Regulación de los artículos de previo pronunciamiento a la celebración del juicio oral en el proceso penal

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 12/11/2014

Los denominados artículos de previo pronunciamiento se encuentran regulados en el Título II del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Art. 666-679 ,LECrim). La Ley de Enjuiciamiento Criminal, no realiza un tratamiento específico de las actuaciones que han de llevarse a cabo con anterioridad a la celebración del juicio oral y, con carácter ulterior, a la apertura del mismo, sin embargo, de los mencionados preceptos, pueden extraerse las características de los artículos de previo pronunciamiento:

 

1. Son cuestiones de naturaleza procesal que constituyen presupuestos para que el proceso pueda desarrollarse con normalidad y concluir con una sentencia que resuelva la pretensión punitiva.

2. Su fin radica en eliminar del proceso aquellos defectos que puedan provocar una absolución o la suspensión del mismo.

3. Son cuestiones planteadas por las partes del proceso, no obstante, esto no quiere decir que el Tribunal no pueda considerarlas de oficio y, previas alegaciones de las partes, resolver sobre las citadas cuestiones, especialmente sobre la competencia.

4. A pesar de que los artículos de previo pronunciamiento constituyen un incidente del procedimiento ordinario, no significa que en los demás procedimientos estén ausentes:

 

  • Procedimiento abreviado: Su discusión se lleva a cabo en el trámite inicial del acto del juicio (786.2 ,LECrim).
  • Procedimiento del jurado: Existe un trámite especial de cuestiones previas regulado en el Art. 36 ,LOTJ, en el cual deberá plantearse algunas de las cuestiones previstas en el Art. 666 ,LECrim.

 

5. Los efectos que produce la apreciación de algunas de estas cuestiones previas serán distintos en función de cuál sea la excepción estimada.

 

Las cuestiones que pueden dar lugar a los denominados artículos de previo pronunciamiento son, en síntesis, las siguientes:

 

a) Declinatoria de jurisdicción: El 666.1 ,LECrim hace referencia a la declinatoria, sin embargo, aquí este término no se utiliza sólo como un mecanismo para fijar la competencia territorial, sino que ha de entenderse como un instrumento para resolver cualquier cuestión relativa a la Jurisdicción o a la competencia en cualquiera de sus manifestaciones.

En cuanto a la jurisdicción, la declinatoria como artículo de previo pronunciamiento en el proceso penal, viene a referirse a lo que llamamos “extensión y límites de la jurisdicción española” (Art. 23 ,LOPJ).

Asimismo, además de los problemas que puedan plantearse con la jurisdicción, la declinatoria está dirigida a resolver aquellos conflictos vinculados a la competencia objetiva y territorial. Por consiguiente, se puede formular un artículo de previo pronunciamiento en aras a discutir si el Tribunal que pretende enjuiciar una determinada conducta penal tiene competencia, ya sea por la entidad de la pena prevista para el delito, por la naturaleza del delito o porque se trata de enjuiciar a alguna persona que tiene reconocido un fuero especial. De igual modo, es posible que el Tribunal que va a enjuiciar la causa no sea territorialmente competente para conocer del asunto, por tanto, aquí también estará justificado el planteamiento de una cuestión previa.

Sin embargo, no podrá resolverse por esta vía una cuestión positiva, es decir, solicitar de un Tribunal que sea competente pero que no está conociendo del asunto, que reclame al Tribunal que esté conociendo del mismo de forma indebida, la inhibición de la causa..

 

b) La Cosa Juzgada Penal: La cosa juzgada es un efecto propio de las resoluciones finales de un proceso que puede manifestarse de dos modos distintos:

 

  • Forma negativa: Impidiendo que pueda volver a juzgarse la cuestión resuelta
  • Forma positiva: Vinculando a los Tribunales en aquellos pronunciamientos que pudieran dictar y respecto de los cuales ya se haya resuelto anteriormente.

