Régimen de adscripción, jurídico, de contratación y presupuestario de las fundaciones del Sector Público estatal, según la Ley 40/2015, de 1 de octubre

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Los Art. 129-132 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre se ocupan del régimen de adscripción, jurídico, de contratación y presupuestario de las fundaciones del Sector Público estatal. No obstante, respecto del régimen de contratación la norma remite a lo que dispone el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Acerca del régimen de adscripción de las fundaciones del sector público, el apdo. 1 del Art. 129 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre  dispone que los estatutos de cada fundación determinarán la Administración Pública a la que estará adscrita. Los apartados 2, 3 y 4 del Art. 129 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, establecen además lo siguiente:

  • De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación, referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, la fundación del sector público quedará adscrita, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que:

    • Disponga de mayoría de patronos.

    • Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos.

    • Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo.

    • Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del patronato.

    • Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por la fundación, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.

    • Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.

  •  En el supuesto de que participen en la fundación entidades privadas sin ánimo de lucro, la fundación del sector público estará adscrita a la Administración que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior.

  • El cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos que deberá realizarse en un plazo no superior a tres meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquél en se produjo el cambio de adscripción.

En cuanto su régimen jurídico, el Art. 130 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre señala que “las fundaciones del sector público estatal se rigen por lo previsto en esta Ley, por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, la legislación autonómica que resulte aplicable en materia de fundaciones, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control económico-financiero y de contratación del sector público”.

Respecto del régimen de contratación, el Art. 131 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre remite a la legislación sobre contratación del sector público. Así, cabe recordar que el Art. 205 ,Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, dispone que “las sociedades y fundaciones y los restantes entes, organismos y entidades del sector público podrán adherirse a los sistemas de contratación centralizada establecidos por las Administraciones Públicas (…)”; en la forma establecida en los apartados 1 y 2 del Art. 205 ,Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

En relación al régimen presupuestario, de contabilidad, de control económico-financiero y de personal (Art. 132 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre) el mismo será el establecido en el apartado 1 del Art. 132 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, que señala que “las fundaciones del sector público estatal elaborarán anualmente un presupuesto de explotación y capital, que se integrarán con el Presupuesto General del Estado y formularán y presentarán sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y disposiciones que lo desarrollan, así como la normativa vigente sobre fundaciones”. El apartado 2 del Art. 132 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre añade, por su parte, que “las fundaciones del sector público estatal aplicarán el régimen presupuestario, económico financiero, de contabilidad, y de control establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, estarán sometidas al control de la Intervención General de la Administración del Estado.

Por último, el apartado 3 del Art. 132 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre señala que "el personal de las fundaciones del sector público estatal, incluido el que tenga condición de directivo, se regirá por el Derecho laboral, así como por las normas que le sean de aplicación en función de su adscripción al sector público estatal, incluyendo entre las mismas la normativa presupuestaria así como lo que se establezca en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado".

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