Recurso de reposición y reclamaciones económico-administrativas en la Ley General Tributaria

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Fiscal
  • Fecha última revisión: 03/04/2020

El recurso de reposición y la reclamación económico-administrativa son dos clases de recursos administrativos cuyo objeto es examinar la legalidad de los actos administrativos de contenido económico regulados por el derecho tributario. El recurso de reposición es potestativo y lo resuelve el órgano que dictó el acto. La reclamación económico-administrativa, que se puede interponer directamente contra una resolución o, si se ha interpuesto recurso de reposición, después de que este se resuelva; es resuelta por un órgano distinto al que dicto el acto que se recurre, los Tribunales Económico-Administrativos, y, a diferencia del de reposición, sí funciona como un presupuesto necesario del recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Recurso de reposición

Por medio del recurso de reposición se somete, mediante su impugnación, la revisión del acto al mismo órgano que lo dictó.

Características:

  • Es un recurso previo a la vía económico-administrativa, potestativo (puede o no interponerse previamente a ella), y no devolutivo (lo resuelve el mismo órgano que dictó el acto impugnado).
  • Deberá interponerse, en su caso, con carácter previo a la reclamación económico-administrativa.
  • Relación con reclamaciones económico-administrativas.
  • No se puede interponer de forma simultánea con una reclamación económica administrativa. De tal manera que una vez interpuesto el recurso de reposición no se podrá promover la reclamación económico-administrativa hasta que el recurso se haya resuelto de forma expresa o hasta que pueda considerarlo desestimado por silencio administrativo. En el caso de que se interponga un recurso de reposición y una reclamación económico-administrativa con objeto idéntico, dentro del plazo establecido, el efecto será que se tramite el presentado en primer lugar y se declarare inadmisible el segundo.

 

Iniciación y tramitación

Plazo para recurrir

El plazo para la interposición de este recurso será de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación del acto recurrible o del siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Tratándose de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, el plazo para la interposición se computará a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario de pago.

 

Tramitación

Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano que dictó el acto recurrido

Si el recurrente precisase del expediente para formular sus alegaciones, deberá comparecer durante el plazo de interposición del recurso para que se le ponga de manifiesto.

A los legitimados e interesados en el recurso de reposición les serán aplicables las normas establecidas al efecto para las reclamaciones económico-administrativas (las veremos más adelante).

  • La doctrina del Tribunal Supremo ha venido delimitando el contenido de “interés legítimo”, "ha de entenderse referida a un interés en sentido propio, cualificado o específico (STC 257/1989, de 22 de diciembre), lo que en el ámbito del Tribunal Supremo ha llevado a insistir que la relación unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto impugnado), con la que se define la legitimación activa, comporta el que su anulación produzca de modo inmediato un efecto positivo (beneficio) o evitación de un efecto negativo (perjuicio) actual o futuro, pero cierto (STS de 1 de octubre de 1990) y presupone, por tanto, que la resolución administrativa pueda repercutir, directa o indirectamente, pero de modo efectivo y acreditado, es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien alega su legitimación y, en todo caso, ha de ser cierto y concreto, sin que baste, por tanto, su mera invocación abstracta y general o la mera posibilidad de su acaecimiento (SSTS de 4 de febrero de 1991, 17 de marzo y 30 de junio de 1995 y 12 de febrero de 1996, 9 de junio de 1997 y 8 de febrero de 1999, entre otras muchas; SSTC 60/1982, 62/1983, 257/1988, 97/1991, 195/1992, 143/1994 y ATC 327/1997)”. Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 7, Rec 6154/2002 de 23 de Abril de 2005.

La reposición somete a conocimiento del órgano competente para su resolución todas las cuestiones de hecho o de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el recurso, sin que en ningún caso se pueda empeorar la situación inicial del recurrente.