 

Sin embargo, en el proceso penal sólo puede actuar el efecto negativo, de ahí que el 666.2 ,LECrim sólo se refiera a la imposibilidad de que la causa pueda volver a ser juzgada. Así pues, el enjuiciamiento previo de una conducta es motivo de agotamiento de la acción penal, de manera que, aunque con carácter posterior se acredite la existencia de un error, los hechos no podrán volver a ser enjuiciados, sin perjuicio de los supuestos que puedan dar lugar a la revisión de sentencias. Esta afirmación viene establecida por el denominado principio “non bis in idem” (no dos veces por lo mismo), integrado en el Art. 25 ,CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

Para que la cosa juzgada pueda desplegar efectos, es necesario que se produzca una identidad de sujetos y de objetos entre uno y otro proceso. En lo que a los sujetos se refiere, es preciso tener en cuenta al sujeto pasivo, es decir, al condenado o al imputado; el resto de los sujetos no afectan a la posible identidad subjetiva que reclama la cosa juzgada. Respecto del objeto, se trata de que los hechos enjuiciados y los que están en trámites de enjuiciarse tengan una identidad sustancial, aunque pueda haber ligeras variaciones en elementos accidentales.

La cosa juzgada exige una serie de juicios valorativos que, en muchas ocasiones están condicionados por los resultados de la prueba, por lo que debería ser objeto de resolución en la sentencia definitiva. Asimismo, dentro de este caso cabe el supuesto de la litispendencia, tanto en cuanto entre una situación y otra existen algunas similitudes, pues en ambos casos el fin es evitar la posibilidad de que se den sentencias contradictorias así como el sometimiento del imputado a dos causas por los mismos hechos

Finalmente, cabe hacer referencia a las resoluciones susceptibles de producir efectos de cosa juzgada, reconociéndose a la sentencia penal que concluye el proceso. Asimismo, ha de reconocerse los mismos efectos al auto de sobreseimiento, no obstante sólo a los de sobreseimiento libre, pues los de sobreseimiento provisional permiten la reapertura de la causa en el supuesto de que surjan nuevos elementos que permitan su continuación. De igual modo, los autos en virtud de los cuales se inadmite una querella o una denuncia tampoco tienen efectos de cosa juzgada toda vez que no son resoluciones sobre el fondo. En lo que se refiere a las sentencias dictadas por Tribunales extranjeros, cabe señalar que estas sí producirán efectos de cosa juzgada toda vez que, de conformidad con el Art. 23 ,LOPJ que condiciona el ejercicio de la jurisdicción a que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero.

 

c) La prescripción del delito: El transcurso de un período determinado sin que se haya ejercitado la acción penal o su declaración como prescrita en sentencia firme, impide su enjuiciamiento y castigo.

La prescripción está regulada en el 130.5 ,Código Penal como causa de extinción de la responsabilidad criminal. Para que pueda ser estimada la prescripción es necesario, de conformidad con lo dispuesto en los Art. 131-132 ,Código Penal, que hayan transcurrido los plazos legalmente establecidos desde la comisión del hecho sin que se hubiera abierto un procedimiento o que, de ser abierto, este no se dirija contra el culpable.

El cómputo de los plazos siempre se referirá a la pena señalada para la infracción teniendo en cuenta las especialidades derivadas de los delitos continuados y permanentes (Art. 132 ,Código Penal) que entiende que el plazo se computa desde que se realizó la última infracción y desde que ha sido eliminada la situación ilícita. Sin embargo, cuando los hechos se hubieren cometido contra menor de edad y se refieran a tentativa de homicidio, aborto no consentido, lesiones, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el cómputo de los plazos de prescripción comenzará el día en que haya alcanzado la mayoría de edad, y si falleciere antes de alcanzarla, desde la fecha del fallecimiento. No obstante, cabe señalar que el delito de genocidio no está sujeto a prescripción.

