Recurso especial en materia de contratación

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 17/03/2020

  • Serán susceptibles de recurso especial los siguientes ACTOS Y DECISIONES:

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 149 LCSP.

c) Los acuerdos de adjudicación.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.

e) La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no cumplan los requisitos legales.

f) Los acuerdos de rescate de concesiones.

  • Cuando se refieran a los siguientes CONTRATOS que pretendan concertar las Administraciones Públicas o las restantes entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores:

a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros.

b) Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto la celebración de alguno de los contratos tipificados en la letra anterior, así como los contratos basados en cualquiera de ellos.

c) Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones de euros.

El recurso especial en materia de contratación se regula en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), mediante la cual se transponen al ordenamiento jurídico español la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Dicho recurso tendrá carácter potestativo y será gratuito para los recurrentes.

Serán susceptibles del recurso referenciado, los actos y decisiones relacionados en el art. 44.2 de la LCSP, es decir:

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso se considerará que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 149 LCSP.

c) Los acuerdos de adjudicación.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.

e) La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no cumplan los requisitos legales.

f) Los acuerdos de rescate de concesiones.

Cuando se refieran a los siguientes contratos que pretendan concertar las Administraciones Públicas o las restantes entidades que ostenten la condición de poderes adjudicadores:

a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros.

b) Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto la celebración de alguno de los contratos tipificados en la letra anterior, así como los contratos basados en cualquiera de ellos.

c) Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones de euros.

Serán igualmente recurribles los contratos administrativos especiales, cuando por sus características no sea posible fijar su precio de licitación o, en otro caso, cuando su valor estimado sea superior a lo establecido para los contratos de servicios, los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 de la LCSP, y los encargos cuando, por sus características no sea posible fijar su importe o, en otro caso, cuando este, atendida su duración total más las prórrogas, sea igual o superior a lo establecido para los contratos de servicios.

Ahora bien, los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados anteriormente podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano al que corresponda la instrucción del expediente o al órgano de contratación, a efectos de su corrección con arreglo a derecho, y sin perjuicio de que las irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el acto de adjudicación.

Es de destacar que por una parte no se dará este recurso en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia; y por otra, contra las actuaciones mencionadas como susceptibles de ser impugnadas mediante el recurso especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios.

Sin perjuicio de lo anterior, los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos mencionados podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la LPACAP, así como en la ;LJCA; y para el caso de actuaciones realizadas por poderes adjudicadores que no tengan la condición de Administraciones Públicas, aquellas se impugnarán en vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en la LPACAP ante el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela. 

A mayor abundamiento, el órgano competente para la resolución del recurso, en el ámbito de los poderes adjudicadores del sector público estatal, será el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, órgano especializado que actuará con plena independencia funcional en el ejercicio de sus competencias. Dicho órgano estará adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública, y estará compuesto por un Presidente y un mínimo de dos vocales.

En el ámbito de las Comunidades Autónomas, la competencia para resolver los recursos será establecida por sus normas respectivas, debiendo crear un órgano independiente cuyo titular, o en el caso de que fuera colegiado al menos su Presidente, ostente cualificaciones jurídicas y profesionales que garanticen un adecuado conocimiento de las materias que sean de su competencia; no obstante, las CCAA podrán atribuir la competencia para la resolución de los recursos al TACRC.

Para el caso de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla podrán designar sus propios órganos independientes ajustándose a los requisitos establecidos para los órganos de las Comunidades Autónomas, o bien atribuir la competencia al TACRC; y para el caso de las Corporaciones Locales, la competencia será establecida por las normas de las Comunidades Autónomas cuando estas tengan atribuida competencia normativa y de ejecución en materia de régimen local y contratación.

Sin embargo, cuando se trate de los recursos interpuestos contra actos de los poderes adjudicadores que no tengan la consideración de Administraciones Públicas, la competencia estará atribuida al órgano independiente que la ostente respecto de la Administración a que esté vinculada la entidad autora del acto recurrido.

Para finalizar, por lo que respecta a los contratos subvencionados la competencia corresponderá al órgano independiente que ejerza sus funciones respecto de la Administración a que esté adscrito el ente u organismo que hubiese otorgado la subvención, o al que esté adscrita la entidad que la hubiese concedido, cuando esta no tenga el carácter de Administración Pública.

