Régimen de adquisición de bienes patrimoniales

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    Órden: Civil Fecha: 17/05/2013 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Diaz Mendez, Nicolas Pedro Manuel Num. Sentencia: 196/2013 Num. Recurso: 2/2013

    PRIMERO: Es ya de señalar como el art. 465.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dando acogida al principio 'tantum devolutum quantum apellatum' viene a señalar que la sentencia a dictar en el recurso de apelación se habrá de pronunciar exclusivamente sobre los puntos y cuestiones hechos valer en el escrito de interposición del recurso y, en su relación, en el de oposición, con prohibición de la 'reformatio in peius' o reforma de la resolución recurrida en sentido peyorativo para la par...

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    Órden: Civil Fecha: 02/07/2010 Tribunal: Ap - Tenerife Ponente: Sanchez, Maria Luisa Santos Num. Sentencia: 287/2010 Num. Recurso: 324/2010

    PRIMERO.- La parte apelante (actora) pretende la revocación de la sentencia recurrida y la íntegra estimación de la demanda por ella formulada, con expresa imposición a los demandados de las costas causadas. Como alegaciones del recurso aduce la errónea valoración de la prueba practicada al atribuir al título alegado por los codemandados, en mérito de su dominio, eficacia para la traslación de la propiedad de la finca objeto de reivindicación, realizando dicha apelante un análisis de ...

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    PRIMERO: Frente a la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Arucas dictada el día 15 de enero de 2.013, que desestimó la demanda de D. Fructuoso y la presentada por Dña. Nieves , los actores interpusieron recurso de apelación, en el que, en síntesis, alegaron la inexactidud de los antecedentes de hecho de dicha resolución, la existencia en ella de errores en la valoración de las pruebas, y la improcedencia de la adquisición por los demandados de las parc...

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    Se desestima el recurso de apelación contra la sentencia desestimatoria dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de León, sobre nulidad de contrato de compraventa. La parte recurrente pide que se declare nula la venta de una finca que es de su propiedad, porque la venta fue realizada, sin título de propiedad. Para pedir la nulidad de esta venta es necesario que quien la pide tenga sobre ésta un legítimo derecho de propiedad o el título de dominio, pero en este caso ...

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 24/04/2016

Adquisición de bienes patrimoniales

 

Las Administraciones públicas podrán adquirir bienes patrimoniales por cualquiera de los modos previstos en el ordenamiento jurídico y, en particular, por los siguientes:

a) Por atribución de la ley.

El Art. 17 ,LPAP establece que pertenecen a la administración general del Estado los siguientes bienes:

* Los inmuebles que carecieren de dueño.

* Los valores, dinero, saldos en cuenta corrientes y demás bienes muebles depositados en entidades financieras respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de veinte años.


Caso especial es el de los bienes mostrencos que se entienden como aquellos bienes vacantes y sin dueño conocido como los buques que arriban a las costas por naufragio sin dueño conocido y sus cargamentos, los que el mar arroje a las playas y no tuvieran dueño conocido, la mitad de los tesoros hallados en terrenos pertenecientes al Estado, los bienes de los que mueran o hayan muerto intestados sin personas con derecho a sucederles y, por último, los bienes detentados y poseídos sin título. La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, dice que los inmuebles que carecieren de dueño pertenecen al Estado, es decir, la titularidad de la soberanía corresponde al Estado en su conjunto y no a ninguna de sus instituciones en concreto, pero se admite que los bienes vacantes podrían ser atribuidos a Entes distintos de la Administración Central, pero sólo el de una de las partes puede modificar la actual atribución. La adquisición de estos bienes se producirá por mandato de la Ley sin que haya acto de declaración al respecto por parte de la Administración General del Estado. Ésta podrá tomar posesión de lso bienes así adquiridos por vía administrativa, siempre que no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño y sin perjuicio de los derechos de tercero. Si existiese un poseedor en concepto de dueño, la Administración General del Estado habrá de entablar la acción que corresponda ante los órganos de jurisdicción civil. Existe la posibilidad de ocupación y adquisición de la propiedad de inmuebles vacantes por los particulares a través de la prescripción los bienes patrimoniales de la administración. Más rápida es la adquisición en favor de la Administración General del Estado de los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades y agencias de valores o cualesquiera otras entidades de crédito, sociedades o agencias de valores u otras entidades financiera, también lo depositado en cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos en relación a los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de veinte años.


b) A título oneroso.

Estas adquisiciones se llevan a cabo normalmente por vía voluntaria. La adquisición exigirá el cumplimiento de los requisitos de las normas de contratación de las administraciones públicas y por regla general mediante concurso. Tratándose de inmuebles se exigirá, además, informe con la valoración del bien.

Se rige por tanto por las normas de la Ley del Patrimonio y supletoriamente por las normas de Derecho privado fundamentalmente, se aplican estas al verdadero negocio de forma tal que la adquisición surge entre los particulares a través de ciertos contratos y la entrega de la cosa. Estos contratos pueden ser civiles o administrativos y la entrega de la posesión puede ser de cualquiera de las formas que contempla el Código Civil.

 

c) Por herencia, legado o donación.

Las adquisiciones a título gratuíto sólo podrán aceptarse previo expediente en el que se acredite que el valor del gravámen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere. En cuanto a la aceptación de la herencia se hará siempre a beneficio de inventario. El Estado es heredero también cuando el causante muere intestado y no haya parientes hasta el cuarto grado repartiéndose la herencia conforme a las reglas del Código Civil.

 

d) Por prescripción y ocupación.

Las Administraciones públicas podrán adquirir bienes por prescripción u ocupación con arreglo a lo establecido en el Código Civil y en las leyes especiales. Por tanto lo harán sin más especifidades que las que puedan tenere otras personas jurídicas a través de los plazos de posesión que varían en función de que la prescripción opere entre personas ausentes o presentes, la buena y mala fe y el justo título.



e) Adjudicación de bienes en procedimientos judiciales.

Se trata de la adjudicación a la Hacienda de la administración concreta de los bienes embargados para asegurar deudas con las administraciones públicas cuando no se hayan enajenado en las subastas públicas. Tienen lugar en los supuestos de adjudicación en pago de deudas como consecuencia de procedimientos judiciales o administrativos como deudas tributarias, multas administrativas u cualquier otro tipo de deudas. Le son aplicables la Ley General Tributaria y el Reglamento de Recaudación.

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Justo título
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Deuda tributaria