 

d) La Amnistía y el Indulto: La amnistía se considera como un olvido del legislador, toda vez que este puede promulgar una ley en la que se acuerde la impunidad para ciertos hechos cometidos o penas impuestas por los mismos derivadas de ciertos acontecimientos. Por consiguiente, se trata de un perdón legal que elimina todas las consecuencias jurídico-penales que puedan derivarse de la comisión de un hecho delictivo o de una condena penal ya impuesta.

No obstante, el Art. 62 ,CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, al regular el derecho de gracia no la menciona, lo que ha sido interpretado como una voluntad de evitar que se produzca este tipo de fenómenos extraordinarios por ser contrarios al Estado de Derecho, teniendo en cuenta que se trata de un privilegio que no tiene suficiente justificación.

Por su parte, el indulto sí es mencionado ene l 130.3 ,Código Penal, resultando complicado plasmarlo en un artículo de previo pronunciamiento teniendo en cuenta la regulación que se lleva a cabo en la Ley del Indulto de 18 de junio de 1980 (modificada por la Ley 1/1988), que impide que pueda ser concedido el indulto a aquellos procesados que no hayan sido condenados por sentencia firme.

 

f) Falta de autorización administrativa para procesar: A pesar de que ya no se aplica, este artículo de previo pronunciamiento se encuentra reconocido en el Art. 77 ,CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, según el cual, se condiciona la persecución de los hechos cometidos por los funcionarios en el ejercicio de sus cargos a la previa declaración de su admisibilidad por el superior jerárquico.

No obstante, actualmente, a través de este trámite, puede controlarse el cumplimiento de las exigencias que derivan de la inmunidad parlamentaria reconocida en el 71.2 ,CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, el cual establece que los diputados y lo senadores no podrán ser inculpados ni procesados sin la correspondiente autorización de la respectiva cámara.

Asimismo, existen autores que consideran incluida dentro de esta cuestión previa la aprobación por mayoría de los miembros del Congreso para proceder a la exigencia de responsabilidad criminal del presidente y demás miembros del Gobierno, cuando se proceda por razón de traición o de cualquier otro delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio del cargo tal y como se exige por el 102.2 ,CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

 

g) Los artículos de previo pronunciamiento atípicos: Si bien es cierto que el Tribunal Supremo ha admitido en alguna ocasión que, la extinción de la responsabilidad penal o el perdón del ofendido son temas que pueden resolverse con carácter previo, por la vía de los artículos de previo pronunciamiento. No obstante, la posición jurisprudencia mayoritaria es la que limita estos artículos a aquellos previamente mencionados, tal y como se desprende del Art. 666 ,LECrim.

En lo que respecta a la posibilidad de plantear cuestiones de nulidad por el mecanismo de los artículos de previo pronunciamiento, es cierto que el tribunal Supremo en algún asunto aislado la ha aceptado, sin embargo, las últimas sentencias muestran que este no es el mecanismo correcto, toda vez que las cuestiones sobre nulidad están vinculadas a problemas muy complejos que vienen a constituir.

 

 

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Artículos de previo pronunciamiento
Declinatoria
Cuestiones previas
Partes del proceso
Acción penal
Competencia territorial
Declinatoria de jurisdicción
Límites de la jurisdicción
Indulto
Competencia objetiva
Acto constitutivo de delito
Inhibitoria
Comisiones
Sentencia firme
Sentencia definitiva
Litispendencia
Extinción de la responsabilidad criminal
Amnistía
Querella
Sobreseimiento provisional
Sobreseimiento libre
Prescripción del delito
Delitos continuados
Menor de edad
Tentativa
Aborto
Homicidio
Inviolabilidad del domicilio
Derecho a la propia imagen
Mayor de dieciocho años
Plazo de prescripción
Delito de genocidio
Hecho delictivo
Voluntad
Derecho de gracia
Inmunidad
Autorizaciones administrativas
Delito contra la seguridad
Responsabilidad penal
Extinción de la responsabilidad penal