Régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito

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Los establecimientos financieros de crédito (EFC) se regirán por lo dispuesto en este título y su normativa de desarrollo y, para todo lo no previsto en la citada normativa, su régimen jurídico será el previsto para las entidades de crédito, en concreto les será de aplicación la Ley 10/2014, de 26 de junio y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero.

En especial se les aplicará la regulación sobre participaciones significativas, idoneidad e incompatibilidades de altos cargos, gobierno corporativo y solvencia contenida en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y su normativa de desarrollo, así como la normativa de transparencia, mercado hipotecario, régimen concursal y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo prevista para las entidades de crédito.

En todo caso, resultará de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, sobre el régimen aplicable a las operaciones de cesión global o parcial de activos y pasivos entre entidades de crédito.

Los EFC, tienen la obligación de suministrar al Banco de España y hacer públicos sus estados financieros. Deberán someter sus cuentas anuales a la auditoría de cuentas ajustando el ejercicio económico al año natural.

Como recoge la D.A. 1ª de la Ley 5/2015, de 27 de abril, “Los establecimientos financieros de crédito tendrán, a efectos fiscales, el tratamiento que resulte aplicable a las entidades de crédito.”

La D.T.3ª de la citada ley, se ocupa del supuesto de transformación de EFC en entidades de pago o de dinero electrónico híbridas.
Aquellos EFC que a la entrada en vigor de la presente ley (29 abril 2015) vinieran realizando uno o varios de los servicios de pago definidos en el artículo 1 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, deberán ejecutar, en el plazo de seis meses, todas las adaptaciones necesarias para su adecuación al régimen de entidades de pago híbridas sin necesidad de autorización administrativa. Mismo requisito para aquellos que vinieran emitiendo dinero electrónico en los términos establecidos en la Ley 21/2011, de 26 de julio.

No obstante, en el citado plazo deberán comunicar y acreditar ante el Banco de España su adaptación. El Banco de España podrá requerir cuanta información adicional considere necesaria para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigibles para ser entidad de pago híbrida o entidades de dinero electrónico, y en el plazo de tres meses desde que recibió la comunicación o desde que se completó la documentación, una vez que consten acreditados debidamente los referidos requisitos, procederá al ajuste de la inscripción de la entidad en los registros correspondientes, especificando su carácter híbrido.

Transcurridos los plazos anteriores sin que la entidad haya comunicado y acreditado ante el Banco de España su condición de entidad de pago híbrida o entidad de dinero electrónico híbrida, quedará sin efectos la autorización para una u otra, según se trate.

La D.T.4ª señala en relación con el artículo 9 de la ;Ley 5/2015, de 27 de abril, que los procedimientos administrativos de autorización de establecimientos financieros de crédito que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley ya se hubieran iniciado, se regirán por las normas procedimentales vigentes con anterioridad a la citada entrada en vigor hasta su finalización.

También a efectos del artículo 94, apartado 11, los procedimientos administrativos de autorización de empresas de servicios de inversión y de autorización de modificación de sus Estatutos sociales, transformación, fusión, escisión y segregación de una rama de actividad, así como las demás operaciones de modificación social que se realicen por una empresa de servicios de inversión o que conduzcan a la creación de una empresa de servicios de inversión, y que ya se hubieran iniciado a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se regirán por las normas procedimentales vigentes con anterioridad a la citada entrada en vigor hasta su finalización.
Como también los procedimientos sancionadores.

La D.F.12ª, faculta al Gobierno para desarrollar lo previsto en esta Ley, en relación (entre otras) con el régimen jurídico aplicable a los establecimientos financieros de crédito (1) en relación a las exigencias de capital mínimo y recursos propios, así como el procedimiento de transformación de los actuales establecimientos financieros de crédito en entidades de pago o de dinero electrónico híbridas y un procedimiento de autorización específico que agilice la conversión en bancos de los establecimientos financieros de crédito autorizados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

(1) Téngase en cuenta el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito, el cual (tras la publicación de la Ley 5/2015, de 27 de abril) se mantiene en vigor hasta que se cumpla con lo previsto en la D.F.12ª de la citada ley.

 

 

 

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