Régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas según la Ley 39/2015, de 1 de octubre

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A diferencia de lo que sucedía con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la que la responsabilidad patrimonial de las AAPP se regulaba en un título específico, la nueva regulación de la materia por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, parte de considerarla como una especialidad del procedimiento administrativo común.


Si los Art. 32-35 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre regulan los principios básicos de la responsabilidad de las Administraciones Públicas, el procedimiento para la reclamación de la misma sigue, al igual que el sancionador, los parámetros del procedimiento común de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con las siguientes precisiones o especialidades:

Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado: Según el párrafo 2º del Art. 24 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las  Administraciones Públicas el silencio tendrá efecto desestimatorio.

Motivación: Los actos que resuelvan procedimientos de responsabilidad patrimonial serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho (apdo. h del Art. 35 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Inicio del procedimiento por petición razonada de otros órgano: En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo (apdo. 4 del Art. 61 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre).

El Art. 65 ,ley 39/2015, de 1 de octubre se ocupa expresamente de las especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial y en el acuerdo de iniciación de los mismos:

  • Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial será necesario que no haya
    prescrito el derecho a la reclamación del interesado al que se refiere el Art. 67 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre.

  • El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. El procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido

Solicitudes de iniciación y prescripción del derecho a reclamar: Como dispone el Art. 67 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refieren los apartados 4 y 5 Art. 32 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.

Además de lo previsto en el Art. 66 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante.

Solicitud de informes: El Art. 81 ,Ley 39/2015, de 1 deoctubre señala lo que se transcribe a continuación acerca de los informes y dictámenes en este tipo de procedimientos:

  • En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión.

  • Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.

  • A estos efectos, el órgano instructor, en el plazo de diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución, que se ajustará a lo previsto en el Art. 91 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento.

  • El dictamen se emitirá en el plazo de dos meses y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley.

  • En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses. El plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud, del informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de los citados dos meses.

Trámite de audiencia: El apdo. 5 del Art. 82 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre señala que en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el apartado 9 del Art. 32 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, será necesario en todo caso dar audiencia al contratista, notificándole cuantas actuaciones se realicen en el procedimiento, al efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios.

Terminación convencional: El apdo. 5 del Art. 86 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, relativo a la terminación convencional en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, establece que el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el Art. 34 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Especialidades de la resolución y competencia para la misma: Los Art. 91-92 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, relativos a las especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial y la competencia para la resolución de los mismos, respectivamente, disponen lo que se transcribe a continuación:

  • Una vez recibido, en su caso, el dictamen al que se refiere el apartado 2 del Art. 81 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre o, cuando éste no sea preceptivo, una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo. Cuando no se estimase procedente formalizar la propuesta de terminación convencional, el órgano competente resolverá en los términos previstos en el apartado siguiente.

  • Además de lo previsto en el Art. 88 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, será necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización, cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el Art. 34 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

  • Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.

  • En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del apartado 3 del Art. 32 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o cuando una ley así lo disponga.

  • En el ámbito autonómico y local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas o de las Entidades que integran la Administración Local.

  • En el caso de las Entidades de Derecho Público, las normas que determinen su régimen jurídico podrán establecer los órganos a quien corresponde la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En su defecto, se aplicarán las normas previstas en este artículo.

Tramitación simplificada del procedimiento administrativo común: A tenor del apdo. 4 del Art. 96 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado.

Fin de la vía administrativa: La letra e) del Art. 114 ,Ley 39/2015, de 1 de octubre señala que la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada de que derive, pone fin a la vía administrativa.

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Responsabilidad patrimonial
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Responsabilidad
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Secuelas
Derecho a indemnización
Sentencia definitiva
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Medios de prueba
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Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública