Registros oficiales en materia de contratación administrativa

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 09/11/2017

Nótese que el 9  de marzo de 2018 entrará en vigor el grueso de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, lo que determina que tanto alguno de los contenidos del presente tema como la mayor parte de las referencias normativas dejen de ser correctas.

 

El Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Estado, depende del Ministerio de Economía y Hacienda y su llevanza compete a los órganos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

En este registro se hacen constar los datos de capacidad de todos los empresarios que han sido clasificados por la Junta Consultiva de Contratación, y otros que hayan solicitado inscripción de algún otro dato.

Igualmente, las Comunidades Autónomas pueden crear sus  propios registros, en los que figurarán todos aquellos empresarios que así lo pidan, hayan sido clasificados por ellas, o aquéllos que estén incursos en alguna prohibición de contratar.

En el Registro podrán constar, de conformidad con el Art. 328 ,Ley de Contratos del Sector público, para cada empresa inscrita en el mismo, los siguientes datos:

a) Los correspondientes a su personalidad y capacidad de obrar, en el caso de personas jurídicas.

b) Los relativos a la extensión de las facultades de los representantes o apoderados con capacidad para actuar en su nombre y obligarla contractualmente.

c) Los referentes a las autorizaciones o habilitaciones profesionales y a los demás requisitos que resulten necesarios para actuar en su sector de actividad.

d) Los datos relativos a la solvencia económica y financiera, que se reflejarán de forma independiente si el empresario carece de clasificación.

e) La clasificación obtenida conforme a lo dispuesto en los artículos Art. 65-71 ,Ley de Contratos del Sector Público, así como cuantas incidencias se produzcan durante su vigencia; en esta inscripción, y como elemento desagregado de la clasificación, se indicará la solvencia económica y financiera del empresario.

f) Las prohibiciones de contratar que les afecten.

g) Cualesquiera otros datos de interés para la contratación pública que se determinen reglamentariamente.

La inscripción es voluntaria para los empresarios, salvo la obligatoriedad de inscribir la clasificación obtenida y las posibles prohibiciones de contratar que pueda tener.

Los empresarios inscritos tienen la obligación de comunicar posibles cambios de datos en su empresa o prohibiciones para contratar.

El Registro es público para todos los que tengan un interés legítimo en conocer su contenido.

Tanto el registro estatal como cualquiera de las comunidades autónomas en el desarrollo de su actividad, facilitarán a otras Administraciones la información que necesiten sobre el contenido del registro.

El Registro de contratos del Sector Público.

El Ministerio de Economía y Hacienda creará y mantendrá un Registro de Contratos, en el que se inscribirán los datos básicos de los contratos adjudicados por las distintas administraciones públicas y demás entidades del sector público sujetos al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

El Registro de Contratos del Sector Público constituye el sistema oficial central de información sobre la contratación pública en España y, como tal, el soporte para el conocimiento, análisis e investigación de la contratación pública, para la estadística en materia de contratos públicos, para el cumplimiento de las obligaciones internacionales de España en materia de información sobre la contratación pública, para las comunicaciones de los datos sobre contratos a otros órganos de la Administración que estén legalmente previstas y, en general, para la difusión pública de dicha información, de conformidad con el principio de transparencia.

El Registro constituirá el instrumento de los poderes públicos para la revisión y mejora continuas de los procedimientos y prácticas de la contratación pública, el análisis de la calidad, fiabilidad y eficiencia de sus proveedores, y la supervisión de la competencia y transparencia en los mercados públicos.

Los órganos de contratación de todas las Administraciones públicas y demás entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley comunicarán al Registro de Contratos del Sector Público, para su inscripción, los datos básicos de los contratos adjudicados, así como, en su caso, sus modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final y extinción. El contenido de dichas comunicaciones y el plazo para efectuarlas se establecerán reglamentariamente.

Las comunicaciones de datos de contratos al Registro de Contratos del Sector Público se efectuarán por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en la forma que determine el Ministro de Economía y Hacienda de conformidad con las Comunidades Autónomas y de la misma forma facilitará el acceso a sus datos de modo telemático a los órganos de la Administración que los precisen para el ejercicio de sus competencias legalmente atribuidas, y en particular a los órganos competentes en materia de fiscalización del gasto o inspección de tributos, en la forma en que reglamentariamente se determine.

Asimismo, y con las limitaciones que imponen las normas sobre protección de datos de carácter personal, facilitará el acceso público a los datos que no tengan el carácter de confidenciales y que no hayan sido previamente publicados de modo telemático y a través de Internet.

 

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