  • Si el órgano competente estima pertinente examinar y resolver cuestiones no planteadas por los interesados, las expondrá a los mismos para que puedan formular alegaciones.
  • En cuanto a la posibilidad de que el interesado aporte pruebas al procedimiento en este procedimiento la jurisprudencia ha señalado que "la conclusión a la que se llega es que si en vía económico-administrativa y en vía judicial es posible aportar la documentación que el actor estime procedente para impugnar una resolución tributaria, parece mucho más lógico que pueda hacerse antes en el discurrir procedimental y aportarse en el primero de los medios de impugnación que pueden ejercitarse’.’ En consecuencia, es posible aportar en vía de recurso de reposición todos aquellos documentos que el sujeto obligado considere pertinentes en apoyo de su pretensión". Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 211/2019, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 533/2016 de 05 de Marzo de 2019.
     
     

Suspensión de la ejecución del acto recurrido

La LGT tributaria prescribe la suspensión automática de la ejecución del acto impugnado a instancia del interesado si se garantiza:

  • El importe de dicho acto.
  • Los intereses de demora que genere la suspensión.
  • Los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía.

Si la impugnación afectase a una sanción tributaria, su ejecución quedará suspendida automáticamente sin necesidad de aportar garantías de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 212 de la LGT.

Las garantías necesarias para obtener la suspensión automática serán exclusivamente las siguientes:

  • Depósito de dinero o valores públicos.
  • Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución.
  • Fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia para los supuestos que se establezcan en la normativa tributaria.

Podrá suspenderse la ejecución del acto recurrido sin necesidad de aportar garantía cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho.

Si el recurso no afecta a la totalidad de la deuda tributaria, la suspensión se referirá a la parte recurrida, quedando obligado el recurrente a ingresar la cantidad restante.

Si el recurso afecta a una deuda tributaria que, a su vez, ha determinado el reconocimiento de una devolución a favor del obligado tributario, las garantías aportadas para obtener la suspensión garantizarán asimismo las cantidades que, en su caso, deban reintegrarse como consecuencia de la estimación total o parcial del recurso.

Cuando deba ingresarse total o parcialmente el importe derivado del acto impugnado como consecuencia de la resolución del recurso, se liquidará interés de demora por todo el período de suspensión.

 

Resolución

Como ya se ha señalado es competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano que dictó el acto recurrido, que no podrá abstenerse de resolver, sin que pueda alegarse duda racional o deficiencia de los preceptos legales.

La resolución contendrá una exposición sucinta de los hechos y los fundamentos jurídicos adecuadamente motivados que hayan servido para adoptar el acuerdo.

En ejecución de una resolución que estime total o parcialmente el recurso contra la liquidación de una obligación tributaria conexa a otra del mismo obligado tributario se regularizará la obligación conexa distinta de la recurrida en la que la Administración hubiese aplicado los criterios o elementos en que se fundamentó la liquidación de la obligación tributaria objeto de la reclamación.

El plazo máximo para notificar la resolución será de un mes contado desde el día siguiente al de presentación del recurso.

  • En el cómputo del plazo anterior no se incluirá el período concedido para efectuar alegaciones a los titulares de derechos afectados, ni el empleado por otros órganos de la Administración para remitir los datos o informes que se soliciten. Los períodos no incluidos en el cómputo del plazo por las circunstancias anteriores no podrán exceder de dos meses.
  • Transcurrido el plazo máximo para resolver sin haberse notificado resolución expresa, y siempre que se haya acordado la suspensión del acto recurrido, dejará de devengarse el interés de demora en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 26 de la LGT.

Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición, el interesado podrá considerar desestimado el recurso al objeto de interponer la reclamación procedente.

Contra la resolución de un recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso.

 

 

Reclamaciones económico-administrativas

 

La reclamación económico-administrativa tiene un preceptivo, así el artículo 228 de la LGT dispone que la competencia de los Tribunales Económico-Administrativos será irrenunciable e improrrogable y no podrá ser alterada por la voluntad de los interesados.

Esta reclamación previa preceptiva se fundamenta en la voluntad de reducir la litigiosidad y evitar la sobrecarga de los Tribunales de Justicia; pero en ocasiones, la reclamación económico-administrativa se ha demostrado ineficaz y fuente de dilaciones indebidas del procedimiento revisor, aunque la introducción en la LGT de un procedimiento abreviado en única instancia para asuntos de menor complejidad (artículo 245 de la LGT) puede contribuir a paliar estos efectos. 