Estarán legitimadas para interponer el recurso especial en materia de contratación “cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso”, así como, contra los actos susceptibles de ser recurridos “las organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o decisiones recurribles pudiera deducirse fundadamente que estas implican que en el proceso de ejecución del contrato se incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los trabajadores que participen en la realización de la prestación”; y en todo caso “la organización empresarial sectorial representativa de los intereses afectados”

Jurisprudencia destacada sobre el recurso especial en materia de contratación

Sentencia del TSJ de Madrid, de fecha 11 de octubre de 2019, núm. 584/2019, rec. 242/2018 

"Expuesto lo anterior, de lo que se trata ahora es de decidir si es posible interponer el presente Recurso contencioso-administrativo directamente contra la Resolución del Viceconsejero de Salud de 13 de febrero de 2017, por la que se adjudicó el lote 1 del contrato, pese a que previamente la ahora recurrente interpuso contra dicha Resolución Recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que dictó Resolución inadmitiendo el Recurso especial, y ello en atención a que el mencionado Recurso especial contra las resoluciones de adjudicación de los órganos de contratación, se configura en el artículo 40 y siguientes del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, como un Recurso potestativo esto es, alternativo al Recurso contencioso-administrativo que se puede interponer directamente contra las Resoluciones administrativas de adjudicación, de forma que si se opta por acudir al Recurso especial, no cabe a la vez interponer directamente Recurso contencioso-administrativo contra las resoluciones de adjudicación del contrato, sino que lo único posible es impugnar ante esta Jurisdicción las Resoluciones de los Tribunales Administrativos de Contratación que resuelvan el Recurso especial en materia de contratación".

Sentencia del TSJ de Madrid, de fecha 8 de mayo de 2019, núm. 297/2019, rec. 51/2018

"La Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, si bien no es aplicable al presente supuesto, conforme a su disposición transitoria primera.4 que dispone que ' ...los procedimientos de recurso iniciados al amparo de los artículos 34 y 40 , respectivamente, del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público , aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, seguirán tramitándose hasta su resolución con arreglo al mismo', regula de dicha materia de una forma similar a la expuesta, al establecer en el artículo 44.2.b ) que serán susceptible de recurso especial en materia de contratación ' los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso, se considerarán que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la Mesa o del Órgano de Contratación, por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o licitadores o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean excluidas por resultar anormalmente bajas como consecuencia de la aplicación del artículo 149'. Por tanto, para poder recurrir los actos de trámite se exige que estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, considerando la normativa aplicable a este recurso ( TRLCSP) como actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, los actos de la Mesa de Contratación acordando la exclusión del licitador (...). En consecuencia, no se pone en entredicho que los actos de la Mesa de Contratación puedan ser objeto de recurso especial pero para ello se requiere que sean actos de trámite cualificados en los términos expuestos, es decir , que la resolución de la Mesa de Contratación acordando la exclusión de un licitador o de una oferta sea un acto definitivo, no sometido, por tanto, a la aprobación del órgano de contratación. Ahora bien, en el caso enjuiciado, el acuerdo de la Mesa de Contratación de 6 de septiembre de 2017, es un mero acto de trámite no susceptible de recurso especial, por cuanto que se trata de una mera propuesta de exclusión de la oferta del recurrente por contener valores anormales o desproporcionados, que se eleva al órgano de contratación para su aprobación, y que, según la disposición adicional segunda, apartado 3 del TRLCSP, sobre normas específicas de contratación de las Corporaciones Locales, es la Junta de Gobierno local, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo, sin que dicho órgano municipal quede vinculado por la citada propuesta, pudiendo, por tanto, aceptarla o rechazarla".

Sentencia del TSJ de Andalucía, de fecha 18 de junio de 2018, núm. 714/2018, rec. 272/2016 

“El pronunciamiento de inadmisión se asienta en el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), que dice: 'Podrá interponer el correspondiente recurso especial en materia de contratación toda persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso', al entender que dicha UTE no estaba legitimada para interponer el recurso especial en materia de contratación contra la indicada resolución de convalidación”.

 

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Actos de trámite
Concurso público
Interés legitimo
Indefensión o perjuicio irreparable
Contratos administrativos
Recursos administrativos
Corporaciones locales
Tutela
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Colegiado
Persona física
Sindicatos
Proceso de ejecución
Actos definitivos
Junta de Gobierno Local
Unión Temporal de Empresas

Ley 9/2017 de 8 de Nov (Contratos del Sector Público) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 272 Fecha de Publicación: 09/11/2017 Fecha de entrada en vigor: 09/03/2018 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Directiva 2014/24/UE de 26 de Feb DOUE (Contratación Pública) VIGENTE

Boletín: Diario Oficial de la Unión Europea Número: 93 Fecha de Publicación: 28/03/2014 Fecha de entrada en vigor: 17/04/2014 Órgano Emisor: Parlamento Europeo Y Consejo

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