Régimen jurídico de los bienes patrimoniales

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Régimen jurídico de los bienes patrimoniales

El régimen jurídico de los bienes patrimoniales se manifiesta básicamente en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones publicas.

Esta ley tiene por objeto establecer las bases del régimen patrimonial de las Administraciones Públicas, y regular, de conformidad con lo establecido en la Constitución de 1978, la administración, defensa y conservación del Patrimonio del Estado, bien sea por bienes demaniales, como por los que nos ocupan aquí, que son los patrimoniales.

La ley no solo delimita el ámbito de los bienes públicos (sean demaniales o patrimoniales) sino que configura su regulación sujetándola a normativa férrea por lo que respecta a actos de disposición, uso y gestión de los mismos.

Un conglomerado de reglas administrativas es aplicable a todos los bienes de la Administración, siempre que sean compatibles con su propia naturaleza, sin relación con la caracterización de estos bienes como bienes patrimoniales o de dominio público. Ese conjunto de normas es el régimen básico, dada su aplicación general y previa a otras normas, y comprende principalmente la regulación de los órganos competentes para la gestión de los bienes, el régimen de inventarios, investigación, reivindicación y deslinde, y normas sobre adquisición, gravámen y transmisión. El régimen de adquisición, administración, defensa y enajenación de los bienes y derechos patrimoniales será el previsto en esta ley y en las disposiciones que la desarrollen o complementen. De forma tal que todos los bienes que forman parte de los patrimonios públicos, independientemente de su carácter patrimonial o demanial, se les aplicarán aquellas reglas y las normas del Derecho administrativo relativas a la competencia para adoptar los correspondientes actos y al procedimiento que ha de seguirse para ello. La existencia de este régimen básico de Derecho administrativo para los bienes públicos patrimoniales lo hace bien distinto del régimen jurídico común civil de la propiedad privada, constituyéndose así como un régimen singular con dos caras: una se encarga de las limitaciones y servidumbres, de fondo y procedimentales, que impone a la Administración para el manejo de sus bienes, del que están libres las personas particulares para la gestión de sus propiedades; y otra cara se refiere a que esas limitaciones en la gestión se compensan con el otorgamiento de poderes privilegiados, de naturaleza cuasi-judicial, para su protección o defensa, como es el caso de las potestades de deslinde, reintegro posesorio o desahucio.

En cuanto a los modos de adquirir de bienes y derechos, las Administraciones públicas podrán adquirir bienes y derechos por cualquiera de los modos previstos en el ordenamiento jurídico y, en particular, por los siguientes:

  • Por atribución de la ley.
  • A título oneroso, con ejercicio o no de la potestad de expropiación.
  • Por herencia, legado o donación.
  • Por prescripción.
  • Por ocupación.

Tienen carácter patrimonial, salvo disposición legal en contrario, los bienes y derechos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos se entienden adquiridos con el carácter de patrimoniales, sin perjuicio de su posterior afectación al uso general o al servicio público.

Las Administraciones públicas están obligadas a inventariar los bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle, las menciones necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el destino o uso a que están siendo dedicados.

El Inventario General de Bienes y Derechos del Estado incluirá la totalidad de los bienes y derechos que integran el Patrimonio del Estado, con excepción de aquellos que hayan sido adquiridos por los organismos públicos con el propósito de devolverlos al tráfico jurídico patrimonial de acuerdo con sus fines peculiares o para cumplir con los requisitos sobre provisiones técnicas obligatorias, y de aquellos otros bienes y derechos cuyo inventario e identificación corresponda a los departamentos ministeriales u organismos públicos, de conformidad con lo establecido en el 33.3 ,LPAP.

Respecto de cada bien o derecho se harán constar en el Inventario General aquellos datos que se consideren necesarios para su gestión y, en todo caso, los correspondientes a las operaciones que, de acuerdo con  el Plan General de Contabilidad, den lugar a anotaciones en las rúbricas correspondientes del mismo.

Las acciones y títulos representativos del capital de sociedades mercantiles propiedad de la Administración General del Estado y de los organismos públicos de ella dependientes quedarán reflejados en la correspondiente contabilidad patrimonial, de acuerdo con los principios y normas que les sean de aplicación, y se incluirán en un inventario de carácter auxiliar que deberá estar coordinado con el sistema de contabilidad patrimonial.

El inventario patrimonial de las comunidades autónomas, entidades locales y entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de ellas incluirá, al menos, los bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos.

 

 

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