La LGT regula la reclamación económico-administrativa ante órganos estatales con relación a los tributos del Estado, a los tributos cedidos a las comunidades autónomas o a los recargos establecidos por éstas sobre impuestos estatales. Con relación a los tributos propios de las CCAA, podrán establecer éstas sus propios órganos económico-administrativos (artículo 20 a) de la LOFCA). Por su parte, mediante la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernizacion del gobierno local ha establecido, con la finalidad de "reducir la conflictividad en vía contencioso-administrativa" cuando se trata de tributos locales, un órgano municipal para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. Así, junto al TEAC, a los TEA regionales –ámbito propio de la CA– y al TEA Local –para Ceuta y Melilla–, la Ley citada introduce el TEA municipal para municipios de gran población, en relación con los tributos de competencia municipal, y, en todo caso, con sujeción a la LGT y sin perjuicio de los TEA del Estado.
Fuera de estos supuestos, se sustanciarán en vía económico-administrativa los actos de gestión de los tributos locales cuando la ley reguladora de las Haciendas Locales así lo disponga (lo hace para determinados actos del IBI y el IAE), pero con carácter general, en vía administrativa sólo cabe el recurso de reposición, y contra la denegación expresa o tácita de dicho recurso puede acudirse directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa.

 

Actos susceptibles de reclamación económico-administrativa

Con carácter general puede decirse que son objeto de reclamación económico-administrativa:

  • Por razón de su naturaleza (artículo 227.1 de la LGT):
    • Los que provisional o definitivamente reconozcan o denieguen un derecho o declaren una obligación o un deber;
    • Los de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto o pongan término al procedimiento.
  • Por su contenido:
    • Los actos de aplicación de los tributos (cuya lista enumera a título ejemplificativo el artículo 227.3 de la LGT), esto es, los dictados en el procedimiento de gestión, de inspección o de recaudación.
    • Los de imposición de sanciones (artículo 227.3 de la LGT).
    • Las actuaciones u omisiones de los particulares relativos a la aplicación de los tributos (art. 227.4).

No pueden ser objeto de reclamación:

  • Los que den lugar a reclamación en vía administrativa previa a la judicial, civil o laboral o pongan fin a dicha vía.
  • Los dictados en procedimientos en los que esté reservada al Ministro de Economía y Hacienda o al Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos la resolución que ultime la vía administrativa, pues, en cuanto órganos superiores de la Administración de la que dependen los Tribunales económico-administrativos, no pueden estos conocer de la impugnación de sus actuaciones.
  • Los dictados en virtud de una ley que los excluya de reclamación económico-administrativa (por ejemplo, la resolución que pone fin al procedimiento de revocación, según el artículo 219.5 de la LGT).
  • Los de mero trámite cuando no decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto o pongan término al procedimiento (como, por ejemplo, las actas de la inspección).
    Sin poder entrar a analizar toda la casuística al respecto, sí podemos decir que frecuentemente se ha referido la jurisprudencia a la impugnabilidad de los actos de comprobación de valores, que han sido considerados con carácter general como actos de mero trámite que no son susceptibles de impugnación previa e independiente del acto de liquidación, salvo aquellos respecto de los que exista una previsión legal de esa impugnación. De otro lado, queda ya claro que la liquidación definitiva es susceptible de reclamación en vía administrativa aunque sea confirmatoria de una provisional; y, como ha declarado la jurisprudencia, la autoliquidación por su propia naturaleza no es en sí un acto impugnable por el contribuyente que la formuló, pues, si lo fuera se generaría la atípica situación de impugnar los actos propios. Lo impugnable es el acto administrativo de gestión tributaria que se produce por el efecto de la autoliquidación, expreso o tácito, confirmatorio o revocatorio.

