Regulación de la ausencia como circunstancia de la persona en Aragón

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 Pese a no proceder a realizar definición legal alguna de la institución, Aragón regula la situación de ausencia en los Art. 46-55 ,Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo.

 

 

El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por la Ley Orgánica 8/1982, establece como competencia exclusiva de esta Comunidad Autónoma la conservación, modificación y desarrollo del derecho civil aragonés, así como del derecho procesal civil derivado de las particularidades con las que cuenta su derecho sustantivo. Con posterioridad, la Comunidad Autónoma ha procedido a reformar su norma básica mediante la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril. La misma incorpora disposiciones que profundizan y perfeccionan los instrumentos de autogobierno, mejora el funcionamiento institucional, acoge derechos de los aragoneses que quedan así mejor protegidos, y permite ampliar y consolidar los espacios competenciales que ostenta la Comunidad Autónoma. 

En la actualidad, la norma esencial en materia civil en la Comunidad Autónoma es el Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, por el que se aprueba el denominado “Código del Derecho Foral de Aragón”, texto que procede a refundir diferentes normas legales propias de este territorio. 

La materia relacionada con la ausencia se encuentra regulada en los Art. 46-55 ,Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo

En este caso, dicha norma no contiene una definición concreta de ausencia, sino que procede a regular de forma directa los efectos que conlleva dicha situación.

Tal y como establece el Art. 46 ,Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, desaparecida una persona de su domicilio o del lugar de su última residencia, sin haberse tenido más noticias ella, corresponderá al Juez, el nombramiento de su defensor, para que ampare y represente al desaparecido en juicio o en los negocios que no admitan demora sin perjuicio grave. El nombramiento del mencionado defensor deberá recaer, por este orden, y salvo motivo grave apreciado por el propio Juez, en:

  • El cónyuge presente no separado legalmente o de hecho o el otro miembro de la pareja estable no casada
  • El heredero contractual del desaparecido.
  • El presunto heredero legal mayor de edad, pariente hasta el cuarto grado, que discrecionalmente designe el Juez, atendidas la cuantía de su porción hereditaria y la proximidad con el desaparecido.
  • La persona mayor de edad, solvente y de buenos antecedentes que, oído el Ministerio Fiscal, discrecionalmente designe el Juez, atendiendo a las relaciones de la misma con el desaparecido.

Por su parte, según lo estipulado en el Art. 48 ,Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, tienen la obligación de promover e instar la declaración de ausencia legal, sin orden de preferencia, las siguientes personas:

  • El cónyuge del desaparecido no separado legalmente o de hecho.
  • El heredero contractual del desaparecido.
  • Los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado.
  • El Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia.

Una vez la persona desaparecida haya sido declarada ausente, el Juez procederá al nombramiento de su representante, que deberá cumplir con una serie de obligaciones, entre las que se encuentran:

  • Inventariar los bienes muebles y describir los inmuebles de su representado.
  • Prestar la garantía que el Juez, atendidas las circunstancias, pueda fijar. Queda exceptuado en todo caso el cónyuge.
  • Conservar y defender el patrimonio del ausente y obtener de sus bienes los rendimientos normales de que fueren susceptibles.
  • Ajustarse a las normas establecidas en las leyes en orden a la posesión y administración de los bienes del ausente.

Por su parte, el representante también cuenta con una serie de facultades y derechos. Tal y como indica el Art. 51 ,Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, podrá disfrutar de la posesión temporal del patrimonio del ausente y hará suyos los productos líquidos cuando el Juez lo decida y en la cuantía que señale, habida consideración al importe de los frutos, rentas y aprovechamientos, número de hijos del ausente y obligaciones alimenticias para con los mismos, cuidados y actuaciones que la representación requiera, afecciones que graven al patrimonio y demás circunstancias a considerar.

Si durante el disfrute de la posesión temporal o del ejercicio de la representación, un tercero lograse probar su derecho preferente a dicha posesión, será excluido el poseedor actual, pero aquel no tendrá derecho a los productos sino a partir del día de la presentación de la demanda. 

En lo que respecta al ámbito familiar, concretamente en materia sucesoria, si falleciese el cónyuge de quien hubiera sido declarado ausente, los sucesores de aquel podrán tomar posesión de los bienes heredados, pero deberán hacer inventario de aquellos sobre los que se debiera extender el derecho de usufructo vidual del ausente. En el supuesto de que apareciese el ausente, tendrá derecho desde ese momento al usufructo vidual, en la medida y con el alcance que, en su caso, le correspondiera. Si por el contrario, se prueba la muerte del mismo o se ha procedido a la declaración de su fallecimiento, la apertura de la sucesión en beneficio de los que en el momento del fallecimiento fuesen sus sucesores voluntarios o legales, dejará a salvo el derecho de usufructo vidual a favor del cónyuge de dicho ausente.

Por último, el Art. 55 ,Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, recoge aquella situación en la que se produce la apertura sucesoria en favor del ausente, entendiendo que, abierta una sucesión a la que estuviere llamado un ausente, quienes resulten herederos por no haberse probado la supervivencia de éste deberán hacer, con intervención del Ministerio Fiscal, inventario de los bienes, los cuales deberán reservar hasta la declaración de fallecimiento. Todo ello se entenderá sin perjuicio de las acciones de petición de herencia u otros derechos que competan al ausente, a sus representantes o causahabientes, pues dichos derechos no se extinguirán sino por el transcurso del tiempo fijado para la prescripción.

 

 

 

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