Régimen jurídico y distribución de competencias en materia de transportes

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 24/04/2016

 

El transporte, en cualquiera de sus vertientes, puede desarrollarse en un ámbito local, autonómico y nacional; para lo que debemos tener en cuenta qué órgano es el competente para cada uno de los supuestos, por ello atenderemos a la distribución competencial de la materia.

Los Art. 148,Art. 149 ,Constitución Española son los preceptos básicos que contienen el sistema de reparto y distribución de competencias entre los distintos entes territoriales.

Debemos considerar, pues:

El 148.1 ,Constitución Española señala que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:

“(...)

5ª. Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma, y en los mismos términos, el TRANSPORTE desarrollado por estos medios o por cable".

6ª. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos, y en general, los que no desarrollen actividades comerciales".

Y el 149.1 ,Constitución Española establece que el Estado tiene competencia exclusiva en las siguientes materias:

"(...)

20ª. Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y TRANSPORTE AEREO, servicio metereológico y matriculación de aeronaves".

21ª. Ferrocarriles y TRANSPORTES TERRESTRES que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación

(...)".

Y todas las Comunidades Autónomas han asumido como competencias propias, en materia de transporte, las recogidas en el 148.1 ,Constitución Española.

Clasificación y configuración de las competencias.

El 148.1 ,Constitución Española contiene un listado de materias sobre las que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias; y que cuando el  149.1 ,Constitución Españolaenumera las "competencias exclusivas" del Estado no siempre utiliza un criterio de delimitación por materias, sino que a menudo utiliza un criterio de distribución por funciones sobre una misma materia.

El 149.1 ,Constitución Española enumera una serie de materias en las que la competencia del Estado es exclusiva y absoluta, en otros muchos casos, las Comunidades Autónomas pueden compartir con el Estado, en mayor o menor medida, la competencia sobre las mismas, pudiendo asumir las Comunidades Autónomas alguna competencia sobre determinadas materias de las incluidas en el 149.1 ,Constitución Española.

El 149.1 ,Constitución Española atribuye al Estado sólo alguna de las distintas funciones o potestades públicas (potestad normativa plena, potestad normativa básica, potestad normativa de desarrollo, potestad ejecutiva y de gestión) sobre una misma materia, y de esta forma, las Comunidades Autónomas pueden asumir el resto de las funciones o potestades públicas en relación con dicha materia.

Por tanto, el Estado y las Comunidades Autónomas son titulares de diversas competencias exclusivas, pero no sobre una misma materia, sino sobre las distintas funciones en relación con una misma materia, ya que la competencia, siempre es exclusiva.

La clasificación de distribución de las competencias, queda estructurado así (según la utilización del criterio de distribución por funciones o potestades, más el criterio de distribución por materias):

- Materias en las que el Estado es titular de todas las funciones y competencias, con total exclusión de las Comunidades Autónomas.

- Materias en las que corresponde al Estado la potestad legislativa y en las que las Comunidades Autónomas pueden asumir la potestad de ejecución.

- Materias en las que corresponde al Estado la potestad legislativa básica y en las que las Comunidades Autónomas pueden asumir la potestad de legislación de desarrollo y la potestad de ejecución.

- Materias en las que las Comunidades Autónomas pueden ser titulares de todas las competencias.

- Materias de coordinación estatal en las que corresponden simultáneamente al Estado y a las Comunidades Autónomas potestades legislativas y de ejecución, pero para cuya ordenación global el Estado goza de la potestad de coordinación sobre la actuación de las Comunidades Autónomas en dichas materias.

La clasificación resultante sería.

a) Transporte AÉREO de viajeros: competencia exclusiva absoluta del Estado (149.1 ,Constitución Española)

b) Transporte MARÍTIMO de viajeros: competencia exclusiva absoluta del Estado (149.1 ,Constitución Española)

c) Transporte de viajeros por FERROCARRIL, cuyo itinerario se desarrolle por más de una Comunidad Autónoma: competencia exclusiva absoluta del Estado (149.1 ,Constitución Española)

d) Transporte de viajeros por FERROCARRIL, por CARRETERA y por CABLE, cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma: competencia exclusiva absoluta de las Comunidades Autónomas (148.1 ,Constitución Española)

e) Transporte de viajeros por CARRETERA y por CABLE, cuyo itinerario se desarrolle por más de una Comunidad Autónoma: competencia exclusiva LIMITADA del Estado.

La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres contiene un marco normativo general y básico de la ordenación de los transportes terrestres, y pese a reconocer las competencias de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales busca, según se manifiesta en la propia Exposición de Motivos de la misma, "... su aplicación por vía directa o supletoria, al mayor ámbito en que ello resulte jurídicamente posible, partiendo de la idea de que el mantenimiento de un sistema común de transporte resulta absolutamente imprescindible para la vigencia efectiva de una serie de principios constitucionales entre los que se cita expresamente en el articulado la existencia de una unidad de mercado en todo el territorio del Estado", e intenta establecer un sistema de transportes lo suficientemente flexible "para que las características propias de las diversas Comunidades Autónomas puedan ser desarrolladas por éstas, dentro del marco general de la Ley, sin que para ello sea preciso que cada Comunidad Autónoma promulgue su propia regulación ordenadora del transporte, si así lo estima oportuno", a través de su voluntaria aceptación por parte de las Comunidades Autónomas.