Al margen de los actos de contenido tributario, la DA 11ª LGT somete a la reclamación económico-administrativa otros actos relativos a las obligaciones del Tesoro y derechos pasivos de funcionarios.

 

Órganos económico-administrativos

El conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas corresponderá con exclusividad a los órganos económico-administrativos, que actuarán con independencia funcional en el ejercicio de sus competencias.

En el ámbito de competencias del Estado, son órganos económico-administrativos:

  • El Tribunal Económico-administrativo Central.
  • Los tribunales económico-administrativos regionales y locales.

También tendrá la consideración de órgano económico-administrativo la Sala Especial para la Unificación de Doctrina.

La competencia de los tribunales económico-administrativos será irrenunciable e improrrogable y no podrá ser alterada por la voluntad de los interesados.


La LGT regula la organización y competencia de los TEA del Estado que lo son, como hemos visto, no sólo el TEA Central, sino también los TEA Regionales (uno en cada comunidad autónoma) y Locales (Ceuta y Melilla). A ellos corresponde conocer las reclamaciones que se formulen contra actos administrativos relativos a impuestos estatales, recargos y tributos cedidos. A la Sala Especial para Unificación de Doctrina le corresponde, como indica su denominación, resolver el recurso extraordinario de esta clase regulado en el artículo 243 de la LGT.

Conforme al Real Decreto 1330/2000, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura organica basica del Ministerio de Hacienda el Tribunal Económico-Administrativo Central, y a través de él, los TEA Regionales y Locales, dependen orgánicamente de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, aunque con independencia funcional en la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. Por ello, la LGT ha dispuesto que no vinculan a los órganos económico-administrativos las contestaciones consultas tributarias escritas y el principio de independencia funcional debe prevalecer incluso frente a las disposiciones interpretativas dictadas por el Ministro de Economía y Hacienda, a que se refiere el artículo 12.3 de la LGT. También como manifestación de la independencia funcional, establece el artículo 83 LGT que se ejercerán con separación las funciones de aplicación de los tributos y la de resolución de las reclamaciones económico-administrativas.

 

Competencias de los Tribunales económico-administrativos

La competencia de los Tribunales económico-administrativos, que es irrenunciable e improrrogable, se determina objetiva, territorial y funcionalmente. La Ley distingue según que el acto dimane de un órgano central de la Administración o de un órgano periférico, o de que se impugne una actuación de los particulares, y la doble instancia depende de la cuantía de la reclamación. Así:

- Los TEA Regionales y locales tienen competencia:

  • Objetiva: conocen de las reclamaciones contra actos dictados por órganos estatales periféricos, de la Administración de las comunidades autónomas, y de las actuaciones de los particulares. Y lo harán en única instancia cuando la cuantía de la reclamación no exceda de 150.000 euros, o cuando se haya seguido el procedimiento abreviado (artículo 248 de la LGT), y en primera instancia, con posibilidad de recurso de alzada ordinario ante el TEAC, cuando la reclamación supere aquella cuantía (artículo 241 de la LGT).
  • Territorial: se determinará conforme a la sede del órgano que hubiera dictado el acto objeto de la reclamación o conforme al domicilio fiscal de la persona o entidad que interponga la reclamación, cuando se trate de reclamación frente a actuaciones de los particulares.

- El Tribunal Económico Central, tiene competencia:

  • Objetiva: conoce de las reclamaciones contra actos dictados por órganos estatales centrales, por los órganos superiores de la Administración de las comunidades autónomas, pero también de las que se formulen contra los actos de la Administración periférica, de la Administración de las comunidades autónomas, y de las actuaciones de los particulares cuando quepa el recurso de alzada y éste se interponga directamente ante el TEAC.
    También conocerá en única instancia de las reclamaciones en las que deba oírse o se haya oído como trámite previo al Consejo de Estado.
  • Territorial: es de ámbito nacional.
  • Funcional: conoce del recurso de alzada ordinario (artículo 241 de la LGT) cuando se haya resuelto en primera instancia por los TEA Regionales y Locales y quepa este recurso por la cuantía de la reclamación, y de los recursos extraordinarios de revisión (artículo 244.4 de la LGT) y de alzada para la unificación de criterio (art. 242).

