerárquico que sirve para agotar la vía administrativa respecto de aquellos actos y resoluc...

  • Publicidad por medios telemáticos en la Ley de Contratos del Sector Público

    Orden: Administrativo Fecha última revisión: 01/03/2018

    El Título III, del Libro IV de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se titula “Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y telemáticos”. Las referencias a la publicación en el...

  • Recurso contencioso en la expropiación forzosa

    Orden: Administrativo Fecha última revisión: 21/02/2022

    Contra la resolución que ponga fin al expediente de expropiación forzosa podrá interponerse un recurso contencioso-administrativo.¿Qué garantías jurisdiccionales regula la legislación sobre expropiación forzosa?Según el artículo 124 de la ...

  • Preparación de los contratos de las Administraciones Públicas

    Orden: Administrativo Fecha última revisión: 05/02/2020

    Para conocer las normas relativas a la preparación de los contratos de las Admnistraciones Públicas debe acudirse a lo dispuesto en  la Sección I del Capítulo I del Título I del Libro II de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre ( Art. 115 a Art. 13...

Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados

Libros y cursos relacionados