Este sistema común de transportes y marco normativo sustantivo homogéneo se complementa con una delegación casi absoluta de las competencias ejecutivas (la gestión única de este sistema global se atribuye a las Entidades territoriales), e incluso, se produce una delegación de las competencias normativas estatales, que por su naturaleza, deban ser realizadas a nivel autonómico y local, cuando éstas estén previstas en la legislación estatal.

Esta Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, 5/1987 reguló las delegación de las competencias estatales a las Comunidades Autónomas en materia de transporte por carretera y por cable, con excepción de las funciones ya transferidas a las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo previsto en sus Estatutos.

Esta Ley contiene la delegación de las siguientes facultades de gestión:

- Delegación de las facultades de gestión de los servicios de transporte público regular de viajeros, cuyo itinerario discurra por el territorio de más de una Comunidad Autónoma (Sección Primera del Capítulo II).

- Delegación de las facultades de gestión de los servicios de transporte público discrecional de viajeros prestados al amparo de autorizaciones cuyo ámbito territorial exceda del de una Comunidad Autónoma (Sección Segunda del Capítulo II).

- Delegación de facultades de carácter ejecutivo en materia de transportes privados que discurran por el territorio de varias Comunidades Autónomas (Sección Tercera del Capítulo II).

- Delegación de facultades ejecutivas en materia de las actividades auxiliares y complementarias del transporte, sin perjuicio de las competencias que en su caso correspondan a las Comunidades Autónomas sobre estas materias (Sección Cuarta del Capítulo II)

- Delegación de las facultades de gestión en materia de transportes por cable cuyo itinerario discurra por el territorio de más de una Comunidad Autónoma: teleféricos u otros medios en los que la tracción se haga por cable y no exista camino de rodadura fijo de competencia del Estado y transportes complementarios de estaciones de invierno o esquí (Sección Quinta del Capítulo II).

- Delegación de facultades a cada una de las Comunidades Autónomas en materia de inspección de los servicios y actividades de transporte por carretera y por cable que se desarrollen dentro de su ámbito territorial, delegación de facultades sancionadoras, independientemente de que los referidos servicios y actividades hayan sido objeto o no de delegación y que esa delegación lo haya sido en su favor o en el de otra Comunidad Autónoma. Se exceptúan de la delegación las funciones de vigilancia del transporte atribuidas a la Guardia Civil y las funciones relativas a la inspección y control en frontera de los transportes internacionales, e imposición de las correspondientes sanciones (Capítulo III).

- Delegación de facultades ejecutivas en materia de arbitraje, respetando la organización, funciones y régimen jurídico es la ley estatal y en sus normas de desarrollo (Capítulo IV)

- Delegación de funciones administrativas relativas a la adquisición, acreditación y control de la capacitación profesional para el transporte y para las actividades auxiliares y complementarias del mismo (Capítulo V)

El Art. 14 ,Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, se establece que:

"1. Como facultad accesoria de las anteriormente reseñadas, el Estado delega en las Comunidades Autónomas la potestad normativa de ejecución o desarrollo de las normas estatales reguladoras de las materias objeto de delegación, siempre que dichas normas prevean expresamente dicha ejecución o desarrollo por las Comunidades Autónomas.

2. Dicha potestad normativa habrá de ejercerse, en todo caso, respetando las normas promulgadas por el Estado y los criterios de aplicación establecidos por éste.

3. Asimismo se delegan en las Comunidades Autónomas cuantas actuaciones gestoras de carácter ejecutivo sean necesarias para el funcionamiento de los servicios a que se refieren las delegaciones realizadas y no se reserve para sí o realice directamente la Administración del Estado”.

Por su parte, el Art. 16 ,Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, encuadrado también dentro del Capítulo relativo a las normas generales de delegación preceptúa que:

"1. El ejercicio de las facultades delegadas a que se refiere la presente Ley Orgánica estará sujeto a las normas del Estado, que conservará en todo caso la función legislativa y la potestad reglamentaria sobre las materias objeto de delegación, y a lo que dispongan los programas o planes generales o sectoriales del Estado".

Las competencias en materia de transporte de viajeros por carretera y por cable, cuyo itinerario transcurra o se realice por más de una Comunidad Autónoma, han de ser consideradas como competencias exclusivas LIMITADAS del Estado, ya que el Estado se reserva la potestad o función legislativa básica y la potestad reglamentaria, y únicamente se delega a las Comunidades Autónomas las facultades de gestión o ejecutivas, así como la facultad accesoria de potestad normativa de ejecución o desarrollo de las normas estatales reguladoras de las materias objeto de delegación, siempre que dichas normas prevean expresamente dicha ejecución o desarrollo por las Comunidades Autónomas.

Y en lo referente al transporte urbano de viajeros por carretera y por vía férrea (ferrocarril o metropolitano) cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el interior del casco urbano de las ciudades: competencia de los Entes Locales (sin perjuicio de las funciones de coordinación de los transportes interurbanos, que corresponde a la Comunidad Autónoma).

 

LA CONFERENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES.

Para promover y facilitar el ejercicio coordinado de las potestades públicas por las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, y asegurar el mantenimiento de un sistema común de transportes en toda la nación, se crea, con carácter de órgano consultivo y deliberante, la Conferencia Nacional de Transportes, que estará constituida por el Ministro de Fomento, y por los Consejeros de las Comunidades Autónomas, competentes en el ramo de transportes.

La Conferencia Nacional de Transportes fue creada por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (Art. 9 ,Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres).

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