Régimen jurídico de los consorcios en la regulación dada a esta figura por la Ley 40/2015, de 1 de octubre

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El propio Preámbulo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, señala que en la norma se establece con carácter básico el régimen jurídico de los consorcios, al tratarse de un régimen que, por definición, afectará a todas las Administraciones Públicas, siguiendo la línea de las modificaciones efectuadas por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. Así, y en consonancia con lo anterior, la Disposición Derogatoria Única del texto legal procede a derogar los preceptos relativos al régimen de tal figura que hasta su entrada en vigor se encontraban en la legislación local, nombradamente en la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y el Decreto de 17 de junio por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales.

Sentado lo anterior, y como dispone el apartado 1 del Art. 119 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, primer precepto que nos encontramos bajo el rótulo genérico de régimen jurídico,los consorcios se regirán por lo establecido en esa la Ley, en la normativa autonómica de desarrollo y sus estatutos. 

Por su parte, los apartados 2 y 3 del Art. 119 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre señalan que, en lo no previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus Estatutos sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y extinción, se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el Art. 97 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en su defecto, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. Las normas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local sobre los Consorcios locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en la Ley.

En lo que concierne al régimen de adscripción de los consorcios, éste será el establecido en el Art. 120 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre:

Así, en el apartado 1 del Art. 120 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre se establece la obligación de que los Estatutos de cada consorcio determinen la Administración Pública a la que estará adscrito. Como dispone el apartado 2 del Art. 120 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, "de acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que:

  • Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno.

  • Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos.

  • Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo.

  • Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa especial.

  • Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno.

  • Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.

  • Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.

  • Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio.
  • En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas, el consorcio no tendrá ánimo de lucro y estará adscrito a la Administración Pública que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior.

  • Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un plazo no superior a seis meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en se produjo el cambio de adscripción.

Respecto de su régimen de personal,el Art. 121 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre señala que “el personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder exclusivamente de las Administraciones participantes. Su régimen jurídico será el de la Administración Pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquélla”.

Como salvedad a lo anterior, lo dispuesto en el párrafo 2º del Art. 121 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre :"Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones a desempeñar, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, u órgano competente de la Administración a la que se adscriba el consorcio, podrá autorizar la contratación directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones”.

Por cuanto a lo que se refiere al régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial, el Art. 122 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, aborda la  cuestión del siguiente modo:

  • Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración Pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.

  • A efectos de determinar la financiación por parte de las Administraciones consorciadas, se tendrán en cuenta tanto los compromisos estatutarios o convencionales existentes como la financiación real, mediante el análisis de los desembolsos efectivos de todas las aportaciones realizadas.

  • En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de control de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio.

  • Los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración Pública de adscripción.

  • Los consorcios se regirán por las normas patrimoniales de la Administración Pública a la que estén adscritos.

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