- Los órganos económico-administrativos de las CCAA y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, tienen competencia:

  • Objetiva: conocen de las reclamaciones contra actos dictados por la Administración de las comunidades autónomas y de las Ciudades con estatuto de autonomía, y de las actuaciones de los particulares. Y lo harán en única instancia cuando la cuantía de la reclamación no exceda de 150.000 euros, o cuando se haya seguido el procedimiento abreviado (artículo 248 de la LGT), y en primera instancia, con posibilidad de recurso de alzada ordinario ante el TEAC, cuando la reclamación supere aquella cuantía (artículo 241 de la LGT).
  • Territorial: se determinará conforme a la sede del órgano que hubiera dictado el acto objeto de la reclamación o conforme al domicilio fiscal de la persona o entidad que interponga la reclamación, cuando se trate de reclamación frente a actuaciones de los particulares.

 

Acumulación de reclamaciones económico-administrativas

Los recursos y las reclamaciones económico-administrativas se acumularán a efectos de su tramitación y resolución en los siguientes casos:

  • Las interpuestas por un mismo interesado relativas al mismo tributo, que deriven de un mismo procedimiento.
  • Las interpuestas por varios interesados relativas al mismo tributo siempre que deriven de un mismo expediente, planteen idénticas cuestiones y deban ser resueltas por el mismo órgano económico-administrativo.
  • Las que se hayan interpuesto por varios interesados contra un mismo acto administrativo o contra una misma actuación tributaria de los particulares.
  • La interpuesta contra una sanción si se hubiera presentado reclamación contra la deuda tributaria de la que derive.

Fuera de los casos establecidos en el número anterior, el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, podrá acumular motivadamente aquellas reclamaciones que considere que deben ser objeto de resolución unitaria que afecten al mismo o a distintos tributos, siempre que exista conexión entre ellas. 

Los acuerdos sobre acumulación o por los que se deja sin efecto una acumulación tendrán el carácter de actos de trámite y no serán recurribles.

 

Suspensión de la ejecución del acto impugnado en vía económico-administrativa

La LGT del 2003 ha establecido la suspensión automática de la ejecución del acto impugnado en vía económico-administrativa (aunque puede haberse acordado ya en el recurso de reposición) en dos supuestos:

  • De la deuda tributaria, cuando se garantice suficientemente su importe por medio de alguna de las formas de garantía que establece taxativamente el artículo 233.2 de la LGT.
    • En este caso quedando garantizado el pago de la deuda tributaria mediante el correspondiente aval, caución o fianza, incluidos los intereses de demora que genere la suspensión, no hay razón para anticipar la ejecución de un acto cuya validez es objeto de controversia jurídica en vía económico-administrativa y jurisdiccional, por mucho que se presuma válido. En ese caso, no hay perjuicio alguno para la Hacienda Pública, y, por el contrario, el pago de las cuotas controvertidas puede acarrear daños de difícil reparación para el contribuyente. 
  • Sin necesidad de garantía, cuando se trate de sanciones tributarias, de acuerdo con lo que dispuso el artículo 212.3 a) de la LGT.
    • Esta suspensión automática de la sanción tributaria se fundamenta en el principio de no responsabilidad y presunción de inocencia (ver comentario al artículo 178). La suspensión en estos casos es automática, es decir, no está sujeta a la apreciación o valoración del órgano administrativo; éste debe otorgarla en cualquiera de estos supuestos, una vez haya declarado suficiente la garantía cuando ésta proceda.

Al margen de los supuestos de suspensión automática, el ingreso de la deuda tributaria controvertida puede también suspenderse:

  • Si se presta garantía de cualquier otra clase de las que taxativamente establece el artículo 233.2 de la LGT y se declara suficiente por el Tribunal.
  • Con dispensa total o parcial de garantías, en dos supuestos:
    • Cuando se aprecie que al dictar el acto se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho.
    • Cuando dicha ejecución pudiera causar perjuicios de difícil o imposible reparación. Debe tenerse en cuenta a estos efectos que tras la Ley 29/1998, de la Jurisdicción contencioso-administrativa, la suspensión en vía jurisdiccional de la ejecución del acto no depende ya tanto de la irreparabilidad del perjuicio como de garantizar la finalidad legítima del recurso, por lo que el órgano que debe decidir sobre la suspensión debe ponderar el perjuicio que la suspensión causaría al interés público o a terceros y el perjuicio que se causa al recurrente por la ejecución del acto controvertido.

 

Normas generales del procedimiento económico-administrativo

La LGT distingue entre un procedimiento general económico-administrativo, al que le dedica los artículos 234 a 244 de la LGT, y un procedimiento abreviado ante órganos unipersonales, regulado en los artículos 245 a 248 de la LGT.

Dentro del procedimiento general se distingue a su vez entre el procedimiento en única o primera instancia (según que pueda o no interponerse recurso de alzada ordinario), con sus fases de iniciación, desarrollo y terminación, y los recursos en vía económico-administrativa de alzada ordinario, extraordinario de alzada para unificación de criterio, extraordinario para la unificación de doctrina y el extraordinario de revisión (artículos 241 a 244 de la LGT).

El procedimiento abreviado lo es en única instancia, pues no cabe interponer recurso de alzada ordinario, sin perjuicio de que procedan los demás recursos en vía económico-administrativa (artículo 248 de la LGT).

El procedimiento se impulsará de oficio con sujeción a los plazos establecidos, que no serán susceptibles de prórroga ni precisarán que se declare su finalización.

Todos los actos y resoluciones que afecten a los interesados o pongan término en cualquier instancia a una reclamación económico-administrativa serán notificados a los interesados.

  • La notificación deberá expresar si el acto o resolución es o no definitivo en vía económico-administrativa y, en su caso, los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin que ello impida que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.

El procedimiento económico-administrativo será gratuito. No obstante, si la reclamación o el recurso resulta desestimado o inadmitido y el órgano económico-administrativo aprecia temeridad o mala fe, podrá exigirse a la persona a la que resulte imputable dicha temeridad o mala fe que sufrague las costas del procedimiento, según los criterios que se fijen reglamentariamente.

La condena en costas se impondrá en la resolución que se dicte, con mención expresa de los motivos por los que el órgano económico-administrativo ha apreciado la concurrencia de mala fe o temeridad, así como la cuantificación de la misma.

 

Iniciación

La REA se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado. 

En los supuestos de silencio administrativo, podrá interponerse la reclamación desde el día siguiente a aquél en que produzcan sus efectos. Si con posterioridad a la interposición de la reclamación, y antes de su resolución, se dictara resolución expresa, se remitirá al Tribunal, una vez notificada al interesado.En la notificación se advertirá que la resolución expresa, según su contenido, se considerará impugnada en vía económico administrativa, o causará la terminación del procedimiento por satisfacción extraprocesal que será declarada por el órgano económico administrativo que esté conociendo el procedimiento.

En todo caso, se concederá el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación, para que el interesado pueda formular ante el Tribunal las alegaciones que tenga por convenientes. 

  • Tratándose de reclamaciones relativas a la obligación de expedir y entregar factura que incumbe a empresarios y profesionales, el plazo al que se refiere el primer párrafo empezará a contarse transcurrido un mes desde que se haya requerido formalmente el cumplimiento de dicha obligación.
  • En el supuesto de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, el plazo para la interposición se computará a partir del día siguiente al de finalización del período voluntario de pago.

El procedimiento deberá iniciarse mediante escrito que podrá limitarse a solicitar que se tenga por interpuesta, identificando al reclamante, el acto o actuación contra el que se reclama, el domicilio para notificaciones y el tribunal ante el que se interpone. Asimismo, el reclamante podrá acompañar las alegaciones en que base su derecho.

  • Se dirigirá al órgano administrativo que haya dictado el acto reclamable, que lo remitirá al tribunal competente en el plazo de un mes junto con el expediente, en su caso electrónico, correspondiente al acto, al que se podrá incorporar un informe si se considera conveniente.
  • No obstante, cuando el escrito de interposición incluyese alegaciones, el órgano administrativo que dictó el acto podrá anular total o parcialmente el acto impugnado antes de la remisión del expediente al tribunal dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, siempre que no se hubiera presentado previamente recurso de reposición. En este caso, se remitirá al tribunal el nuevo acto dictado junto con el escrito de interposición.

La interposición de la reclamación se realizará obligatoriamente a través de la sede electrónica del órgano que haya dictado el acto reclamable cuando los reclamantes estén obligados a recibir por medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones.

 

Tramitación

El Tribunal, una vez recibido y, en su caso, completado el expediente, lo pondrá de manifiesto a los interesados que hubieran comparecido en la reclamación y no hubieran presentado alegaciones en la interposición o las hubiesen formulado pero con la solicitud expresa de este trámite, por plazo común de un mes en el que deberán presentar escrito de alegaciones con aportación de las pruebas oportunas.

La puesta de manifiesto del expediente electrónico podrá tener lugar por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, pudiendo presentarse por estos medios las alegaciones y pruebas. Los obligados a interponer la reclamación de forma electrónica, habrán de presentar las alegaciones, pruebas, y cualquier otro escrito, por esta misma vía. 

El tribunal podrá asimismo solicitar informe al órgano que dictó el acto impugnado, al objeto de aclarar las cuestiones que lo precisen.

Las pruebas testificales, periciales y las consistentes en declaración de parte se realizarán mediante acta notarial o ante el secretario del tribunal o el funcionario en quien el mismo delegue que extenderá el acta correspondiente. No cabrá denegar la práctica de pruebas relativas a hechos relevantes, pero la resolución que concluya la reclamación no entrará a examinar las que no sean pertinentes para el conocimiento de las cuestiones debatidas, en cuyo caso bastará con que dicha resolución incluya una mera enumeración de las mismas, y decidirá sobre las no practicadas.

Podrán plantearse como cuestiones incidentales aquellas que se refieran a extremos que, sin constituir el fondo del asunto, estén relacionadas con el mismo o con la validez del procedimiento y cuya resolución sea requisito previo y necesario para la tramitación de la reclamación, no pudiendo aplazarse hasta que recaiga acuerdo sobre el fondo del asunto.

  • La resolución que ponga término al incidente no será susceptible de recurso, si bien, al recibir la resolución de la reclamación, el interesado podrá discutir nuevamente el objeto de la cuestión incidental mediante el recurso que proceda contra la resolución.

 

Terminación

Además del modo normal de terminación del procedimiento por la resolución de la reclamación, el procedimiento económico-administrativo puede finalizar por:

  • Por renuncia al derecho en que la reclamación se fundamente, con los límites establecidos en el artículo 6.2 del CC.
  • Por desistimiento de la petición o instancia, esto es, la renuncia a la reclamación sin renuncia del derecho.
  • Por caducidad, motivada por la paralización del procedimiento –por más de tres meses, según artículo 95 de la LPAC– y por causa imputable al reclamante. Debe tenerse en cuenta que conforme al art. 95 LPAC, el trámite omitido por el reclamante debe ser indispensable para dictar resolución y no podrá ser declarada sin previa advertencia.
  • Por satisfacción extraprocesal de la pretensión, esto es, al margen del procedimiento económico-administrativo (por ejemplo, revisión del acto por la Administración).

Resolución

La forma normal de terminación del procedimiento económico-administrativo es la resolución del tribunal que podrá ser estimatoria, desestimatoria o declarar la inadmisibilidad, en los siguientes casos:

  • Cuando se impugnen actos o resoluciones no susceptibles de reclamación o recurso en vía económico-administrativa.
  • Cuando la reclamación se haya presentado fuera de plazo.
  • Cuando falte la identificación del acto o actuación contra el que se reclama.
  • Cuando la petición contenida en el escrito de interposición no guarde relación con el acto o actuación recurrido.
  • Cuando concurran defectos de legitimación o de representación.
  • Cuando exista un acto firme y consentido que sea el fundamento exclusivo del acto objeto de la reclamación, cuando se recurra contra actos que reproduzcan otros anteriores definitivos y firmes o contra actos que sean confirmatorios de otros consentidos, así como cuando exista cosa juzgada.

Conforme al principio non liquet, no puede el Tribunal abstenerse de resolver, y debe dictar resolución motivada expresiva de los aspectos fácticos y jurídicos que la fundamentan. Se decidirán en ella todas las cuestiones que se susciten en el expediente, hayan sido o no planteadas por los interesados (no rige aquí el deber de congruencia), se trate de cuestiones de forma o procedimiento, que hayan podido causar indefensión, o sustantivas o relativas al fondo del asunto. La resolución estimatoria por quebrantamiento de forma produce la nulidad del acto y la retroacción de las actuaciones al momento en el que se cometió la falta. En otro caso se anulará o confirmará el acto por razones sustantivas.

La resolución que se dicte tendrá plena eficacia respecto de los interesados a quienes se hubiese notificado la existencia de la reclamación. Las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos dictadas en las reclamaciones relativas a actuaciones u omisiones de los particulares, a que se refiere el artículo 227.4 de la LGT, una vez hayan adquirido firmeza, vincularán a la Administración Tributaria en cuanto a la calificación jurídica de los hechos tenidos en cuenta para resolver, sin perjuicio de sus potestades de comprobación e investigación. A tal efecto, estas resoluciones serán comunicadas a la Administración competente.

La doctrina reiterada por los TEA vincula a los órganos económico-administrativos inferiores y a los de aplicación de los tributos, y al propio Tribunal del que dimana, pues no puede apartarse arbitrariamente de modo irrazonable y sin explicación de la doctrina precedente. Excepcionalmente, el artículo 239.6 de la LGT, en relación con los procedimientos relativos a la obligación de expedir facturas, fija el protocolo por el cual se soluciona la negativa u obstrucción a entregarla por el reclamado, mientras que en el apartado 7 se recogen los efectos que ha de tener la resolución que afecte a una liquidación conexa del mismo obligado tributario con arreglo a lo previsto en el artículo 68.9 de la LGT

Plazo de resolución 

La duración del procedimiento en cualquiera de sus instancias será de un año contado desde la interposición de la reclamación. Transcurrido ese plazo el interesado podrá entender desestimada la reclamación al objeto de interponer el recurso procedente.

El tribunal deberá resolver expresamente en todo caso. Los plazos para la interposición de los correspondientes recursos comenzarán a contarse desde el día siguiente al de la notificación de la resolución expresa.

Transcurrido un año desde la iniciación de la instancia correspondiente sin haberse notificado resolución expresa y siempre que se haya acordado la suspensión del acto reclamado, dejará de devengarse el interés de demora en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 26 de la LGT.

 

 

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Suspensión de la ejecución del acto
Recursos administrativos
Error aritmético
Efectos del silencio administrativo
Plazos de interposición del recurso
Interés legitimo
Legitimación activa
Domicilio fiscal
Seguro de caución
Entidades de crédito
Sociedad de garantía recíproca
Estatutos de autonomía
Liquidación de la obligación tributaria
Obligaciones tributarias
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Impuesto sobre Bienes Inmuebles
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Procedimiento de comprobación de valores
Actos propios
Acto impugnable
Funcionarios públicos
Escrito de interposición
Principio de independencia
Terminación del procedimiento
Órganos centrales
Doble instancia
Satisfacción extraprocesal
Actos de trámite

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RDLeg. 2/2004 de 5 de Mar (TR. de la ley reguladora de las haciendas locales) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 59 Fecha de Publicación: 09/03/2004 Fecha de entrada en vigor: 10/03/2004 Órgano Emisor: Ministerio De Hacienda

Ley 39/2015 de 1 de Oct (Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 236 Fecha de Publicación: 02/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/10/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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